Bandera blanca entre la patronal y el Gobierno por la prórroga de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo). El diálogo social ha vuelto a dar pie a una decisión consensuada, sellada ya en un principio de acuerdo que permitirá al Ejecutivo ampliar las prestaciones sociales hasta el próximo 30 de septiembre. El acuerdo se ha logrado en el tiempo de descuento -tenían validez hasta final de mes- y no sin dificultades: la CEOE se quejaba del plan de exoneraciones que proponía el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien ponía sobre la mesa la posibilidad de dar incentivos fiscales a las empresas que reintegrasen a trabajadores de los ERTE; mientras, la patronal exigía que las exoneraciones siguiesen teniendo un destino parecido al actual, más centrado en cubrir los gastos de las personas que siguen acogidas a los ERTE.

Los trabajadores insistían de esta forma en que hay muchos sectores que permanecen dañados y no pueden incorporar todavía a sus trabajadores. Además, en la línea de lo expuesto por la otra parte del Gobierno protagonista en el diálogo social -la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz-, la patronal insistía en que era una injusticia destinar las exoneraciones fiscales a las empresas que fuesen incorporando a personal, ya que lo principal era reactivar la economía para que ese proceso se realizase de forma natural.

Salvado el escollo de la patronal, cuya dirección tendrá que aprobar este mismo miércoles la propuesta ya negociada, el principio de acuerdo tiene visos de prosperar y constituirse como el quinto pacto alcanzado con diálogo social del Gobierno de Pedro Sánchez para los ERTE. Los sindicatos ya llevaban desde principios de semana avisando de que era una necesidad aligerar esta negociación. Tanto UGT como CCOO ya lograron el compromiso del Gobierno de que la prestación se seguiría manteniendo sin grandes cambios, logrando así que la gran parte de sus condiciones quedaran satisfechas.

Sin embargo, en esta negociación no solo ha habido elogios a la labor desempeñada por el Gobierno en general y por José Luis Escrivá en particular. Los propios sindicatos calificaron de inadmisible que el titular ministerial estuviese haciendo cambios de última hora, a menos de una semana de que expirasen los ERTE, de las exoneraciones en la mesa del diálogo social. Además, recordaban al Ejecutivo que la sintonía entre sindicatos, gobierno y empresarios era necesaria por la importancia de unas prestaciones que han permitido a miles de empresas no cerrar las puertas y a sus trabajadores no perder el empleo.

Tampoco ha gustado esta tardanza en las negociaciones a la oposición. Según el Partido Popular, este cambio de las reglas a última hora por parte de Escrivá demuestra que el Gobierno de España “está cada vez más alejado de las necesidades de la España real”. "Sin diálogo social ni respeto a 500.000 familias que dependen de ellos para llegar a fin de mes", remachaba el líder popular a través de su canal personal de Twitter. En los mismos términos, la portavoz en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, animaba a cerrar un acuerdo dejando de lado los cambios y apostando por su prórroga "en las mismas circunstancias y condiciones que se han tenido hasta este momento".