Desde el año 2013 el Gobierno de la Comunidad de Madrid no otorgaba una concesión de suelo público a manos privadas para la construcción de centros educativos concertados o privados. El Gobierno de Cristina Cifuentes paralizó esta práctica con la pretensión de sacar adelante una ley educativa, que finalmente no vio la luz, con el apoyo de la comunidad educativa. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso ha decido recuperar el proceder del Partido Popular (PP) y ha cedido otras dos nuevas parcelas (32.294 metros cuadrados), valoradas en casi 12 millones de euros, al grupo Gredos San Diego Sociedad Cooperativa Madrileña (GSL).
El PP Gobierna la Comunidad de Madrid ininterrumpidamente desde 1995. Con estas dos nuevas concertaciones, el total de fincas cedidas a la iniciativa privada desde 1999, año en el que la autonomía asume la competencia educativa, asciende a 80, según un informe de UGT iniciado hace 15 años. Casi 1,6 millones de metros cuadrados han recaído en empresas, siendo grandes conglomerados educativos los que más concesiones amasan, desde que los populares ocupan la Puerta del Sol. Las dos últimas operaciones aprobadas por el Ejecutivo de Ayuso se ubican en el barrio de Valdefuentes del distrito de Hortaleza (zona Valdebebas) y en Villa de Vallecas.
Como no podía ser de otra manera, durante los más de 20 años de cesiones a grandes empresas, parte de estas operaciones se han visto salpicadas por el caso Alfedel, pieza separada de la trama Púnica, que desfalcó cantidades por valor de 15 millones de euros con Francisco Granados y David Marjaliza como cabecillas y principales beneficiarios. En torno a una veintena de colegios, cuya concesión está lejos de finalizar, afectados en municipios donde la falta de centros públicos es evidente y con múltiples profesores cooperativistas estafados por el que fuera consejero y hombre fuerte de Esperanza Aguirre.
El colegio El Cantón, ubicado en Torrejón de Velasco; los colegios Helicón y Valle de Miró, localizados en Valdemoro; los colegios Quercus y Hélade, situados en Boadilla del Monte; o el colegio Caude Majadahonda son algunos de los ejemplos más destacados e investigados durante el trascurso de la causa judicial. Otros no han formado parte de esta trama, pero fueron otorgados a empresas de familiares destacados del PP, como es el caso del Atanés School de Leganés, ubicado en la parcela que fue cedida a Ata Educación, propiedad del sobrino de María Dolores de Cospedal.
Existen dos mecanismos de cesión de suelo: la que se realiza directamente mediante concurso, para la selección de una empresa adjudicataria, y la que se realiza privatizando el suelo y revendiéndolo para la construcción de centros educativos concertados, que afecta a las operaciones del caso Alfedel. “Esto no sucede en ninguna otra Comunidad Autónoma”, señala Isabel Blanco, responsable de Estudios de Enseñanza de UGT Madrid, a ElPlural.com. Desde el sindicato tienen claro que no es casualidad que el vaciado de la educación pública y los favores a la educación privada y concertada se produzcan de forma simultánea.
Ayuso recorta 5.000 plazas públicas y cede terrenos a empresas
Las cesiones que se han ido sucediendo en la Comunidad de Madrid suelen disfrutar de 75 años de concesión, con periodos de carencia que eximen a los adjudicatarios de abonar los cánones durante cierto tiempo y con un precio anual que en la gran mayoría de casos es inferior al que asume una familia madrileña por el alquiler de su vivienda (menos de 12.000 euros anuales). Además, del total de 80, 18 ofertan una enseñanza diferenciada por sexo. En el caso de las dos parcelas cedidas por Ayuso, la concertación será gratuita y durará 40 años, prorrogables a 75.
La intención es que los dos centros que serán construidos por GSL operen a partir del curso 23/24, siendo los primeros centros privado/concertados impulsados desde la Administración autonómica en la última década. No parece sorprendente que el Ejecutivo de Ayuso recupere la política educativa de Esperanza Aguirre e Ignacio Gonzalez, ya que, el propio consejero de Educación y perceptor del bono social térmico, Enrique Osorio, aseguró que habría más plazas de concertada para satisfacer los deseos de las familias.
Mientras, según ha podido conocer este periódico gracias a un informe de CCOO, el mismo Gobierno pretende recortar más de 5.000 plazas públicas entre infantil y bachillerato de cara al curso que viene. No parece preocupar ni a Osorio ni a Ayuso que esta decisión pueda dejar a 3.887 niños sin la oportunidad de poder acceder a una escuela pública el mismo curso en el que tienen pensado empezar a operar los dos centros concertados que han recibido los terrenos madrileños.
“En Madrid la educación privada está financiada con la concertación o con los cheques escolares”, lamenta la responsable de UGT, que recuerda que, además de la cesión de suelo público a manos privadas, el Ejecutivo de Ayuso también ha desarrollado una política de becas para ricos. “Ha vuelto a ceder parcelas sin contar con nadie”, añade, “desde que llegó no hay negociación”.
Municipios sin plazas públicas suficientes para cubrir la necesidad ciudadana, barracones denominados colegios, aulas que funcionan como congeladores en invierno y como hornos en verano, falta de profesores, becas insuficientes, comedores escolares que no cumplen con los mínimos de alimentación saludable y una larga lista de etcéteras se amontona en el cajón de la Consejería de Educación madrileña, a la espera de que se agoten los papeles de cesiones de suelo público a empresas privadas que se ubican por encima en la escala de prioridades de Isabel Díaz Ayuso.
