El pasado 30 de julio, el Tribunal Supremo admitió más de 200 recursos presentados por entidades financieras contra sentencias dictadas hace años que dieron la razón a los consumidores por el cobro de comisiones de apertura en la formalización de hipotecas. Aunque no es la única entidad implicada, la mayoría de esos recursos llevan el sello de BBVA, que tiene que enfrentarse a decenas de miles de demandas en un momento delicado debido a la opa lanzada sobre Sabadell.

La magnitud del problema queda reflejada en las propias cifras del banco. Tal y como la propia entidad reconocía en abril en su Documento de Registro Universal ante la CNMV, BBVA recibió en 2024 un total de 270.000 reclamaciones en España, cien mil más que en 2023. Se trata de un incremento del 59% motivado, en gran medida, por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

"El principal motivo ha sido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en relación a la devolución de los gastos de formalización de préstamos hipotecarios en España (…) y que ha supuesto un incremento del 59% de las reclamaciones en España".

Y es que el banco presidido por Carlos Torres no revela el número exacto de demandas acumuladas por este asunto, pero la oleada resulta evidente: en 2024 el ratio de reclamaciones creció un 6% respecto a 2023, tal y como recoge su Documento de Registro Universal presentado en abril ante la CNMV, lo que refleja claramente el descontento de sus clientes, aquellos que llevan reclamando desde hace diez años la devolución de los gastos que han sido cobrados a la hora de firmar una hipoteca.

Una batalla que lleva una década

Para entender cómo se ha llegado a este punto hay que remontarse a 2015. Aquel año, el Tribunal Supremo declaró abusivas las cláusulas que imponían al cliente todos los gastos derivados de la constitución de una hipoteca. Desde entonces, distintas sentencias han ido precisando qué costes debían asumir los bancos y cuáles correspondían a los usuarios.

El problema fue más allá, tanto que distintos juzgados elevaron consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar detalles y confirmar hasta dónde llegaba la abusividad de estas cláusulas. El Tribunal de Luxemburgo dictó varias resoluciones en 2024 que marcaron el camino: la del 25 de enero y las dos del 25 de abril, dando pie a que el Supremo español interpretara la normativa y fijara criterios.

El Supremo fijó en 2024 que el plazo para reclamar los gastos hipotecarios empieza cuando una sentencia declara nula la cláusula abusiva. Sin embargo, el 19 de junio de 2024, el propio Supremo comunicó que reiteraba su jurisprudencia sobre "el control de la transparencia y abusividad de la comisión de apertura en las hipotecas tras las sentencias del TJUE", reiterando que no cabe "una solución unívoca sobre la validez o invalidez de la cláusula que establece la comisión de apertura, puesto que dependerá del examen individualizado de cada caso".

El banco no oculta que ha llevado buena parte de los casos al Supremo. De hecho, en los autos de admisión se señala que BBVA había "justificado los presupuestos que determinan el acceso al recurso".

Economía Digital se puso en contacto con la entidad, que se ampara en su propia interpretación: "El Tribunal Supremo ya declaró la validez de esta comisión en su sentencia de 23 de enero de 2019. Varias sentencias del TJUE (de julio de 2020, marzo y mayo de 2023), han confirmado que la doctrina del Tribunal Supremo es plenamente respetuosa con la Directiva 93/13. De hecho, el Tribunal Supremo ratificó nuevamente la validez de estas comisiones mediante sentencia de 17 de junio de 2025", recuerdan desde BBVA.

En su defensa, la entidad insiste: "Los recursos planteados por BBVA se basan, precisamente, en que las sentencias recurridas son contrarias a la doctrina del TS y del TJUE".

Los bancos, acorralados por las reclamaciones de sus clientes

Detrás de los fríos autos judiciales y las provisiones millonarias hay miles de familias que llevan años reclamando lo que consideran suyo. Muchos hipotecados recuerdan que, al firmar los préstamos de sus casas, se encontraron con una serie de gastos que el banco imponía sin apenas explicación: notaría, registro, gestoría y, en muchos casos, la comisión de apertura. 

La Sala de lo Civil del Supremo admitió el pasado 30 de julio los recursos presentados por BBVA contra sentencias dictadas entre 2020 y 2022. En esas resoluciones, distintas Audiencias Provinciales habían dado la razón a los clientes frente al cobro de la comisión de apertura. Al igual que BBVA, otros bancos también habáin recurrido a estas sentencias. 

Pero mientras las entidades financieras tratan de defender su posición, los afectados siguen esperando un fallo definitivo que cierre años de incertidumbre. Algunos bancos, como CaixaBank, Unicaja o Kutxabank, sí informan sobre las cantidades provisionadas relacionadas con los gastos cobrados en la firma de hipotecas. En cambio, otros mantienen silencio sobre el verdadero alcance del riesgo.

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