A penas han transcurrido tres semanas desde que la bonificación de los carburantes se despojó de su carácter general para centrarse exclusivamente en los sectores más afectados por el precio del combustible (transporte, agricultura, pesca o taxis) y algunos organismos trasladan ya su primeras valoraciones. Ahora, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pone en duda que la medida pudiese tener los efectos deseados y culpa de ello a las gasolineras. "Las estaciones de servicio pueden haber aumentado los precios en respuesta a la medida", traslada el organismo.
La organización financiera apunta a que el precio de la gasolina 95 puede haber sufrido incrementos de entre 0,7 y 3,5 céntimos/litro y el gasóleo A de entre 3,7 y 6 céntimos/litro. Para ello, se apoya en estudios realizados por académicos españoles que señalan que "en un mercado con severos problemas de competencia en todos los eslabones de la cadena productiva, y una demanda inelástica, el establecimiento de un subsidio permite que los productores se apropien de una parte de este". De confirmarse estas aproximaciones, las empresas energéticas podrían haberse embolsado más de 1.500 millones inflando los precios aprovechando la medida, que supuso un coste para las arcas públicas de entorno a los 5.700 millones de euros anuales.
El dedo acusador del FMI apunta a las gasolineras independientes y sugiere que, en mayor medida que las pertenecientes a grandes compañías, han sido las que “han capturado una mayor parte del descuento”. Esto podría deberse, según apuntan los expertos, al mayor coste para que este tipo de estaciones supuso el adelanto, en primera instancia, de los descuentos por parte de los establecimientos. También puedo haber influido el foco mediático y el coste reputacional que hubiese supuesto para las grandes compañías acometer estas prácticas. De hecho, muchas de ellas mantienen aún descuentos para la totalidad de sus clientes, en una clara estrategia de fidelización.
“Las bonificaciones de los carburantes se están trasladando al consumidor", aseguraba la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) el pasado verano, saliendo en defensa de las estaciones de servicio. El organismo español hacía alusión al promedio los márgenes brutos de los cinco primeros meses del año, que no diferían significativamente de los márgenes históricos, para sostener su afirmación. No coinciden estas afirmaciones con lo que apunta el FMI ni los expertos académicos, algunos de ellos desde dentro de la propia CNMC, que apuntan a que el diseño de la política presentó fallos.
Esta situación, unida al elevado coste para las cuentas públicas y la escasa concreción y regresividad, ya que, independientemente del nivel de renta o de la situación económica, la medida beneficiaba en mayor medida a los hogares más ricos, empujó al Gobierno a modificar el carácter de la política. Más allá de la bonificación para sectores económicos que no pueden rehuir el uso de combustibles para su funcionamiento, el Ejecutivo ha optado por la bonificación del transporte público y de media distancia, primando la transición ecológica y las formas de transporte más sostenibles.
