El Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo, que contempla un refuerzo de la institución tanto a nivel de personal como de recurso, continúa paralizado. El ministerio de Hacienda y Función Pública, liderado por María Jesús Montero, ha movido ficha y ha remitido una nueva propuesta a los sindicatos para modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para así evitar la huelga convocada entre el 26 y el 30 de junio que no descartan transformar en indefinida si no se aceptan sus demandas.

La nueva oferta remitida por la cartera de Montero no ha gustado al Ministerio de Trabajo y Economía Social. La propuesta "está lejos de dar satisfacción" al plan estratégico de la Inspección, pues no contempla "ninguna mejora concreta para los inspectores y subinspectores", trasladan desde la cartera que lidera Yolanda Díaz. La situación continúa tensionándose, motivo por el que la líder de Sumar ha convocado a los representantes de los sindicatos (CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess) para valorar de forma conjunta el texto.

“Los sindicatos denunciamos que aún no se ha implementado la nueva relación de puestos de trabajo en la Inspección con el refuerzo de plantillas. Desde hace meses venimos denunciando falta de medios para supervisar de manera adecuada la nueva normativa en el ámbito laboral”, recogía un comunicado conjunto firmado por todas las organizaciones sindicales. Actualmente, la plantilla esta compuesta por 2.200 trabajadores que desempeñan las funciones activas de la inspección y otros 800 cuya labor es de apoyo. En esta línea, su principal petición es incorporar de manera inmediata los 500 efectivos que se habían prometido de manera urgente y, progresivamente, el resto de personal comprometido.

De esta manera se podría evitar la situación actúa en la que “la Inspección de Trabajo recae sobre una plantilla de 3.000 personas mientras que hay 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas”, denuncian los sindicatos de una Inspección de Trabajo que “no da abasto” debido a su debilitamiento. Los principales damnificados, más allá del personal del organismo, son el conjunto de trabajadores de el país, ven como sus derechos están “al albur de los empresarios”.

Choque entre Ministerios

El conflicto en el organismo ha provocado una ristra de acusaciones cruzadas entre los Ministerios de Trabajo y Hacienda. El liderado por Díaz culpa a Hacienda del incumplimiento de los compromisos que se hicieron a los sindicatos en julio de 2021. No obstante, para los sindicatos "de poco sirve que quede patente la disparidad de criterios y el enfrentamiento" en el seno del Gobierno de coalición "si finalmente el resultado es que la Inspección de Trabajo sigue sin solución para los profundos déficit que padece en la actualidad".

"A estas alturas no tiene sentido la exigencia de responsabilidades y dimisiones a un Gobierno con fecha de caducidad marcada para el 23 de julio, pero no por ello podemos abandonar la exigencia de cumplimiento de un acuerdo que, para su aplicación, no requiere de ninguna modificación normativa, ni tampoco presupuestaria desde el momento en que ya está contemplado en el presupuesto reconocido al organismo", subrayan los sindicatos.

En este sentido, han advertido que independientemente de los comicios, seguirán denunciando la situación de la Inspección y realizando "cuantas acciones consideren pertinentes" para defender el organismo. Desde los sindicatos nacionales mayoritarios, UGT y CCOO, se han mostrado “profundamente preocupados” y han exigido que “el acuerdo se cumpla de forma inmediata".

“Como saben vamos a reforzar la plantilla de la Inspección con más de 600 efectivos nuevos. El presupuesto que el Estado dedica a la Inspección de Trabajo ha crecido desde 2020 más de un 40%”, ha asegurado en más de una ocasión el Ministerio de Trabajo. Ahora, más allá de los halagos recibidos, desde las organizaciones sindicales exigen que se de cumplimento a aquello que les fue prometido, atendiendo a las necesidades territoriales y dejando de "concentrar sus escasos esfuerzos en reforzar la plantilla de puestos directivos".