El Consejo de Ministros ha celebrado este lunes su habitual reunión semanal con un día de antelación, antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ponga rumbo a Azerbaiyán para participar en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP29). El jefe del Ejecutivo ha anunciado un nuevo Real Decreto-ley, que se suma al aprobado la semana pasada y dotado con 10.600 millones de euros, que contiene “110 medidas adicionales y una inversión agregada de 3.765 millones de euros”.

La reunión del Ejecutivo ha vuelto a estar marcada enteramente por la DANA que ha asolado decenas de municipios, principalmente en Valencia, y ha dejado a miles de familias sin nada. “Hay muchas vidas, hogares y empresas a los que restablecer la normalidad”, ha lamentado Sánchez, asegurando que “el Gobierno de España está y va a estar ahí, con todos los recursos necesarios y hasta cuando haga falta”. “Creemos en el Estado de Bienestar que ayuda a las personas cuando lo necesitan y en la necesidad de un sistema público fuerte”, ha defendido.

“Damos un paso más en la primera fase, la de la respuesta inmediata, y avanzamos en la segunda fase, de reconstrucción, con una serie de medidas que se aprueban con carácter de urgencia”, ha introducido el líder del Gobierno, detallando los diferentes abordajes enmarcados en el Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento de la Comunidad Valenciana. Las medidas se han distribuido en el paquete destinado a “ampliar y reforzar el escudo social” ya ha activado y otro destinado a ayudar “al tejido productivo”.

Medidas anunciadas

El primer paquete crea más ayudas, agiliza la tramitación de estas e incrementa el número de beneficiarios. “Hemos decidido extender todas las ayudas por daños a las viviendas a los propietarios que no residían en ellas, pero las tenían arrendadas”, ha introducido. “También hemos extendido las compensaciones por pérdida de enseres a los inquilinos y bienes que no se consideran de primera necesidad”, ha continuado. “Y para que lleguen más rápido, hemos aprobado un anticipo inmediato del 50% a todos los que las soliciten, de modo que no tengan que esperar mientras se tramita su expediente.

También se aumenta un 30% temporalmente el complemento de ayuda para la infancia que perciben las aproximadamente 10.000 familias con menores ingresos y que residen en las zonas afectadas. Además, se ha recuperado el Código de Buenas Prácticas Hipotecarias para congelar las hipotecas de los afectados por la DANA durante 12 meses adicionales, una vez transcurridos los otros 12 meses que ya se registraban en el anterior Real Decreto; es decir, serán tres meses de cuota cero y de el 50% durante los 21 meses siguientes (hipoteca media), si se acredita vulnerabilidad en el segundo periodo.

En materia de vivienda y más allá de las ayudas directas y subvenciones, el Ejecutivo ha puesto a disposición de la ciudadanía 150 viviendas de las que es titular y están situadas dentro o cerca de las zonas dañadas. Estas estarán disponibles de manera “inmediata” y serán “gratuitas”. En esta línea, el Gobierno destinará 25 millones de euros para “comprar viviendas y ampliar el parque para los damnificados”.

El Ejecutivo también ha activado la prohibición de cortes de energía eléctrica y gas a los hogares afectados, permitiendo, sin coste alguno para el consumidor, modificar y suspender temporalmente los contratos de suministro, así como aplazar las facturas. Además, se insta a las operadoras de telecomunicaciones y servicios que compensen a sus clientes por los servicios que no han recibido durante la catástrofe.

Abordaje laboral y productivo

El groso de los acuerdos son en el ámbito laboral y tendrán una aplicación retroactiva desde el 29 de octubre, tal y como adelantó la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, detallaba la semana pasada. Los conocidos como ERTE podrán solicitarse en esta ocasión bajo la justificación de fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y podrán acogerse a ellos las empresas afincadas en las zonas afectadas por el temporal o, tras la última actualización, aquellas que hayan visto dañada su actividad económica, aun no siendo de la zona. Estas se ahorrarán el 100% de sus cotizaciones hasta, como mínimo, el 28 de febrero de 2025.

Por su parte, aquellos trabajadores que vean su jornada laboral reducida o suspendida por la DANA podrán recibir una prestación contributiva del 70% de la base reguladora desde el primer día y sin un requisito de periodo previo de cotización mínimo. Asimismo, el Ejecutivo activa 50 millones de euros destinados a incentivar la contratación de aquellas personas que hayan perdido su trabajo o ya se encontrasen en situación de desempleo. Esto se realiza a través de concesiones directas y subvenciones a empresas, exonerando a estas de abonar las cotizaciones sociales, a la vez que se abonan los salarios de los trabajadores.

