La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha abierto diligencias contra la universidad del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) autorizada por la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso.
De este modo, la Justicia ha admitido a trámite el recurso presentado por el PSOE de Madrid (PSOE-M).
La sucesión de hechos ocurrió el pasado mes de noviembre, en pleno juicio contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mientras que el ICAM defendía los intereses del novio de la administradora primera de Sol, Alberto González Amador.
20 días de plazo
A partir de ahora, el Tribunal da 20 días de plazo a la región para que se presente el expediente completo, que incluye, entre su documentación, los informes de la Fundación Madri+d y de la Abogacía de la Autonomía. Ambos advirtieron de varias irregularidades en el proceso, al tratarse de la primera vez en España que un colegio profesional se convierte en un centro universitario.
Las dos instituciones dejaron por escrito sus dudas sobre la legalidad del proceso, dado que la ley regula a los colegios profesionales únicamente los habilita para impartir docencia a sus colegiados. Los informes sirvieron de base al ICAM para reformar sus estatutos y hablitarse a sí mismo en ellos para impartir titulaciones oficiales tanto de grado como máster. Así lo detalla este lunes la Cadena Ser, que ha tenido acceso al auto.
No solo el PSOE a nivel regional se plantó ante la última del gobierno de Madrid, sino que también el Ejecutivo central, a través del Ministerio de Universidades, presentó también otra demanda contra la misma orden que todavía está a la espera de que el tribunal superior madrileño lo admita.
Elenco del PP
El centro académico cuenta con un amplio elenco del PP. Entre sus filas destaca Pedro González Trevijano, catedrático, presidente emérito del Tribual Constitucional (TC) y antiguo rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que alcanzó el tribunal de garantías en 2013 con Mariano Rajoy.
También figura en su esquema Encarnación Rosa, en su caso en el claustro del nuevo espacio y que, si bien fue elegida magistrada del tribunal de garantías a propuesta del parlamento catalán, ha virado cada vez más hacia el sector conservador. Con ello, destaca entre otras cuestiones por oponerse al confinamiento del primer estado de alarma.
El primero colaboró con la fundación FAES del José María Aznar y el momento en el que ejerció como rector de la URJC coincidió con los escándalos de los másteres de Cristina Cifuentes, expresidenta madrileña, o Pablo Casado, líder del PP, defenestrado políticamente por denunciar los negocios del hermano de Ayuso, Tomás, durante la pandemia.
Roca, por su parte, es conocida en el mundillo por haber validado todas las decisiones del TC contra el procés catalán. Además fue ponente de la sentencia que levantó la prohibición de la celebración de toros en Cataluña. Sus posturas lo condujeron a no salir elegido en 2017 para ser presidenta del tribunal.
A ellos hay que añadir el nombre de Consuelo Madrigal, nombrada fiscal general del Estado (FGE) del Partido Popular, cuando el ministro de Justicia era Rafael Catalá. Se caracteriza por sus encuentros con Feijóo y sus constantes ataques a Pedro Sánchez.
Batalla de recursos
Hace unas semanas, el Gobierno de España interpuso un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la administración de la Puerta del Sol por permitir que el ICAM abriera este centro, adscrito a la Complutense.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ya advirtió de que “la docencia debe estar en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar”, línea similar a la que siguen las organizaciones de abogados, como la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) o la Asociación Defiéndete en Derecho, que afearon la “instrumentalización” del organismo y de la universidad pública. Que se pongan “al servicio de intereses particulares o de estrategias ajenas a los intereses de la abogacía”, solicitaron.
La oposición se pronunció el pasado mes de diciembre, cuando saltó la propuesta a la palestra, indicando que los ‘populares’ madrileños querían convertir la Comunidad en un “casino” en el que “siempre gana el mejor postor”.
Y de los detractores se extraen también, entre otros, la Fundación Madri+d, que vela por la calidad del sistema universitario de la capital. “Va en contra de los estatutos”, reconoció.
