Iberdrola se enfrenta este martes al juicio por, presuntamente, inflar el precio de la electricidad en 2013. El juicio contra Iberdrola Generación y cuatro de sus directivos arranca este 17 de octubre en la Audiencia Nacional tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción de abrir juicio oral contra la compañía en junio de 2022. Ahora, más de un año después, los directivos responsables del negocio de Iberdrola Generación en ese momento tienen que declarar ante el juez de la Audiencia Nacional por la supuesta manipulación del precio de la electricidad.
La Fiscalía Anticorrupción pidió hace más de un año la apertura de este juicio oral contra la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán para determinar si, efectivamente, se produjo una subida del precio de la energía eléctrica de forma manipulada para después venderla más cara a sus clientes. El auto con el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, mandaba al banquillo a la eléctrica y sus directivos aseguraba que Iberdrola infló el precio de la luz en las ofertas de energía eléctrica obtenida en sus centrales hidráulicas situadas en los ríos Duero, Sil y Tajo entre noviembre y diciembre de 2013.
Según el juez instructor del caso, Iberdrola infló el precio de la luz "a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad". "Esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas, esto es, dejaron de producir energía", mantenía el auto emitido en julio de 2022.
Fue a finales de diciembre de 2013, en plena Navidad, cuando el precio de la luz generado por Iberdrola empezó a bajar, no por decisión de la compañía, sino por “el cambio de las condiciones meteorológicas”. “Las fuertes borrascas y el viento provocaron la reducción del precio de la energía por la importante aportación de fuentes renovables", mantiene el auto del juez de la Audiencia Nacional. No obstante, hasta entonces, “la consecuencia del artificio urdido y llevado a cabo por los acusados fue la subida del precio de la energía eléctrica en, al menos, 7,156 €/MWh, que ocasionó un perjuicio a la demanda de, al menos, 107.340.000 euros, teniendo en cuenta que la misma en el período objeto de acusación fue de 15.000 GWh y que el mayor coste dimanante de la actuación de Iberdrola, como antes hemos señalado, fue de 7,156 €/MWh".
Facua pide una multa de 107,5 millones para Iberdrola
La supuesta manipulación al alza del precio de la energía eléctrica se habría producido en 2013. Es ahora, diez años después, cuando Iberdrola Generación y sus directivos tienen que declarar por lo que ocurrió entonces. Y es que el propio juez instructor considera que la decisión de inflar el precio de la luz fue adoptada por el equipo directivo de Iberdrola de entonces, formado por los cuatro directivos que tienen que sentarse este martes en la Audiencia Nacional.
Facua ejerce la acusación particular en el caso contra Iberdrola y ha pedido ya a la Audiencia Nacional imponer una multa de 107,5 millones de euros para la eléctrica. Según los datos conocidos sobre lo que ocurrió con el negocio de generación de energía eléctrica de Iberdrola en 2013, la multa de 107,5 millones es cinco veces superior a los beneficios obtenidos por la eléctrica por la supuesta manipulación del precio de la luz, según las cifras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En base a la información recogida por el regulador, Iberdrola habría obtenido un beneficio de más de 21 millones de euros por la supuesta manipulación al alza del precio de la electricidad.
Por su parte, la Fiscalía pide una cantidad inferior de la multa de Facua. Anticorrupción pide una multa económica de 84,9 millones para Iberdrola Generación. En cuanto a los cuatro directivos que deben declarar este martes por lo que ocurrió en 2013 en las centrales hidroeléctricas de Iberdrola, la Fiscalía pide dos años de cárcel para cada uno -además de la inhabilitación de estos para cualquier empleo o cargo público relacionado con el sector energético-, mientras que Facua reclama penas de tres años de prisión y 18 meses de multa, con una cuota de 400 euros al día, por delitos contra el mercado y los consumidores.
¿Qué directivos tienen que declarar por manipular el precio de la luz?
Los cuatro directivos de Iberdrola Generación llamados a sentarse a declarar en la mañana de este martes son Javier Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global de Iberdrola; Ángel Chiarri Toscano, director de Gestión de la Energía; José Luis Rapún Jiménez, responsable de Gestión de Activos y Gregorio Relaño Cobián, responsable de Optimización de la eléctrica en 2013. Además de estos cuatro nombres, Iberdrola como persona jurídica también debe declarar en el juicio que arranca este martes.
Ya en su llamada a declarar en julio de 2022, el juez impuso a cada uno de estos directivos la prestación de una fianza por un importe de más de 107 millones de euros, de los que solo 194.666 euros irían al pago de las multas y los casi 107 millones restantes para garantizar el pago de las responsabilidades civiles. En concreto, el magistrado acordó que Iberdrola Generación prestara fianza por un importe total de 192,2 millones de euros. Así, 84,9 millones de euros del total serían para garantizar el pago de las multas y los 107 millones restantes para garantizar el pago de las responsabilidades civiles derivadas de la supuesta actuación en 2013.
Fuentes de la compañía defienden la actuación "con previsión y consecuente"
Fuentes de la compañía mantienen que el juicio que ha arrancado este martes en la Audiencia Nacional contra Iberdrola Generación y los cuatro directivos se circunscribe en cuanto a una cuestión técnica y no penal. "No existe prueba o indicio que apunte a irregularidad alguna en el precio de la energía. Presentamos un gran cantidad de datos, pruebas e informes de expertos independientes que desmontan las acusaciones", aseguran dichas fuentes a ElPlural.com.
Así, explican que entre noviembre y diciembre de 2013 se dio un periodo extraordinariamente seco y que, por tanto, la eléctrica fijó un precio de 7 euros/MWh. Ante esto, el regulador ya abrió un expediente administrativo y multó a la compañía, que después recurrió. No obstante, en ningún caso se consideró esa actuación como un ilícito penal.
"Iberdrola ha demostrado en la documentación aportada en la Audiencia Nacional que no sólo no se lucró si no que perdió dinero ya que, tal y como demuestran los planes de explotación semanales de la compañía durante las semanas que se enjuician, tuvo una posición compradora de energía en el mercado", defienden las mismas fuentes.
