Aunque el programa de reformas e inversiones es mucho más amplio, todas las miradas están puestas en dos de las reformas: las pensiones y la reforma laboral. Son estas en las que más difícil es lograr consensos y donde el diálogo social se ha mostrado más difícil de concretar en acuerdos sostenibles en el tiempo. La tarea del ministro José Luis de Escrivá no es, por lo tanto sencilla.

A grandes rasgos, podemos identificar el problema de la siguiente manera: de acuerdo con las proyecciones existentes, el gasto en pensiones en España alcanzará los 14% del PIB a finales de la década de 2040, esto es, cuando se jubile la generación X, para luego volver a caer. Mientras esto ocurre, el déficit del sistema se ha llevado por delante el fondo de reserva y se cubre, en estos momentos, con aportaciones desde los presupuestos generales del Estado. Las pensiones se cubren con cotizaciones sociales, provenientes de trabajadores y empresarios, y con las cuotas que pagan los autónomos. Estos ingresos no cubren los gastos, que se revalorizan de manera constante.

En 2015, el Partido Popular intentó una reforma parcial dirigida a incorporar un “factor de sostenibilidad”, de manera que la pensión recibida dependiera de, entre otros, de la longevidad esperada. También proponía la congelación real de las pensiones, con subidas por debajo del nivel de precios. Este modelo llevaría a erosionar de manera permanente la capacidad adquisitiva de los pensionistas, que ya no tienen ningún margen de maniobra para modificar sus ingresos -no pueden ahorrar más ni pueden trabajar más, puesto que son eso precisamente, pensionistas. Desde esa fecha, se ha trabajado en el establecimiento de un marco de reforma del sistema que no ha generado ninguna reforma sustantiva, sino sencillos retoques, ya que alcanzar un pacto entre agentes sociales sobre este tema parece sencillamente imposible, porque ni siquiera hay un acuerdo sobre el diagnóstico. Para algunos, el sistema público de pensiones es ya inviable a largo plazo y hay que actuar por una de las dos vías: o incrementado sus ingresos o reduciendo sus gastos. Para otros, el modelo puede sostenerse si la economía incrementa su nivel de empleo y su productividad, generando más recursos para “pasar el pico” que se producirá alrededor de 2040, para luego bajar debido a la caída demográfica.

Las posturas, parecen, hoy, irreconciliables, y la tentación de hacer una tortilla sin romper los huevos no ha llevado a ningún sitio. Sin embargo, la propuesta del ministro Escrivá avanza en la buena dirección. Dadas las circunstancias en las que nos encontramos, presentar una hoja de ruta para la reforma, más que una reforma completa y cerrada, parece la mejor decisión, permitiendo mejoras sustantivas y acumulativas, en vez de jugarlo al “todo o nada” de una reforma completa. Así, el calendario previsto tocará todos los aspectos clave (incentivos, período de cotización, equidad intergeneracional, etc) pero desde una perspectiva de mejoras concretas e implementables.

Algunas ya se han producido: la mitigación de la brecha de género, o la separación de las fuentes de financiación, ya están en marcha. La presentada esta semana, sobre los incentivos y desincentivos sobre el tiempo de trabajo -incentivar la jubilación tardía y desincentivar la jubilación temprana- es también una buena decisión, aunque tendremos que ver cuál es su efecto a medio y largo plazo. Situar de nuevo la revalorización de las pensiones en consonancia con el IPC acompaña esta medida pues el objetivo no es erosionar las pensiones ya en vigor, sino incentivar que el uso de los fondos de la Seguridad Social se retrase lo máximo posible para los que todavía está trabajando.

¿Será suficiente esta reforma para alinear los ingresos con los gastos? No lo parece. La idea de extender el período de cotización a 35 años fue rechazada -y de hecho el propio ministro renegó de la misma- pero no hay muchas más ideas encima de la mesa. El uso de cuentas nocionales -vincular más directamente las pensiones a las aportaciones a la seguridad social- constituyen un paso en una dirección incorrecta, al convertir un mecanismo de solidaridad intergeneracional en un mecanismo de ahorro individual, al estilo de los planes de pensiones. La única opción es reducir la tasa de sustitución -la relación entre la pensión recibida y el salario en activo- o incrementar los ingresos con una aportación permanente desde el sistema impositivo, que significaría modificar la naturaleza del sistema, erosionando su carácter contributivo y ampliando sus características más universalistas.

No será fácil llegar a acuerdos, pero si José Luis Escrivá mantiene su hoja de ruta, y aborda el reto proponiendo reformas parciales dentro de un plan general, tenemos una oportunidad de éxito. Lo que a estas alturas parece difícil es que ningún gobierno vaya a poder presentar una reforma “de una vez por todas” en un país donde el poder electoral de los mayores no deja de crecer, y donde, como hemos visto, desarrollar un debate sereno y responsable sobre el particular parece prácticamente imposible. Así que demos una oportunidad a esta hoja de ruta y esperemos resultados.