Poniendo el foco en los trabajadores y los autónomos, Sánchez ha revelado la asimilación de la prestación de incapacidad temporal a la de accidente de trabajo, eliminando el requisito de un número de años previos cotizados para poder acceder a ella; y la aprobación de una nueva prestación extraordinaria por cese parcial para trabajadores por cuenta ajena, que les permitirá compatibilizar su actividad durante tres meses con la recepción de esta ayuda. Esta prestación será equivalente al 50% de su base de cotización.

Más allá de estas figuras, la principal novedad ha sido la activación de múltiples permisos retribuidos. “La gran novedad del Plan Me Cuida es que vamos a un elenco de permisos retribuidos, es decir, trabajo efectivo y percepción integra del salario, por multitud de causas”, detallaba la también vicepresidenta segunda.

Amplios permisos retribuidos

Las razones que podrán aludir los asalariados para solicitar estos permisos de carácter retribuido, no recuperable y quecomputan como tiempo de trabajo efectivo son múltiples y deberán ser respetadas por las empresas: 

  • Imposibilidad de acudir o acceder al centro de trabajo o de realizar la prestación laboral, para acometer el traslado, limpieza o acondicionamiento del domicilio habitual, la recuperación de enseres y efectos personales, la obtención de documentos oficiales o públicos, el fallecimiento o desaparición de familiares.
  • Labores de traslado, limpieza o acondicionamiento del domicilio habitual, y de recuperación de enseres y otros efectos personales, hasta que se disponga de una solución habitacional estable y adecuada, así como la realización de los trámites para la obtención de documentos oficiales o públicos que solo puedan llevarse a cabo de manera presencial por parte de la persona trabajadora.
  • Desaparición de familiares, entendiendo como tales al cónyuge, pareja de hecho o pariente hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores que conviviera con la persona trabajadora en el mismo domicilio.
  • Fallecimiento de familiares: se extenderá desde el hecho causante hasta los cinco días hábiles siguientes al del sepelio.
  • Atención de deberes de cuidado derivados de la DANA respecto del cónyuge, pareja de hecho o pariente hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores que conviviera con la persona trabajadora en el mismo domicilio.

Los trabajadores deben cumplir una de las múltiples causas, pero no tienen que recuperar los días”. La duración de estos permisos tampoco estará preestablecida. “Los permisos tendrán una duración indeterminada, solamente se delimita en el caso de fallecimiento, que lo ampliamos a cinco días desde el día del sepelio (inhumar o enterrar)”, explicaba la vicepresidenta, asegurando que este será “el único plazo” que se va a establecer. Tampoco estarán “sujetas a las limitaciones geográficas de la catástrofe”, lo que posibilita que más trabajadores tengan posibilidad de acceso.

La empresa deberá respetar la naturaleza de los permisos y su duración, dado que si la causa está justificada y, aun así, decide despedir a su trabajador, “se asumiría la nulidad de la decisión”. “Se trata de mantener los puestos de trabajo, no hay que despedir a nadie, para eso está desplegando el Gobierno todos los mecanismos”, defienden desde el Ministerio. “Esto nunca había pasado y hemos ajustado una multitud de causas a la concesión de un permiso retribuido”, destacaba Díaz, instando al trabajador a que “si se vulneran sus derechos, acuda a los canales de denuncia, como la Inspección de Trabajo”.

Ayudas a empresas y avales

La activación del paquete destinado al tejido productivo inicia la segunda fase del plan (reconstrucción), que se desarrollará simultáneamente con la primera (respuesta inmediata). Así, se ha aprobado una línea de ayudas directas de 200 millones para explotaciones agrarias que hayan sufrido daños que les impidan realizar la siguiente campaña con normalidad o que tengan unas pérdidas de su potencial productivo superiores al 40%.

En última instancia, Sánchez ha anunciado la creación de una partida de 500 millones de euros para financiar un Plan de Acción contra el Lodo, destinado a retirar los restos acumulados y reparar las redes de agua de los municipios afectados. Antes, ha revelado la creación de otra línea adicional de créditos ICO MAPA SAECA de 60 millones de euros para agricultores y ganaderos y un programa para reparar infraestructuras agrarias como caminos, bancales y sistemas de regadío de 175 millones de euros, que será ejecutado por TRAGSA.

A este abordaje se le suma la activación de un primer tramo de 1.000 millones de los créditos ICO anunciados la semana pasada; la flexibilización de las ayudas, plazos de ejecución y condiciones de los proyectos a las empresas industriales; un plan de 45 millones para la restauración de la Albufera y las cuencas fluviales afectadas por la inundación; y el reparto de dos millones de euros en ayudas directas para los cines, librerías y entidades culturales que han tenido que cerrar sus puertas.