Más allá del nombre propio, el caso de Álvaro García Ortiz puede marcar un antes y un después en la carrera fiscal, al situar en el centro del debate la interpretación que la Fiscalía General hace del concepto de delito doloso. La decisión de permitir su reingreso tras una condena penal introduce una lectura del Estatuto del Ministerio Fiscal que, según advierte la Asociación de Fiscales (AF), podría convertirse en doctrina con efectos generales para todos los miembros de la carrera. No se trata solo de una resolución individual, sino de un criterio que podría modular cuándo una condena penal implica la pérdida de la condición de fiscal y cuándo no, con el consiguiente impacto en la seguridad jurídica, la disciplina interna y la percepción pública de ejemplaridad dentro del Ministerio Público.
La controversia ha estallado después de que la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, reclamara formalmente a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que haga público el decreto por el que se acuerda el reingreso de Álvaro García Ortiz, su predecesor en el cargo. En una carta remitida a Peramato, la asociación sostiene que se trata de una decisión “de interés general” que trasciende el ámbito interno del Ministerio Público y que, por tanto, exige una motivación reforzada y accesible a la ciudadanía.
Según expone la AF, cualquier resolución administrativa —y más aún cuando es discrecional— debe estar debidamente motivada para excluir cualquier atisbo de arbitrariedad. En este caso, subrayan, esa exigencia es aún mayor por la gravedad del delito por el que García Ortiz fue condenado y por la relevancia institucional del puesto que ocupó. El exfiscal general fue condenado a dos años de inhabilitación exclusivamente para el cargo de fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, sin que la sentencia extendiera esa inhabilitación al resto de la carrera fiscal.
Ese matiz jurídico es precisamente el que ha servido de base para permitir su reingreso, pero es también el que ha generado mayor inquietud dentro de la Fiscalía. La Asociación de Fiscales considera que la revelación de secretos cometida por quien tenía la obligación constitucional de proteger el ordenamiento jurídico no es un hecho menor ni un simple incumplimiento técnico. A su juicio, se trata de una conducta que “ha laminado la credibilidad del Ministerio Fiscal y la confianza de los ciudadanos”, y que debería haber sido valorada con mayor severidad en términos de consecuencias profesionales.
La polémica se intensificó cuando, al día siguiente de la reunión mantenida entre la fiscal general y las asociaciones de fiscales, numerosos medios de comunicación informaron del reingreso de García Ortiz y de su adscripción a la sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Ni la Fiscalía General del Estado ni la propia Peramato desmintieron esa información, lo que llevó a la AF a dar por hecho que el decreto existía y que sería hecho público de manera inminente. Sin embargo, esa publicación no se produjo, alimentando las críticas por la falta de transparencia.
En su escrito, la asociación afirma haber tenido conocimiento, también a través de la prensa, de que la inspección fiscal realizó un estudio sobre el alcance del concepto de delito doloso para determinar si la condena de García Ortiz conllevaba o no la pérdida de su condición de fiscal. Ese análisis, realizado a la luz del Estatuto del Ministerio Fiscal y de su reglamento de desarrollo, habría concluido que la condena no impedía su reingreso, al no existir una inhabilitación expresa para el ejercicio de la carrera fiscal en su conjunto.
Lo que está en juego para toda la carrera fiscal
Para la AF, el problema no es solo el resultado de ese estudio, sino el hecho de que su contenido, criterios y razonamientos no hayan sido expuestos públicamente. La asociación da por hecho que el análisis cristalizó en una propuesta de resolución y que, sobre esa base, la fiscal general dictó el decreto de reingreso y adscripción. Precisamente por ello, reclama que el texto completo se haga público, tanto para permitir el control interno como para garantizar la confianza externa en la institución.
Desde la Asociación de Fiscales se insiste en que el caso García Ortiz no puede despacharse como una excepción aislada. La interpretación del delito doloso que se adopte ahora puede sentar un precedente aplicable a cualquier fiscal condenado penalmente en el futuro. De ahí que adviertan del riesgo de generar una doctrina laxa que relativice las consecuencias de determinadas condenas y debilite los mecanismos disciplinarios internos.
El trasfondo del conflicto conecta con un debate más amplio sobre la regeneración institucional y la exigencia de ejemplaridad en los altos cargos públicos. La propia Peramato aludió, en su encuentro con las asociaciones, a la necesidad de abrir una “nueva andadura” para la Fiscalía. Para la AF, esa nueva etapa pasa necesariamente por asumir un compromiso firme con la transparencia, la rendición de cuentas y la claridad en la aplicación de las normas que rigen la carrera fiscal.
Mientras tanto, el silencio oficial sobre el contenido del decreto sigue alimentando la controversia y dejando en el aire una cuestión clave: si la Fiscalía está dispuesta a explicar con detalle por qué una condena por revelación de secretos no impide seguir ejerciendo como fiscal. Una respuesta que ya no afecta solo a un exfiscal general, sino al conjunto de la institución y a la confianza que los ciudadanos depositan en ella.
