Un manifiesto suscrito por juristas y ciudadanos ha salido en defensa del ex Fiscal General del Estado tras la condena impuesta por el Tribunal Supremo, una sentencia que, según los firmantes, “ha generado una profunda inquietud desde la perspectiva del Estado de Derecho” y ha supuesto “un grave golpe a la confianza en el Alto Tribunal”.
El texto critica duramente la base probatoria de la condena, al entender que no se apoya en pruebas directas, sino exclusivamente en indicios. En este sentido, subraya que la propia sentencia admite que no está acreditado que el Fiscal General filtrara el correo electrónico remitido a la Cadena SER, limitándose a sostener que pudo hacerlo el acusado “o alguien de su entorno con su conocimiento”, una afirmación que el manifiesto considera insuficiente e “inaceptable” para fundamentar una condena penal.
Los firmantes denuncian además que el razonamiento indiciario del Supremo resulta “deficiente”, al no aceptar una alternativa claramente favorable al acusado. Recuerdan que en un proceso penal no bastan las sospechas ni las conjeturas, sino que es necesario acreditar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, un estándar que, a su juicio, no se cumple en este caso.
Desconfianza genérica hacia el secreto profesional periodístico
Especial relevancia otorgan al testimonio de los periodistas que declararon en el juicio, quienes negaron de forma categórica, bajo juramento, que el Fiscal General fuera su fuente. Pese a ello, la sentencia prescinde del valor de esas declaraciones apoyándose en una desconfianza genérica hacia el secreto profesional periodístico, algo que el manifiesto considera una grave vulneración de una garantía constitucional esencial para el ejercicio del periodismo en una sociedad democrática.
El texto también cuestiona otros indicios utilizados para sostener la condena, como una llamada telefónica no atendida de apenas unos segundos, la rapidez en responder públicamente a una información falsa o el borrado de mensajes en el teléfono oficial del Fiscal General. A juicio de los firmantes, todos estos hechos admiten explicaciones normales y lícitas y no superan el umbral de la mera sospecha. Convertirlos en prueba de culpabilidad, añaden, supone invertir la carga de la prueba y exigir al acusado que demuestre su inocencia, en contra del principio constitucional de presunción de inocencia.
El manifiesto apunta asimismo a un “problema de fondo” en la interpretación del delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417.1 del Código Penal. Según los firmantes, la sentencia considera delictiva la publicación de una nota de prensa oficial que no aportó información nueva y que se limitó a reproducir datos ya difundidos previamente por los medios de comunicación. Confirmar información ya pública, sostienen, no equivale a revelar secretos, tal y como recogía el voto particular.
Además, recuerdan que la nota de prensa tenía como objetivo desmentir una acusación falsa, grave e incluso potencialmente delictiva sobre el funcionamiento de la Fiscalía, por lo que existía un claro interés público en informar y preservar la confianza ciudadana en las instituciones. Penalizar esa actuación, advierten, dejaría a la Fiscalía General del Estado “atada de pies y manos” frente a bulos y acusaciones falsas.
El manifiesto concluye que la condena no debió producirse, al no haberse probado la filtración del correo ni constituir la nota de prensa un delito de revelación de secretos. Por ello, los firmantes reclaman la absolución del ex Fiscal General y sostienen que, al haberse vulnerado gravemente la presunción de inocencia y el principio jurídico de in dubio pro reo, la sentencia debería ser anulada por las instancias superiores correspondientes.
