El Ejecutivo se pone en marcha con la puesta vista en aprobar los Presupuestos Generales de 2025 una vez ha finalizado el intenso ciclo electoral en el que se han puesto las urnas un total de cinco veces en el último año, y que, en concreto, las elecciones catalanas, obligaron al Gobierno a desistir en aprobar los PGE para el ejercicio del año presente.
Será este martes cuando se de el pistoletazo de salida de las cuentas con la aprobación de los objetivos de estabilidad y de la senda de déficit, el conocido como techo de gasto.
Desde Haciendan aseguran que se presentará y aprobará este martes en el Consejo de Ministros. Desde hace semanas, de hecho, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, viene mostrando la intención de cumplir con los plazos habituales para las cuentas públicas.
En este sentido, Montero ha mantenido el compromiso del Gobierno de bajar el déficit público al 3% del PIB este año y ha informado de la senda descendente fijada por el Gobierno para los próximos años, que pasa por bajarlo al 2,5% en 2025, al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027.
También se han revisado los objetivos de deuda pública, con una senda prevista que culminará en 2027 con una tasa por debajo del 100%, aunque se prevé que el detalle de estas cifras se dé a conocer mañana tras el Consejo de Ministros.
La vicepresidenta ha comunicado a las CC.AA. el objetivo de estabilidad para el período 2025-2027, que refleja un mayor margen fiscal para las regiones. La senda vigente hasta ahora contemplaba que las comunidades autónomas deberán registrar un superávit del 0,1% en 2025 y 2026. En cambio, la nueva senda de estabilidad comunicada hoy contempla un objetivo de déficit del -0,1% en 2025, 2026 y 2027. Ello implica que las comunidades autónomas contarán con dos décimas más de margen fiscal.
Fue el pasado día 26 cuando se anunció la publicación de la orden ministerial que pide al resto de ministerios presentar sus propias cuentas y necesidades. Julio suele ser el mes habitual en el que se aprueba el techo de gasto, como así sucedió en 2022. El año pasado, la convocatoria electoral anticipada por el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para el 23J, modificó los planes. El último techo de gasto fue aprobado en el mes de diciembre, pero no llegó a buen puerto por el adelanto electoral en Cataluña.
Este lunes 15, en la víspera del Consejo de Ministros, Montero convocó a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera. En ese foro se trataron temas esenciales como la senda de déficit de esos territorios, aunque no se trataron asuntos como la condonación de la deuda ni temas relacionados con la financiación autonómica.
Una vez se aprueben estos objetivos de estabilidad presupuestaria en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo deberá remitirlo a las Cortes. Durante los últimos años, desde el 2020, este trámite no se ha realizado debido a la suspensión de las reglas fiscales por parte de la Unión Europea para que los Estados pudieran hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia y la posterior guerra de Ucrania.
Ahora, Europa ha alcanzado un nuevo pacto fiscal y ha recuperado las reglas, un mensaje de aviso a los países miembros para volver al control del gasto. En el caso de España, tras la reforma del artículo 135 de la Constitución y de la ley de estabilidad presupuestaria, el Senado puede tumbar el techo de gasto aprobado en Consejo de Ministros y ratificado por el Congreso de los Diputados.
Se trata de la única norma sobre la que el Senado español tiene la última palabra, ya que, en el resto de las leyes, si la Cámara Alta las veta o las modifica, el Congreso puede levantar ese veto o volver a editar de nuevo el texto vetado. En la presente legislatura, tras las elecciones generales del 23J, el Partido Popular tiene una mayoría absoluta en la cámara territorial, por lo que podrían tumbar el techo de gasto, si el Congreso lo refrenda previamente.
Hace unos meses, el PSOE y Sumar registraron una enmienda en la ley de paridad con un doble objetivo: por un lado, suprimir la capacidad de veto del Senado sobre los objetivos de estabilidad y la senda de déficit, y en segundo lugar, dar al Congreso la capacidad de recuperar un techo de gasto previamente vetado por la Cámara Baja.
Dicha enmienda pactada por los socios de Gobierno recoge que “si el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se recogen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública ya se hubiera remitido a las Cortes Generales, y este hubiera sido rechazado por el Senado, dichos objetivos se someterán a una nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose por mayoría simple, sin necesidad de que se inicie un nuevo procedimiento”.
La ley de paridad que contiene esta enmienda está en la actualidad en tramitación en el Senado, donde los populares tienen previsto tumbarla y donde podría retener la norma durante un tiempo antes de su devolución al Congreso.
Entregas a cuenta “récord”
Además, el Gobierno ha comunicado este lunes a las Comunidades Autónomas (CC.AA) y Ciudades de Ceuta y Melilla que recibirán del Estado en 2025 en concepto de entregas a cuenta 147.412 millones de euros, logrando de nuevo los mayores recursos de su historia.
En total, tanto las CC.AA como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla dispondrán de 158.167 millones si a las entregas a cuenta se suma la liquidación de 2023, que es la diferencia entre la estimación de ingresos (entregas a cuenta) y los ingresos reales cuando finaliza el ejercicio contable, y que alcanza los 11.692 millones de euros. En total, un 2,5% más de financiación que lo previsto para este 2024.
Por su parte, las Entidades Locales en 2025 recibirán 26.893 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, lo que supone un importante incremento del 13,1% en relación con las entregas de 2024, es decir, 3.121 millones más que las cantidades del pasado ejercicio.
María Jesús Montero ha comunicado estas cifras durante la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Los entes locales percibirán 28.935 millones de euros en recursos del sistema de financiación, una cifra que es un 1,3% superior a la de 2024 y que es la más alta de la historia. De esta forma, se van a destinar a estas entidades 378 millones más que en 2024.
En estos 28.935 millones de euros se incluyen tanto las entregas a cuenta como la liquidación de 2023. En ese sentido, el importe correspondiente a la liquidación de 2023, que se abonará en 2025, alcanza los 2.042 millones de euros.
