Apenas un día después de que el Ejecutivo diera ‘luz verde’ a la esperada Ley de Familias, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, siguiendo la tónica general, ha arremetido contra el Anteproyecto de Ley presentado el martes en el Consejo de Ministros.
“Ya no es solo un atentado contra las familias, sino también contra las empresas, de manera que ya no quieras contratar a nadie porque va a llegar un momento que, entre reglas dolorosas, más el embarazo, más un familiar que le pasa una cosa, más las vacaciones, que somos el tercer país de la OCDE con más días de vacaciones, lo que pretenden es que no se trabaje” ha criticado la presidenta regional.
La ley de familias recoge la creación de nuevos permisos y extiende alguno otros ya existentes. En concreto, el borrador de la norma ampara tres permisos distintos de cuidados. El primero, hace referencia a un permiso retribuido de cinco días al año para el cuidado de un familiar hasta segundo grado.
Un segundo permiso que se reconoce es uno retribuido de hasta cuatro días al año por motivos familiares urgentes o causas de fuerza mayor. Además, dicho permiso podrá ser disfrutado por horas.
Un nuevo permiso que recoge el anteproyecto es el dirigido a los progenitores de hasta ocho semanas, este sí, no remunerado. Además, este podrá disfrutarse de forma continua o discontinua hasta que el menor cumpla ocho años.
Ya fuera del borrador de la nueva norma, se encuentran los días de permiso por menstruaciones dolorosas recogidas en el proyecto de Ley de Seguridad Sexual y Reproductiva, a los que Ayuso también ha hecho referencia. Este permiso reconocerá una baja de la trabajadora comprendida entre 3 y 5 días.
Así con todo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha mostrado su disconformidad con las normativas que impulsan la conciliación familiar y laboral, mostrándose contraria a los 65 días de permiso que recoge el borrador, 106 si se incluyen las vacaciones ordinarias los permisos ordinarios de paternidad y maternidad que ascienden a un total de 218 días teniendo en cuenta los permisos por paternidad y maternidad.
Más conciliación, más natalidad, más pensiones
Diversos estudios sociológicos y demográficos apuntalan la estrecha relación existente entre la conciliación familiar y el crecimiento de la natalidad. La situación económica no ayuda a concebir. A pesar de la reforma laboral y de la creciente mejora del mercado de trabajo, todavía sigue habiendo una preocupante tasa de precariedad laboral, retrasando la emancipación de los más jóvenes. A esas dos cuestiones se une el cambio social y los problemas de conciliación laboral y familiar. Las cosas han cambiado, pero mantener una carrera profesional y ser madre o padre continúa siendo una ardua tarea.
La conciliación familiar, especialmente las remuneradas, ayudan a encontrar el precario equilibrio entre vida laboral y vida familiar a la par que se mantiene la capacidad económica para mantener a los menores a cargo.
Si bien, tal y como ha declarado la Presidenta regional, España se sitúa como el tercer país de la OCDE con más número de días de vacaciones, el ránking en materia de conciliación no nos deja en tan buen lugar. España se sitúa en el puesto 14 de 31 países en políticas de esta materia de acuerdo con Unicef.
Dejando de lado la relación entre conciliación y natalidad, sin duda resulta preocupante la relación entre esta última y el mantenimiento del sistema de pensiones. La crisis demográfica por la cual la gráfica dibuja una pirámide invertida apunta a que cada vez menos población activa está manteniendo al cada vez más grueso sector de los pensionistas.
De acuerdo con los últimos datos, España tiene de media dos empleados por cada pensionista. Una situación preocupante que atendiendo a los datos demográficos tiene visos de agravarse.
Es por eso que abogar por la promulgación de políticas de conciliación laboral, no solo mejora las condiciones de trabajo y la productividad, si no también promueve una correcta atención a los recién nacidos, un aumento de la natalidad y, a la larga, una ampliación de la población activa que revierta la complicada situación del sistema de pensiones.
