El supuesto acuerdo del Gobierno con Huawei para entregar a la tecnológica china la gestión del almacenamiento de las escuchas de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha sido declarado como un contrato inexistente, pero sí le ha servido al Partido Popular como el nuevo campo de batalla para cargar contra el Ejecutivo. Lo que la oposición ha presentado como un pacto de 12,3 millones de euros con implicaciones de seguridad nacional es, en realidad, una serie de compras de hardware a través de proveedores españoles en procesos públicos y fiscalizados que buscan una solución técnica a un problema ya arrastrado durante años sobre dónde y cómo guardar durante años miles de grabaciones judicializadas.
La realidad, como suele ocurrir, es bastante menos cinematográfica. La noticia errónea ha logrado prender pólvora, y es que las compras realizadas por el Estado en los últimos cuatro años no son más que adquisiciones de hardware —grandes sistemas de almacenamiento— para guardar de forma segura miles de grabaciones que forman parte de investigaciones judiciales. Estos sistemas no forman parte del corazón del sistema de seguridad, sino que son, literalmente, enormes discos duros estancos. Y no solo han sido adquiridos de Huawei, sino también de marcas como Dell o IBM, todas ellas a través de proveedores españoles.
El Sistema de Intercepción Legal de las Telecomunicaciones, conocido por sus siglas Sitel, es una herramienta puesta en marcha en 2004 —en tiempos de Mariano Rajoy como ministro del Interior— que permite a las fuerzas de seguridad intervenir llamadas y mensajes bajo mandato judicial. Se trata de un sistema clave en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Gracias a la grabación de conversaciones criminales, información sobre interlocutores o la ubicación, las unidades policiales consiguen expurgar el contenido y, posteriormente, enviarlo al juez instructor para su correspondiente investigación. Sin embargo, esas grabaciones no pueden destruirse hasta que haya una orden judicial expresa, algo que puede tardar años, por lo que deben almacenarse en sistemas avanzados, fiables y seguros.
La oposición ha puesto el foco en Huawei, pero ni el Ministerio del Interior firma directamente estos contratos ni Huawei es la única marca implicada. Desde 2021, la contratación pública de este tipo de equipamiento se gestiona desde el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. Es decir, compras técnicas, centralizadas, que buscan ahorro y transparencia.
Las compras de almacenamiento policial fueron a empresas españolas
En 2021, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional necesitaban ampliar su capacidad para almacenar evidencias digitales, especialmente las escuchas judiciales. La Guardia Civil abrió un proceso por 1,2 millones de euros, adjudicado a una UTE liderada por Congnicase Management, empresa española con más de 25 años de trayectoria. La Policía Nacional, por su parte, lanzó otro concurso de 2,4 millones, que ganó Bechtle Direct, proveedor europeo con sede en Madrid.
Estas adjudicaciones incluían no solo sistemas de almacenamiento, sino también otros equipos informáticos y software. En los años siguientes, ambas compañías volvieron a conseguir contratos similares, junto con otros proveedores como Gnet. Todo está registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
A diferencia de la polémica por la compra de munición a una empresa israelí —cancelada por orden de Moncloa—, en este caso los contratos se hicieron a través de compañías españolas acreditadas, que comercializan productos de diferentes marcas, incluyendo Huawei y Dell. Actualmente, la Guardia Civil utiliza equipos de almacenamiento de Dell y Huawei, instalados en su sede. La Policía Nacional, por su parte, opera con el sistema OceanStor 6800 V5 de Huawei en el complejo de Canillas.
Desde el Ministerio del Interior se insiste en que no existe ningún riesgo para la seguridad nacional. Todo el contenido está encriptado y bajo control exclusivo de las fuerzas de seguridad. Además, recuerdan que aunque Bruselas recomendó excluir a Huawei del despliegue de antenas 5G, esa restricción no se aplica a servidores ni sistemas de almacenamiento.
A pesar de todo, el Partido Popular sigue exigiendo comparecencias en el Congreso, manteniendo viva la polémica con alusiones a presuntos vínculos entre China y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
