En la mañana del pasado lunes, la plataforma minoritaria de transportistas comandada por Manuel Hernández, Plataforma en Defensa del Transporte, anunciaba unos nuevos paros indefinidos que darán comienzo en la madrugada del domingo 13 de noviembre. Incumplimientos de la nueva ley por parte de cargadores, trabajo a pérdidas e, incluso, suicidios fueron algunos de los argumentos expuestos por su portavoz. Transcurridas 24 horas, la protesta no ha recibido ningún apoyo fuera de las filas de la plataforma, todo lo contrario. Tanto el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como la patronal mayoritaria (CETM), la cadena alimentaria, el campo y la hostelería se han posicionado en contra.

No obstante, para evitar situaciones de violencia como las que se vivieron el pasado mes de marzo, el Gobierno se ha abierto a negociar. “No tenemos problemas en reunirnos y vamos a hacer lo necesario”, ha asegurado Raquel Sánchez, ministra de Transportes, en una entrevista concedida a El programa de Ana Rosa. Si bien es cierto que ha recordado que el sentir de esta plataforma no es el generalizado y que su representación es minoritaria. “El resto de organizaciones no se compadece de lo que está diciendo la plataforma […] Hay que escuchar a la mayoría del sector del transporte, que ha salido en bloque a rechazar este paro”, ha sentenciado Sánchez.

Sin embargo, a pesar de la posición amenazante de los convocantes que señalaba la patronal mayoritaria, la ministra ha destacado que “el Ministerio se ha ido reuniendo con todos los representantes del transporte”, en el seno de Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), en consecuencia, “tenemos que establecer todos los mecanismos para detener ese paro que no va a beneficiar a nadie". Este sentir no es único del Ejecutivo, sino que el sector empresarial comparte la perspectiva.

"No se puede pretender que de la noche a la mañana y bajo una amenaza de paro el resultado sea el oportuno", ha transmitido la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), patronal mayoritaria del sector. Teniendo en cuenta esto y con el temor de que se repitan actos violentos, como el lanzamiento de piedras desde puentes a camiones en circulación, han pedido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúen "con la contundencia y firmeza necesaria" para salvaguardar el funcionamiento del sector y posibilitar el abastecimiento a la población.

La cadena alimentaria ha ido más allá y reclaman “seguridad y garantías para el abastecimiento de productos y materias primas ante los nuevos paros convocados por la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías”. Así lo han transmitido en un comunicado conjunto las organizaciones agrarias, COAG y UPA, las asociaciones empresariales AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS, Cooperativas Agro-alimentarias de España, FIAB, Hostelería de España y Marcas de Restauración. Estas se muestran preocupados por que se repitan “las graves incidencias y episodios violentos que afectaron al buen funcionamiento de la cadena alimentaria”.

Actuación del Gobierno

“Este Gobierno ha cambiado sustancialmente el escenario y dado mejores condiciones de trabajo a los transportistas. Hace tres meses que se aprobó la nueva norma y se está cumpliendo, pero necesitamos más tiempo para implementarlo en su totalidad”, ha apuntado la titular de la cartera de Transportes. En este sentido, ha pedido “responsabilidad” y ha destacado que "el Gobierno ha cumplido". No obstante, siendo consciente de que la normativa puede ser incumplida por particulares, ha vuelto a instar a los transportistas que se ven afectados a denunciar. “Se han realizado denuncias, muchas veces con carácter general, pero no se identifica al infractor ni la actividad concreta. Es muy difícil de esta manera”, ha concluido.

La patronal mayoritaria se ha posicionado con el Gobierno: "No podemos olvidarnos de que los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana suponen un antes y un después con la prohibición de la realización de las labores de carga y/o descarga por parte del conductor, la obligatoriedad de la cláusula de revisión del precio del transporte por la variación del precio del combustible, la reducción de los tiempos de espera, la devolución mensual del gasóleo profesional, la rebaja de 20 céntimos de combustible, las ayudas directas de 2.500 euros por vehículo o la Ley de la Cadena de Transporte, entre otras cuestiones".