La pugna entre el Gobierno de coalición y la patronal está más candentes que nunca. La aprobación de la reforma del nivel asistencial por desempleo, con el apoyo de los sindicatos y el descuelgue de las organizaciones empresariales, incluye un aspecto que ha propiciado la reacción conjunta de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). El Ejecutivo quiere “romper el diálogo social al forzar la entrada en foros de diálogo a actores afines a sus intereses”, aseguran.

La polémica nace de la encomienda que el Real Decreto-ley traslada al Pleno del Consejo Económico y Social (CES), al que da un plazo de tres meses para modificar su reglamento de funcionamiento interno. Concretamente, se deberá incluir en su composición, en el grupo reservado a los empresarios, "a las organizaciones empresariales que gocen de la condición de más representativas a nivel de comunidad autónoma" antes del 22 de agosto, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado publicado este miércoles.

El CES se compone de 61 miembros repartidos en tres grupos diferentes: el Grupo Primero se reserva a las organizaciones sindicales (CCOO, UGT, ELA y CIG) y cuenta con 20 miembros; el Grupo Segundo es el perteneciente a la representación empresarial, que cuenta con los mismos sillones que se reparten CEOE y CEPYME; el Grupo Tercero, y último, es el más plural y se reparte de forma que tres van al sector agrario, tres al sector marítimo-pesquero, cuatro a consumidores y usuarios y cuatro al sector de la economía social. Los seis restantes se reservan a expertos de las materias competentes.

La norma aprobada este martes en el Consejo de Ministros recoge que los representantes del grupo patronal del CES serán designados por las organizaciones empresariales "que tengan la condición de más representativas" y, en todo caso, "estarán representadas las organizaciones empresariales que gocen de la condición de más representativas a nivel de comunidad autónoma”. Una vez modificado el reglamento, el Gobierno nombrará a los miembros "a partir de las propuestas de las organizaciones que acrediten el derecho a formar parte del mismo". Esto supondrá una reducción del peso de CEOE y CEPYME, pero los sillones serán ocupados por otros representantes de empresarios.  

La modificación del Grupo Segundo para que las patronales autonómicas también tenga presencia no ha gustado a CEOE, CEPYME y ATA, que ha cargado también contra el acuerdo alcanzado con el PNV que da prevalencia a los convenios autonómicos si estos dan mayores derechos a los trabajadores. Esto, consideran, “modifica de forma radical la estructura de la negociación colectiva” y se ha producido “saltándose” el artículo 7 de la Constitución Española, que reconoce a los sindicatos y patronales como actores constitucionales.

“El Gobierno sigue ahondando en la deriva intervencionista que hace mucho tiempo venimos denunciando en el ámbito de las relaciones laborales, al modificar sustancialmente, de forma unilateral y para cumplir con pactos políticos, el espacio de negociación exclusivo y autónomo del que se han dotado tradicionalmente empresas y trabajadores”, recoge el comunicado emitido por la organización que encabeza Antonio Garamendi. Además, han guardado un hueco concreto en el texto para referirse a la labor de Yolanda Díaz al frente de la cartera de empleo.

“No es la primera vez tampoco que alertamos de que el Ministerio de Trabajo está deliberadamente vulnerando los acuerdos alcanzados en el marco de la última reforma laboral, en cuyas negociaciones ya pactamos no abordar la cuestión de la prevalencia de los convenios al entender todas las partes que era dañino para los intereses generales y anacrónico en el contexto actual”, apuntan. Además, consideran que esto es “especialmente grave” porque la norma dio cumplimiento a un hito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que posibilitó el cobro de fondos europeos.

Pese al tono bronco del comunicado, las tres organizaciones firmantes aseguran seguir con “la mano tendida para que, desde el trabajo conjunto en las mesas de diálogo social y desde la autonomía de las partes en la negociación colectiva, como siempre hemos hecho, podamos ofrecer a la sociedad en general el necesario clima de entendimiento y convivencia y las mejores soluciones posibles a los problemas reales a los que nos enfrentamos en estos momentos”.