La publicación de los acuerdos de investidura entre el PSOE y sus diferentes socios ha levantado, a lo largo de los últimos días, una importante polvareda política en torno a conceptos tan esenciales, pero al mismo tiempo interpretables, como Nación, narrativa, relato, humillación o normalización. Para cada uno de nosotros, esos conceptos implican diferentes significados y activan diferentes emociones, que son intransferibles y sobre las que difícilmente se puede establecer una discusión o un debate argumentativo. Corre uno el riesgo de que el poner un “pero” a la expresión del sentimiento de otro suponga un motivo de conflicto y ya hay demasiado ruido en torno a todo. Pero los acuerdos, por sí mismos, no sólo movilizan sentimientos o emociones, sino que, aun los más vagos, tienen consigo elementos que deben llamar la atención en términos de políticas públicas y política económica.

Así, y haciendo un análisis sosegado sobre los mismos, nos encontramos con que el PNV ha exigido el cumplimiento de su estatuto en materia de régimen económico de la seguridad social, ERC ha exigido la condonación de una parte de la deuda asumida por el Fondo de Liquidez Autonómica y Junts propondrá -pero no hay acuerdo sobre ello- la transferencia del 100% de los impuestos para que se gestionen desde la Generalitat de Catalunya. Son estos los tres aspectos más relevantes que aparecen en el contexto económico de los acuerdos de investidura, al que debe sumarse la “agenda canaria” que garantiza el voto de Coalición Canaria y con ello alcanzar los 179 diputados provenientes de siete partidos políticos diferentes.

El impacto de estas medidas sobre el conjunto de la financiación pública no es baladí. Cabe señalarse que han saltado -interesadamente- alarmas por afirmaciones que no comprometen a las partes -por ejemplo, la transferencia de los impuestos a Cataluña no sería un asunto acordado, sino una propuesta de Junts, que el PSOE parece no asumir- y que se han mostrado dudas sobre la viabilidad de la Tesorería de la Seguridad Social aun a sabiendas de que el traspaso de la competencia al País Vasco del régimen económico no implica en ningún caso la ruptura de la caja única de la seguridad social -algo que sería impensable en un país con fuertes desequilibrios demográficos entre territorios. Pero salvando estos aspectos, sí que existe un importante componente de impacto en la financiación territorial. El aspecto más sustantivo y destacable es, por lo tanto, el impacto de las condonaciones de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica. El instrumento fue creado en medio de la crisis financiera para facilitar el acceso a la financiación a comunidades autónomas que la habían perdido, como es el caso de Cataluña y Valencia.

El alivio de una parte de esa deuda podría facilitar recursos adicionales a las Comunidades Autónomas a costa de empeorar los flujos de caja de la Administración General del Estado, que tendrá que liberar nuevos recursos, bien subiendo los impuestos, o bien reduciendo otras partidas. El hecho de que haya comunidades autónomas que no han recurrido al FLA o que lo hayan hecho en menor cuantía plantea también un problema de equidad en el trato territorial, al que deberíamos unir el hecho de que gran parte del gasto social depende de los presupuestos autonómicos, por lo que las cuestiones de equidad territorial se pueden convertir en un problema de equidad social, algo que a bote pronto parece incompatible con un proyecto destinado a reducir las desigualdades.

Esta situación nos llevaría a abordar una verdadera reformulación del sistema de financiación autonómica, que lleva años de retraso y sobre el que es prácticamente imposible alcanzar un acuerdo que satisfaga a todos. Hasta el momento, la solución a la financiación autonómica no ha sido capaz de establecer un mecanismo considerado como justo para todos los territorios, sino que se ha centrado en traspasar recursos de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas, acompañando a transferencias como la educación o la sanidad.

La eventualidad de que el gobierno de España termine gestionado por el PSOE y la mayoría de las Comunidades Autónomas estén en mano de un PP que ya ha anunciado su oposición frontal a esta investidura y a este gobierno, no auguran un buen clima para unas negociaciones que, necesariamente, van a ser complejas y se van a desarrollar en un contexto de consolidación fiscal y altos tipos de interés. Es decir, estamos muy cerca de la tormenta perfecta y quizá fuera bueno -aunque no sabemos si va a ser posible- esperar a que el momento sea más propicio -si esto llega a ocurrir en algún momento. Mientras tanto, las mismas comunidades autónomas que están clamando contra un posible trato de favor a Cataluña o al País Vasco, anuncian bajadas de impuestos para sus ciudadanos más acaudalados, algo que no deja de llamar la atención.

La financiación territorial debería ser motivo de un gran acuerdo de Estado, que evitase la competencia fiscal entre los territorios, asegurase que la cesión de impuestos de carácter estatal no se usa para rebajar la factura fiscal de los más ricos, y en el que todas las comunidades autónomas contasen con un mínimo considerado suficiente para la dotación de sus políticas públicas. Lamentablemente, este acuerdo de Estado parece hoy más improbable que nunca.