Todas las universidades públicas de Madrid se levantan contra el ajusticiamiento de Ayuso: ¿Huelga indefinida?

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está dispuesto a llegar hasta el final para acallar las voces críticas de la comunidad universitaria. Las protestas contra el nombramiento como alumna ilustre de la presidenta autonómica y las posteriores acampadas en apoyo a Palestina no gustaron en la Puerta del Sol, que parece querer acallar la disidencia con la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). Una norma “terrible”, que “consolida la infrafinanciación” y que, según los servicios jurídicos de las universidades públicas, podría ser “inconstitucional”.

Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos) luchan conjuntamente para que el “empeño personal” hecho ley del consejero de Educación, Emilio Viciano, no salga adelante. Este sábado, representantes de todos las áreas de estos centros se dan cita en Vallecas para tomar una decisión importante: ¿Huelga indefinida? “Está sobre la mesa”, traslada Eva Aladro, Catedrática de la UCM e integrante de las plataformas por la pública, a ElPlural.com. Si bien no es la única opción que se plantean.

“También podríamos decidir una huelga de dos o tres días”, comenta, dejando claro que las acciones, marchas ciudadanas y manifestaciones acompañarán a las demás decisiones que puedan emanar de la asamblea. La contestación unitaria es un hecho y la Comunidad de Madrid empieza a estar preocupada por la apertura de una batalla más relacionada con el intencionado deterioro de los servicios públicos, siempre en favor de la penetración del negocio privado. “Tienen cierto respeto a lo que pueda ocurrir, no quieren despertar otro frente”, expone Aladro.

Las discrepancias en torno a la LESUC también han penetrado en el seno del Gobierno madrileño, donde “no todo el mundo parece estar a favor”. La razón podría ser que “está muy mal hecha, con meteduras de pata de constitucionalidad muy grandes que facilitarían tumbar la ley con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad”, relata la catedrática a este periódico, haciendo hincapié la vulneración de la autonomía financiera, académica y de gestion. En esta dirección quieren presionar las seis universidades, que presentan hasta siete ámbitos en los que la norma supone un ataque más a la cuna del conocimiento.

7 puntos contra la LESUC

El conjunto de plataformas por la pública de los centro ha presentado una serie de puntos para justificar su posicionamiento contrario a la LESUC. En materia de financiación, la norma exige a las universidades que se comprometan a recibir gradualmente menos dinero de la autonomía, mandato que directamente “atenta contra la suficiencia y estabilidad” que contempla la legalidad vigente. Además, perpetua la infrafinanciación que arrastran desde hace años. Como si se tratase de un mercado de tiburones, la ley también estipula una “financiación por objetivos” e insta a buscar dinero a través de mecenazgo, patrocinios o crowfunding.

Un delirio económico, que además excluye al personal laboral no permanente de las cuentas, que además complica los trámites administrativos. El segundo aspecto es el de los Consejos Sociales, órganos externos parasitados por PP y los intereses privados y empresariales, a los que se atribute muchas más competencias en una clara vulneración de la autonomía universitaria. En lo referido a los estudiantes también aparece la posible inconstitucionalidad, pues se plantea un régimen sancionador con castigos excesivos y mal definidas y vulnera principios básicos del ordenamiento jurídico.

El cuarto punto es el referido al personal que, en el caso de los docentes, ve fragmentada su carrera y, en consecuencia, agravada su precariedad e inestabilidad. “Impone salarios inestables que empujan al pluriempleo y cronifican la precariedad”, denuncian las universidades públicas. Además, el personal técnico, de gestión y de administración y servicios queda desprovisto carrera profesional y obligado a asumir más exigencias sin garantías ni reconocimiento salarial. Todo ello dentro de una estrategia clara: “debilitar lo público y darle alas a la privada”.

Todo ello dentro de una estrategia clara: “debilitar lo público y darle alas a la privada”. Muestra de ello es que, mientras que la pública sale damnificada con la LESUC, la privada es lanzada a aprovechar recursos y programas de las educación que costean todos los madrileños. Coste cero, pues el erario asume, y beneficio total. A la par, la ley alude a la "no ideologización" de la ciencia. La Comunidad es consciente de que toda ciencia, por mera naturaleza, tiene carácter ideológico, pero pretende controlarlo y decidir qué es “politizado” y por lo tanto malo (cambio climático, violencia de género) y qué no.

Además, como no podía ser de otra manera en la Comunidad de Ayuso, la ley prioriza los proyectos que busquen rentabilidad y financiación, subordinando la investigación a intereses de mercado. Por último, en materia de garantías de calidad, se cambia el nombre de la agencia por el de un franquista que justificó el golpe de Estado, Manuel García Morente, y se establece un control férreo del Gobierno autonómico. Libertad política para que la privada se forre y autoritarismo sobre las instituciones públicas, eso es la LESUC.