La disputa entre el Gobierno y los inspectores de Trabajo continúa intensificándose. Este viernes, todas las organizaciones sindicales del cuerpo rechazaban de manera unánime la última propuesta enviada desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública, liderado por María Jesús Montero, para reestructurar el organismo, calificándola como "insuficiente". Después de que este intento del Gobierno fracasara, los sindicatos siguen con su programa de protestas y a partir del lunes iniciarán una huelga indefinida, según fuentes de la Inspección.

En un primer momento, comenzaron a reunirse frente a las sedes provinciales del organismo, luego pasaron a los paros parciales y posteriormente todos los directores provinciales de la Inspección y los jefes de equipo firmaron un manifiesto criticando al Gobierno y su falta de cumplimiento de los compromisos. El último paso fue paralizar todas las campañas específicas para combatir el fraude laboral, limitándose únicamente a atender las denuncias que los trabajadores presenten a la Inspección, pero reduciendo al mínimo su actividad fuera de las oficinas.

A partir del próximo lunes, la actividad de los inspectores en la persecución del fraude laboral descenderá notablemente, ya que todo el cuerpo ha sido convocado a una huelga. El comunicado emitido por los sindicatos este viernes afirma: "Se requieren soluciones urgentes y por ello la mayoría de la representación de los trabajadores del organismo convoca una huelga indefinida desde el día 26 de julio de 2023". El único sindicato que no participa en las protestas es el Sindicato Estatal de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (Seslaess).

La demanda de los sindicatos convocantes sigue siendo que el Gobierno apruebe una nueva relación de puestos de trabajo para dotar de una estructura organizativa distinta a la actual al organismo estatal. Esto implicaría un nuevo organigrama y una mayor dotación de personal, ya que los inspectores afirman estar desbordados por las enormes cargas de trabajo que han asumido progresivamente en los últimos años, como consecuencia de las últimas normativas implantadas. Las nuevas actividades que tuvieron que asumir los inspectores van desde supervisar los planes de igualdad, hasta el registro horario y los ERTE durante la pandemia. Unas tareas que se sumaron a las clásicas actuaciones en materia de economía irregular y prevención de riesgos.

Según los datos proporcionados por el propio Ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz a la cabeza, la actividad inspectora ha aumentado un 355% durante la actual legislatura. En este momento, el cuerpo de la Inspección está compuesto por un total de 2.051 efectivos, entre inspectores y subinspectores. Este cuerpo tiene la responsabilidad de velar por los derechos laborales de los 20,8 millones de trabajadores que están actualmente empleados, lo que significa que hay un inspector por cada más de 10.000 trabajadores.

Choque entre ministerios

El conflicto radica en la falta de acuerdo entre el Ministerio de Hacienda, encargado de los funcionarios, y el Ministerio de Trabajo a la hora de establecer la nueva estructura de la Inspección. Los sindicatos reprochan a la ministra María Jesús Montero un trato diferencial hacia ellos, insinuando un perjuicio debido a que dependen del Ministerio de Trabajo, el cual está dirigido por un miembro de Unidas Podemos y no del PSOE. Es importante destacar que en los sectores de Seguridad Social y Justicia, los sindicatos también llevaron a cabo movilizaciones para mejorar sus condiciones laborales, y allí sí se llegaron a acuerdos, aunque algunos de ellos quedarán en papel mojado debido al adelanto de las elecciones generales.

El pasado miércoles, el Ministerio de Hacienda envió una nueva oferta a Trabajo, quien a su vez la transmitió a los sindicatos de inspectores. Tanto el equipo liderado por Yolanda Díaz como las organizaciones sindicales rechazaron esa última oferta por considerarla insuficiente. A partir del lunes, se dirigirán hacia una huelga indefinida con el objetivo de presionar al Gobierno para que presente una nueva estructura antes de las elecciones del 23 de julio. "No estamos en una fase de tiempo límite, no nos encontramos en un Gobierno en funciones hasta el 24 de julio, por lo tanto, exigimos que cumplan con su compromiso anunciado en el Boletín Oficial del Estado el 3 de diciembre de 2021", han declarado las centrales en un comunicado.