Podemos está decidido a garantizar que la ley de Vivienda, que este miércoles atravesó su último trámite y recibió el visto bueno del Senado, se aplique en toda España tras las elecciones municipales y autonómicas. Sin embargo, la derecha y la ultraderecha no parecen muy por la labor de aplicar la norma en aquellos territorios donde gobiernen tras los comicios y no han dudado en airear un problema ficticio como la okupación, apoyándose incluso en empresas de extrema derecha como Desokupa. La respuesta de la izquierda ha llegado rápido y la formación morada presentará este jueves un proyecto de ley en el Congreso para reformar el Código Penal y perseguir a los hostigadores ultras.

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, ha adelantado que la propuesta contempla penas de hasta cuatro años de cárcel para los individuos o miembros de empresas que, movidos por el ánimo de lucro, “hostiguen, acosen, discriminen o intimiden a personas en situación de vulnerabilidad”. La renuncia a la verdad de la derecha, con el único objetivo de rascar un par de votos en plena campaña electoral, y la connivencia de los medios de comunicación ha dado alas a organizaciones que agrupan a condenados por delitos de coacción, lesiones y homicidio y que han llegado a acudir a marchar por Barcelona llamando “puta” a la alcaldesa, Ada Colau.

Registramos la ley para perseguir a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables

“Las empresas como Desokupa son un problema democrático grave, son el germen de un comando parapolicial”, ha señalado la líder de Podemos, que ha asqueados que exista “gente que se lucre extendiendo el odio al vulnerable y la aporofobia”. La propuesta de los morados llega este jueves a la Cámara Baja con una pretensión muy clara: “Perseguir a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables”. La reforma propuesta contemplaría una nueva redacción para elevar el reproche penal para “los que hacen negocio contra personas en situación de vulnerabilidad”, y que conjugue elementos del delito de coacciones y del delito de odio.

El acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas presentes en España y golpea principalmente a las clases trabajadoras, tal y como señala Belarra. Por este motivo finalmente, tras varios años de negociación, las dos partes del Gobierno de coalición han conseguido ponerse de acuerdo para sacar adelante una norma que proteja a la ciudadanía frente a los fondos buitre. Las derechas, igual de ultras en esta materia, ya ha dejado claro, en palabras de líderes como Isabel Díaz Ayuso, que hará todo lo posible por no aplicarla.

“La derecha no va a parar de extender cortinas de humo”, ha lamentado la ministra de Derechos Sociales, que ha asegurado que “España no tiene un problema de okupación, tiene un problema de especulación”. En este sentido, la secretaria general de Podemos se ha expresado con claridad y ha señalado que las únicas pretensiones de esta estrategia son “aumentar las ventas de empresas de alarmas (incremento del 80% de beneficios en su última presentación de resultados) y crear un problema de seguridad ciudadana con empresas como Desokupa”, circo este último en el que Vox lleva instalado años y al que ahora se ha sumado el Partido Popular.

Detalles de la reforma contra Desokupa

Según han detallado fuentes de Podemos a ElPlural.com, la modificación afectaría concretamente a los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal, añadiendo a estos penas de multa de seis a doce meses y prisión de uno a cuatro años a "quienes, con ánimo de lucro y para la consecución de sus fines, promuevan, inciten, fomenten o realicen directa o indirectamente actos de hostigamiento, discriminación, acoso, violencia o intimidación contra personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica o social, aun cuando dicha actuación resulte un mero medio para la consecución de sus fines”.

Además, yendo más allá del castigo individual, se establecería la disolución de las personas jurídicas (empresas) responsables de dichos delitos y se bloquearía su acceso a internet. De esta manera, la formación morada aspira a que las sociedades con ánimo de lucro que “fomenten, promuevan o inciten a o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia” contra personas en situación de vulnerabilidad económica o social pasen a considerarse asociaciones ilícitas, por lo que podrían ser perseguidas e imponerse a sus integrantes las correspondientes penas.

De esta manera, Podemos continúa situando la vivienda como principal punta de lanza de su campaña electoral. Los morados no pretenden permitir que el bulo de la okupación, que no cuenta con datos oficiales, se extienda con la intención de evitar que se avance en la lucha por el derecho a una vivienda digna. Los datos del Ministerio del Interior en los que se apoyan los ultras ni siquiera diferencian entre allanamiento de morada (vivienda habitual, segunda vivienda o vivienda vacacional), que contempla un desalojo inmediato, y usurpación (abandonadas, vacías en venta, para alquiler o propiedad de bancos y otras entidades). No obstante, aún sumando ambas variables muy diferentes, las cifras se redujeron un 3,2% el último año y suponen un tercio de los desahucios anuales.

El PSOE ve un velo electoralista

Las reacciones a este anuncio no se han hecho esperar. Desde el Gobierno, concretamente el lado socialista, ven cierto electoralismo en esta propuesta, que se produce en medio de la campaña electoral y a diez días de la cita con las urnas. El PSOE contraataca sacando pecho de la Ley de Vivienda. "Lo importante es que aprobamos la primera ley de vivienda de la democracia, una ley garantista para todo el mundo y que la considera el quinto pilar del estado del bienestar. Un derecho y no un lujo", ha dicho este jueves en los pasillos del Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Así, la titular del Ejecutivo ha emplazado a "desarrollar" y "favorecer la construcción" de inmuebles públicos, haciéndose eco de los más de 180.000 nuevos hogares públicos anunciados por Pedro Sánchez en el último mes. También ha lanzado un mensaje a las administraciones regionales, a las que ha llamado a cumplir y "completar" este mandato. Montero ha llamado a prestar atención a la "política útil" y "propositiva" así como a "qué aporta cada formación en el progreso del país", en unas palabras claramente dirigidas a los electores, a los que ha recordado que para el PSOE la vivienda es una de sus "grandes políticas".

Preguntada directamente por la propuesta de Desokupa, la socialista ha sostenido que el texto aprobado en el Senado "ya contempla todas las medidas que el PSOE ha querido trasladar en esta materia" mientras "toda consideración que haga un grupo durante la campaña tendrá que explicarla el grupo", ha dicho, deslizando que esta iniciativa es un mero anuncio electoral.