La semana pasada desayunamos con algunas informaciones contradictorias sobre la futura evolución de nuestro sistema público de pensiones. Si bien en un principio parecía que el gobierno renunciaba a realizar las actualizaciones basadas en el IPC, al parecer el Pacto de Toledo acordaba precisamente eso, para terminar la historia señalando que es posible que se genere un nuevo índice de precios –quizá específico para las personas mayores- con el que actualizar las pensiones.

No es bueno para nuestro sistema público el debate de vaivén al que las tenemos sometidas. Cuando hablamos del futuro personal de millones de personas, es muy importante mantener cierta previsibilidad en la gestión de las mismas, de manera que los futuros pensionistas sepan a ciencia cierta qué pensión pueden recibir y tomar decisiones al respecto (como por ejemplo, ahorrar más o hacerse un plan privado). Nada más lejos de esta realidad que el actual grado de incertidumbre sobre las mismas.

Y es que nuestro sistema público de pensiones adolece de un grave problema: con la pirámide poblacional prevista para España en los próximos 30 años, el sistema contributivo que tenemos, tal y como está diseñado ahora, no parece suficiente para garantizar su futura sostenibilidad. Aunque España obtuviera una cifra record de tasa de actividad, las aportaciones al sistema contributivo –tal y como está diseñado ahora mismo- serían insuficientes para cubrir los costes de un sistema. Y aquí es donde aparece el trilema de nuestro sistema: nuestras pensiones pueden ser generosas –tener una tasa de reposición alta, como es el caso-, contributivas –esto es, financiarse con cargo a contribuciones de empresas y trabajadores- y viables –que se mantengan a lo largo del tiempo. Pero sólo podemos elegir dos de las tres características.

Si queremos un sistema generoso y viable, tendremos que renunciar –total o parcialmente- a la contributividad del sistema y financiar una parte de las mismas con impuestos generales. Esto es lo que estamos haciendo en los últimos años. Sería una solución adecuada a largo plazo si España tuviera el nivel de presión fiscal suficiente y pudiéramos destinar fondos a sostener el sistema además de a otras prioridades sociales, como la atención a la infancia o a las familias pobres con hijos. Cabe destacarse aquí que si se trata de atender a las situaciones de mayor necesidad social, las personas mayores, como colectivo, no son la principal prioridad: hoy en día su tasa de pobreza monetaria es muy inferior a la de los menores de 16 años. En un contexto de recursos públicos limitados, hay que decidir a quién los dedicamos, y esa decisión debe ser evaluada en términos de equidad.

Si queremos un sistema contributivo y viable, necesariamente la tasa de reposición debe ser modulada. Algunos expertos opinan que poner en marcha un sistema de cuentas nocionales podría ser una solución, de manera que cada uno de nosotros recibiera en el futuro una parte más proporcional de nuestra propia asignación, un sistema muy parecido a los planes de pensiones privados. En un contexto en el que el 65% de los pensionistas reciben pensiones de menos de 1000 euros, y donde, dada la evolución del mercado laboral, esa cifra parece que puede ampliarse en el futuro, el escenario es el de unas pensiones que probablemente sean insuficientes para garantizar una vida digna a una parte creciente de las personas jubiladas. Las cuentas financieras cuadrarían, sin duda, pero el resultado social sería un fuerte retroceso. Además, será difícil mantener durante mucho tiempo que la ciudadanía acepte pagar una cuantía no menor de sus rentas para sostener un sistema que no les garantiza su tranquilidad de mayores.

Y, finalmente, si queremos un sistema generoso y contributivo, no será viable. Las cifras proyectadas de ingresos y gastos no cuadrarán ni a corto ni a largo plazo, salvo que se produzca una verdadera revolución demográfica y de actividad económica, que, de momento, no parece que sea posible.

¿Cómo podemos los ciudadanos guiarnos en este trilema? En primer lugar, respondiendo como personas adultas y reconociendo los límites del sistema. Negarnos a reconocer este trilema no es propio de políticos responsables con las futuras generaciones. Y los incentivos para hacerlo son muy altos: a fin de cuentas, los jubilados son una fuente importante de voto para los partidos mayoritarios, particularmente para el PSOE y el PP. Es entendible que los partidos no quieran castigar a sus votantes predilectos, pero no es aceptable que les oculten el problema.

La segunda guía que deberíamos tener presente es que soluciones a corto plazo –como seguir actualizando las prestaciones con el IPC- sin reestructurar el sistema pueden empeorar la situación a largo plazo. Si ahora decidimos aumentar el gasto sin proporcionar una senda adecuada de financiación, estaremos haciendo más difícil la solución a largo plazo, pues el coste que deberemos financiar será mayor: las subidas o actualizaciones de las pensiones son cumulativas.

La tercera guía sobre la que podríamos construir nuestro propio criterio es que no hay una única solución posible: hay múltiples, incluso una mezcla entre ellas, pero que cada una de las mismas genera ventajas e inconvenientes y, por lo tanto, es motivo de una discusión tan técnica como política. Destopar las pensiones o financiarlas vía mayores impuestos generará tanto perdedores (los que pagarán más) como ganadores (los que seguirán recibiendo una pensión digna). Congelarlas también, solo que en el sentido contrario. Los técnicos están para ofrecer alternativas viables y explicar desde la honestidad intelectual y los datos cuáles serán las consecuencias de cada una de ellas. Los políticos para alcanzar los pactos necesarios para ponerlas en práctica, una vez decidida la opción menos mala. Los ciudadanos deberíamos construirnos un criterio claro con el que legitimar o deslegitimar las decisiones que se tomen.

Lamentablemente, nos estamos encontrando con técnicos que defienden sin tapujos una opción ideológica, políticos que no quieren o no saben alcanzar una posición de acuerdo y prefieren utilizar este tema en el juego electoral, y ciudadanos a los que les faltan los elementos básicos para poder tener una visión precisa del problema a resolver. Mala combinación que deberíamos comenzar a revertir ya mismo.