La reunión entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos de la Administración terminaba con el acuerdo, casi total, para lanzar una nueva oferta de empleo público (OEP) de casi 40.000 nuevos puestos de trabajo en la Administración General del Estado (AGE). Una oferta de empleo récord con 39.574 plazas -"la mayor de nuestra historia" en palabras de María Jesús Montero- para funcionarios de la Seguridad Social y que el Consejo de Ministros ha aprobado este mismo martes, apenas 24 horas después de mantener la reunión con los sindicatos. 

La nueva oferta de empleo público ha sido ratificada esta misma mañana por el Ejecutivo, con la presencia de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior pero también de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, inmersa en su campaña electoral como lideresa de Sumar. La responsable de Función Pública ha explicado al detalle la nueva convocatoria de empleo público para reforzar la atención en la Administración General del Estado (AGE). "Los servicios públicos son realmente una obligación", ha defendido Montero tras la celebración del Consejo de Ministros. 

El Gobierno quiere reforzar así los servicios prestados por la Administración General del Estado y, para ello, ha aumentado la oferta de empleo público en un 15,8%, según las cifras oficiales de Función Pública, frente a la convocatoria del año anterior. La reunión mantenida este lunes terminó con el visto bueno de CSIF y UGT, como han informado fuentes sindicales a ElPlural.com, pero no con el sí de CCOO, que se negó a firmar el acuerdo por carecer de cifras concretas y se emplaza a conocer la convocatoria en detalle. "Una prueba del diálogo con los sindicatos", tal y como ha celebrado Montero.

"La apuesta por lo público es dar un blindaje a los ciudadanos", ha reiterado la ministra de Hacienda en el anuncio de la nueva convocatoria de empleo público "de calidad", "con recursos humanos suficientes". La responsable de Función Pública justifica la oferta de empleo con casi 40.000 nuevas plazas por el debilitamiento en los "años de recorte" y las "tasas de reposición cero" del Partido Popular. 

Así se reparten las 40.000 nuevas plazas de funcionarios

Dentro de los sectores que ha mencionado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha concretado que unas 29.818 plazas corresponden a la Administración General del Estado y, de ellas, 19.900 son de nuevo ingreso. De manera más detallada, para la Administración de Justicia se destinarán 1.907 plazas, de las que 1.215 serán de nuevo ingreso; para el Cuerpo Nacional de Policía se abren 2.833 plazas, de las que 2.600 son de nuevo ingreso; mientras que para la Guardia Civil se habilitan 2.875 plazas, de las cuales 2.520 son nuevas.

También se incluyen en estos cálculos las 1.025 plazas que corresponden a la Seguridad Social para gestionar el Ingreso Mínimo Vital, 500 plazas en la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional que fundamentalmente desarrollan su trabajo en la administración local, y otras 2.500 plazas más para entidades gestoras de la Seguridad Social que faciliten la atención a la ciudadanía.

UGT pide el 30% de las plazas de promoción interna

La cartera de Montero y los sindicatos de la Administración Pública, con la ausencia de CCOO, han acordado la tramitación inmediata del real decreto por el que se aprueba esta nueva oferta de empleo público para 2023. Una convocatoria que incluye tanto la provisión de plazas de acceso por turno libre como de promoción interna. Desde UGT reclamaron al Gobierno en la reunión que, del total de las plazas, al menos el 30% se destine a la promoción interna de los trabajadores ya existentes.

Dentro de las casi 40.000 nuevas plazas de empleo en la AGE, el acuerdo entre Función Pública y los sindicatos incluye también la convocatoria de alrededor de plazas “de urgente cobertura” para la Administración de la Seguridad Social. Un sector de la Administración Pública que necesita de una adecuada prestación de los servicios públicos, como ya reclamaron durante la convocatoria de huelga del pasado mes de mayo. Como solución temporal, el Gobierno autorizó a personal funcionario interino a su desempeño a finales de 2022 y será ahora, con la nueva convocatoria de empleo público para la AGE, cuando se cubran las plazas con funcionarios de carrera.

Desde el punto de vista técnico, las convocatorias de los procesos selectivos previstos en la oferta de empleo público anunciada para este 2023 deben publicarse antes del 31 de diciembre de 2023, salvo una causa justificada que acredite su imposibilidad. En caso de que el estado de ejecución de la fase de oposición de convocatorias derivadas de ofertas de empleo anteriores confluyera con la fecha anterior, se acumularán las plazas pendientes de convocatoria junto con las que se oferten en el ejercicio inmediato siguiente. Es decir, de no materializarse las alrededor de 40.000 nuevas plazas de funcionarios para la AGE este año, habría que sumar la convocatoria a la próxima oferta de empleo público.

Además, con carácter excepcional, y sin perjuicio del desarrollo de otras medidas que agilicen los procesos selectivos de la oferta de empleo público de acceso libre, se podrá nombrar personal funcionario interino o personal laboral temporal para cumplir con los servicios de la Administración General del Estado. Y se hará precisamente en aquellos ámbitos en los que se considerase necesario para la adecuada prestación de los servicios al ciudadano, como puede ser en el sistema de la Seguridad Social, tal y como explica UGT en el comunicado remitido tras el final de la reunión.

“La Administración y las organizaciones sindicales hemos coincidido en la necesidad de presentar una oferta de empleo público adecuada para satisfacer la prestación de los servicios públicos, a través de la negociación de unos criterios generales sobre la oferta de para 2023”, celebra el sindicato tras la reunión mantenida con Función Pública. Asimismo, mantienen que el acuerdo entre la parte sindical y el Gobierno impulsa el objetivo de reducir la tasa de temporalidad en el empleo público para mantenerla por debajo del 8% al cierre de 2024. Un objetivo “comprometido” en el empleo público, defienden desde el sindicato. 

Díaz refuerza el Mecanismo RED 

Además de la "mayor oferta de empleo público de la historia", el Consejo de Ministros ha aprobado también una regulación del Mecanismo RED que permita evitar el despido para afrontar posibles crisis, apostando por la formación y garantías tanto para las personas trabajadoras como para las empresas. Un mecanismo estructural que permitirá obtener exoneraciones a las empresas vinculadas a obligaciones formativas para la recualificación de las personas trabajadoras, tal y como ha explicado la ministra de Trabajo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

"Una herramienta de éxito" en pandemia que, según Trabajo, ya demostró su eficacia ayudando a más de medio millón de empresas y protegiendo a más de 3,6 millones de personas trabajadoras. "El Mecanismo Red proporciona estabilidad y lo hace como nunca se había hecho antes: disipando el temor del despido, dando a las empresas alternativas de flexibilidad y a los trabajadores y trabajadoras algo tan esencial como formación y recualificación", ha celebrado Díaz tras la aprobación.