La llegada de las facturas de la luz y la calefacción son dos de los momentos menos esperados, en algunos casos temidos, en los hogares españoles. La crisis energética devenida de la guerra de Ucrania no ha hecho más que agravar esta dramática situación que ya se vivía en los momentos previos al estallido del conflicto. Así lo muestran los datos actualizados de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética facilitados este miércoles por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. No obstante, los indicadores del estudio hacen referencia, como último año, a 2021, antes del inicio de las hostilidades en el este de Europa y de la aprobación de las medidas del Gobierno para reducir el precio de la energía (excepción ibérica, bonos a consumidores vulnerables, TUR, etc.).

Pobreza energética: criterios y porcentajes

El estudio define la pobreza energética como “la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía” y se contemplan cuatro variables porcentuales:

  • Gasto desproporcionado: Hogares cuyo gasto energético en relación con sus ingresos es más del doble de la mediana nacional.
  • Pobreza energética escondida: Hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional.
  • Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada: Población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada.
  • Retraso en el pago de las facturas: Población que tiene retrasos en el pago de facturas de los suministros de la vivienda.
Indicadores (%) 2018 2019 2020 2021
Gasto desproporcionado 16,9% 16,7% 16,8% 16,4%
Pobreza energética escondida 11% 10,6% 10,3% 9,3%
Temperatura inadecuada en la vivienda en invierno 9,1% 7,6% 10,9% 14,3%
Retraso en pago de facturas de suministros de la vivienda 7,2% 6,6% 9,6% 9,5%

Temperatura inadecuada

Casi siete millones de personas no pudieron mantener una temperatura adecuada en su vivienda durante el periodo invernal de 2021. El estudio apunta a la borrasca Filomena y al inicio de la crisis de precios energéticos especialmente preocupante desde el inicio del otoño como principales causas que pudieron obligar a los hogares más vulnerables a restringir el uso de energía para mantener económicamente una climatización adecuada. Sean cuales sean las causas, lo cierto es que en tan solo un año se ha producido un aumento de las viviendas que sufren esta situación de 3,4 puntos porcentuales, pasando del 10,9% de 2020 al 14,3% del pasado año.

Diferenciando entre Comunidades y Ciudades Autónomas, las peores paradas son Ceuta (33,3%), Región de Murcia (21,4%), Melilla (18,8%) y Andalucía (18%), mostrando un porcentaje por encima de la media de población incapaz de mantener una temperatura adecuada en invierno. En el extremo opuesto se sitúan la Comunidad Foral de Navarra (5,5%), País Vasco (7,2%) y Aragón (8,5%).

Diferenciando por actividad económica, los más afectados son los parados, entre los que destaca un elevado 29,7%. Además, por tipo de hogar, los más castigados son los pertenecientes a familias monoparentales, concretamente al colectivo de un adulto con hijos dependientes económicamente, que son el 25,1%. Dramática es la situación de estos colectivos que han visto incrementado notablemente su porcentaje: un 8% más en el caso de los parados y un 8,7% en el caso de los hogares monoparentales.

Retraso en el pago de las facturas

En lo referido al retraso en el pago de las facturas de los suministros de la vivienda, los datos muestran una mejora mínima de una décima con respecto al año 2020. Sin embargo, analizando el acumulado, el porcentaje ha aumentado 2,3 puntos desde 2018, a pesar de la gran reducción de 2019, que fue neutralizada por el aumento de 3 puntos de 2020. Así, el porcentaje de población que sufre retraso en el pago de las facturas de los suministros se sitúa en el 9,5% de la población, lo que equivale a 4,5 millones de personas.

Del análisis por territorios se desprende que Ceuta y Melilla presentan un mayor porcentaje de población con retraso en el pago de las facturas de suministros de la vivienda, un 24,2% y un 21,6%, respectivamente. Mientras, Cantabria (4,7%) y La Rioja (5,6%) son las comunidades autónomas con un porcentaje más bajo, seguidas con cifras muy cercanas por Galicia, Aragón, Castilla y León y País Vasco.

Diferenciando por actividad económica la situación se repite. Los más afectados son los parados, entre los que destaca un disparado 30,2%. Además, por tipo de hogar, también los más castigados son los pertenecientes a familias monoparentales, concretamente al colectivo de un adulto con hijos dependientes económicamente, que son el 21,7%. Estos colectivos han visto incrementado notablemente su porcentaje también en esta variable: un 6,5% más en el caso de los parados y un 5,6% en el caso de los hogares monoparentales.

Datos positivos

Los datos positivos los aportan el gasto desproporcionado y la pobreza energética escondida. En el caso de la primera variable, el dato presenta en el año 2021 un valor inferior al del ejercicio de 2020, pasando de 16,8% a 16,4%, y se distancia ya en medio punto del valor de 2018. “La evolución favorable registrada por este indicador puede ser explicada por el efecto positivo de las medidas fiscales y de acción social tomadas por el Gobierno”, explica el informe del Ministerio.

La pobreza energética escondida también ha mejorado, reduciéndose en un punto y pasando del 10,3% en 2020 a un valor del 9,3% en 2021. La distancia es casi ya de dos puntos en comparación con los datos de 2018 (11%). Llevando a cabo un análisis por Comunidades y Ciudades Autónomas, vuelven a destacar Ceuta, Melilla y Canarias como las CCAA con un valor del indicador más alto, aunque en el caso de Ceuta y Canarias se observa una mejoría respecto al año anterior.