Los trabajadores de la universidad pública madrileña no han cobrado en enero la subida salarial de la que se han beneficiado el resto de empleados de la Comunidad de Madrid. El resto de centros públicos ya lo han abonado o intentarán hacerlo en febrero, pero adelantando el dinero de sus propios recursos, ya que la Consejería de Educación todavía no ha transferido esos fondos, procedentes del Estado, a los centros públicos.
Se corresponde con una subida del 4% del salario que se corresponde con el pacto alcanzado con los sindicatos y los atrasos de pagos pendientes correspondientes al año anterior, tal y como informa la Cadena Ser.
La única universidad que ha podido hacer frente a los pagos es la Carlos III, que ha hecho frente ya tanto a la subida como a los atrasos, mientras que el resto de centros han tenido dificultades para hacerlo o, directamente, lo solventarán este mes.
En el caso de la Complutense, aseguran que el pago se realizará con carácter retroactivo en el momento mismo en que reciban la transferencia del Ejecutivo regional, mientras que desde la administración Sol aseguran que están terminando de tramitarla y que en el momento mismo en el que esté se llevará a cabo conforme a los acuerdos alcanzados en el consejo de gobierno.
Los sindicatos alertan de la situación porque “no ha realizado la transferencia destinada”. La situación, sin embargo, advierte UGT “no es nueva”, sino que se produce desde hace más de diez años. El sindicato asegura, como avanza la Cadena Ser y han confirmado fuentes sindicales a Europa Press, que esto “obliga a que tengan que utilizar sus propios presupuestos en curso o los remanentes acumulados”.
“El problema surge, como es el caso de la UCM, cuando el presupuesto ya nace comprometido al completo. Durante los dos últimos años se ha visto obligada a aplicar una política de recortes y a solicitar y recibir un préstamos al gobierno de la Comunidad de Madrid”.
UGT ha señado a los borradores de las nóminas que ya están disponibles para su personal, que revelan que, al menos en el mes de febrero, los trabajadores “no recibirán las cuantías correspondientes al año 2025 ni la actualización salarial correspondiente al periodo 2025-2026”.
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) también actualizó las nóminas en el mes de enero, mientras que en el caso de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), se ha realizado el pago parcial. Por otro lado, tanto la Universidad Politécnica (UPM), como la Rey Juan Carlos (URJC) han confirmado que pagarán en los meses de febrero o marzo.
El consejero de Educación, Emilio Viciana, mantiene que la medida salarial que se decida desde el Gobierno central “está previamente calculada y tenida en cuenta por parte de la Comunidad de Madrid”, por lo que los pagos llegarán “inmediatamente”.
Mientras premia a lo privado
Entretanto, la región de Madrid premia a la universidad privada. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJM) ha abierto diligencias por ello, concretamente contra la universidad del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) que ha recibido el beneplácito de la presidenta regional.
Es la primera vez en España que un colegio profesional se convierte en un centro universitario. Lo hizo en pleno proceso contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que el ICAM ejerció como acusación popular.
Al poco de conocer la condena al fiscal, el gobierno madrileño aprobó la orden por la que se autoriza la descripción del Centro Universitario ICAM a la UCM, lo que el propio colegio calificó de “hito histórico” y que, sin embargo, algunos organismos advierten, podría suponer una irregularidad.
De este lado se encuentran la Fundación Madri+d y de la Abogacía de la Autonomía. Ambos advirtieron de varias irregularidades y dejaron por escrito sus dudas sobre la legalidad del proceso, dado que cuando la ley regula a los colegios profesionales únicamente los habilita para impartir docencia a sus colegiados. En última instancia, los informes sirvieron al ICAM para reformar sus estatutos y habilitarse a sí mismo en ellos para impartir titulaciones oficiales tanto de grado como máster.
El Gobierno de España y el PSOE a nivel regional se plantó ante la permisividad de Ayuso, de manera que el Ministerio de Universidades y los socialistas madrileños presentaron una demanda.
