El fin del año se acerca peligrosamente para el Gobierno que, en apenas una semana, tendrá que decidir y dar a conocer el paquete de medidas que contempla para el próximo año. Además, deberá decidir también que iniciativas cuyo periodo de aplicación finaliza el 31 de diciembre continúan y cuales caen o se modifican. En el punto de mira la bonificación de los carburantes que, a pesar de la actitud remolona del Ejecutivo, cada vez más voces autorizadas dan por hecho que se ajustará para beneficiar únicamente a los sectores más afectados.

La decisión final se dará a conocer el próximo 29 de diciembre, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario convocado para ese día, momento en el que los ministros encargados tendrán que definir la decisión alcanzada. Los transportistas son el único sector que, salvo eliminación total de la medida, tienen confirmada la prolongación de la ayuda. Ahora queda esperar para saber si se incluirán al sector primario (agricultura, pesca y ganadería) o a los más vulnerables. Por el momento, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos confirman a ElPlural.com que no hay ninguna decisión tomada todavía y que se están estudiando diferentes variables como el coste para, con los máximos datos posibles, aprobar una resolución.  

Desde el 1 de abril, bajo el paraguas del Real Decreto-ley 6/2022, en el que se contemplaban medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, los combustibles tienen una bonificación sobre el precio final de 20 céntimos por litro. Desde ese momento, el Gobierno afronta un gasto al que se le suma la inyección de más de 1.000 millones de euros al sector del transporte o el fondo de 450 millones destinado a ayudas directas, entre otras medidas. Esta serie de ayudas han supuesto un gran gasto, motivo por el que ahora el Ejecutivo se abre a destinarlas a sectores o colectivos concretos.

El elevado coste de la generalización de esta medida, que beneficia a toda la ciudadanía independientemente de su renta o herramientas de trabajo, es el principal escollo que ha encontrado el Gobierno para focalizar el descuento en grupos determinados. Concretamente, el coste para las arcas públicas de la bonificación oscila en torno a los 5.700 millones de euros anuales. Esta cantidad podría reducirse en torno a un 75% si los destinatarios pertenecen a sectores afectos, un montante que asciende a los 4.250 millones de euros.

Esta situación explica la posición mantenida por figuras relevantes del Gobierno, como es el caso de Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.  “Tendremos que ver si se prorroga esa bonificación para todos los ciudadanos o solo para algunos sectores. Evidentemente el sector del transporte es el primero en el que tendría que valorar si merece la pena o no prorrogar una ayuda que tiene un coste fiscal muy importante para los ciudadanos españoles”, señalaba.

Estas palabras han sido reforzadas recientemente por el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, que apuntaba este lunes que la medida debía “adaptarse y retirarse en términos generales, con medidas de acompañamiento para los sectores que están más afectados”. No obstante, la mayor preocupación de delimitar esta medida es la afectación que puede tener sobre la inflación, situación que asumen desde el Ministerio. “Va a tener un efecto”, trasladaba García, que aún así se mostraba convencido de la necesidad de recortar esta medida, en lo que a posibles beneficiarios se refiere.