La imposibilidad de acceder a una vivienda digna por un precio asequible entiende de clases, pero no de ideologías. El abordaje de esta problemática, sin embargo, si que varía notablemente en función de la orientación política, aunque a izquierda y derecha los votantes se muestran favorables a una intervención pública. Esta es una de las conclusiones de la encuesta realizada por 40db para la Cadena Ser, que apunta a que en torno a la mitad de la población es favorable a establecer un límite de una o dos viviendas por persona.

El 48,9% de la población general es favorable de establecer ese máximo y un 9,3% más lo ubicaría entre tres y cinco viviendas. Este porcentaje se eleva al 55,1% entre inquilinos, para el límite de una o dos viviendas, aunque se reduce al 7,8% para el baremo de entre tres y cinco viviendas. En el caso de los caseros sorprende que también exista un amplio número que defienda establecer estos topes a la propiedad, alcanzando el 25,5% los que la limitarían a una o dos viviendas y un 19,1% a entre tres y cinco.

En contraposición, un 30,5% de la población general es contraria a establecer un tope máximo de acumulación de viviendas, porcentaje que crece hasta el 32,8% entre los caseros y se reduce hasta el 26,4% entre los inquilinos. No obstante, parte de estos reticentes a la limitación son favorables a un abordaje público en diferentes ámbitos. La política que más convence al total de los encuestados es el refuerzo de las inspecciones de viviendas turísticas ilegales, política con la que están “muy de acuerdo” y “bastante de acuerdo” el 80,8%, frente a un 13,5% “nada” o “poco” de acuerdo.

La siguiente medida ampliamente apoyada es la flexibilización de las condiciones de acceso a viviendas de protección oficial en propiedad (78,5%), seguida del seguro de impago público para caseros que alquilen sus viviendas vacías (75,2%), al estilo tranquiler, y de la penalización fiscal a aquellos que establezcan precios abusivos (70,1%). Ya por debajo de la barrera de los siete de cada diez, los incentivos fiscales a propietarios (68,7%), prohibir pisos turísticos en edificios residenciales (66,6%) e impedir la compra con fines especulativos (61,4%) también reúnen un gran apoyo.

Dotar de prioridad en la compra de viviendas y solares al sector público (55,6%) y limitar la transformación en viviendas de locales situado en bajos comerciales (50,2%) siguen superando un apoyo de más de la mitad de la población y tan solo el incremento de los impuestos de sucesión a la herencia de patrimonio inmobiliario está vista con malos ojos por una amplia mayoría, 47,6% nada de acuerdo y un 22,9% poco de acuerdo, por un 20,6% bastante o muy de acuerdo.

Más allá de las medidas, destaca el desconocimiento de la ciudadanía en torno a la okupación, temática que copa tertulias y construye discursos políticos alarmistas, pese a que los datos no se corresponden con lo que aseguran las figuras públicas. Tan solo un 0,057% del parque de vivienda está afectado y el número total es mucho más bajo que el de desahucios, pero un 18% de los encuestados considera que “nadie está a salvo de la ocupación” y una gran parte que afecta a uno de cada dos españoles, cuando lo hace a 5,7 de cada 10.000.

Además, los ciudadanos también se han pronunciado sobre los partidos. Todos aprueban entre sus votantes, pero el máximo apoyo atendiendo a la media de la población general se lo lleva el PSOE, con el 20,1%. El Partido Popular (PP) se queda con el 18%, seguido por el 14,1% de los ultraderechistas de Vox. A mucha distancia, Sumar reúne el 6,3% del apoyo, Podemos el 4% y Se Acabó la Fiesta (SALF) el 2,4%. Sin embargo, la respuesta con mayor apoyo, más que el de los socialistas, es “ninguno de los anteriores está capacitado para afrontar el problema”, con un 23,8% de las selecciones.