La deriva judicial del Fútbol Club Barcelona parece no tener fin y una nueva investigación aborda ahora al club de la ciudad condal. En esta ocasión, la Agencia Tributaria ha comunicado que abrirá “nuevas actuaciones de comprobación e investigación” relativas al pago del Impuesto sobre la renta de los no residentes (IRNR) enmarcado dentro de las operaciones realizadas con los agentes de los futbolistas. Así se refleja en la resolución del 1 de septiembre de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional a la que ha podido acceder ElPlural.com.
Este nuevo auto aclaratorio recoge que para el desarrollo de estas nuevas actuaciones “se ha procedido a incorporar al expediente administrativo la documentación obrante en los expedientes administrativos de los procedimientos inspectores seguidos respecto de los ejercicios en cuestión (2015 a 2018) y de los ejercicios atinentes al presente procedimiento (2012 a 2015)”. Hacienda sospecha de los pagos del club a los agentes que, a fin de cuentas, son trabajadores directos de los jugadores. En consecuencia, estas cantidades podrían ser incrementos salariales encubiertos y deben tributar como corresponde, sin deducción de IVA ni omisión de IRPF o IRNR.
No obstante, el nuevo auto de la Audiencia Nacional hace constar en su apartado de antecedentes la sentencia del pasado 14 de junio en la que la propia sala aceptaba el anterior recurso contencioso-administrativo del Barça contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo. Esta resolución, que definía acuerdos de liquidación y sancionadores contra el club por la misma causa pero en el periodo 2012-2015, fue anulada por la Audiencia Nacional. Una victoria para el FC Barcelona, que ahora se enfrenta a una nueva investigación. La pretensión del club presidido por Joan Laporta es que se resuelva de la misma manera.
En un intento de cerrar el proceso, desde la entidad han alegado la prescripción de los hechos enmarcados entre 2012 y 2015 y la no apertura de un nuevo proceso sobre hechos ya juzgados. “La sentencia es íntegramente estimatoria de la pretensión del Club demandante. De ahí que resulte totalmente intrascendente el complemento solicitado”, recoge el auto en relación con la prescripción. Sobre la nueva investigación y los periodos a los que atañe, se recoge que las actuaciones sobre procesos posteriores “quedan fuera del ámbito de las presentes actuaciones y, por tanto, del contenido del fallo de la sentencia recaída en autos”.
Imputación por el Caso Negreira
Las últimas semanas no están dando buenas noticias judiciales al Barça, que vio como el pasado 28 de septiembre pasaba a ser imputado en el Caso Negreira. Así lo dictaba el juez Joaquín Aguirre en su auto, en el que indicaba que los pagos del club al antiguo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, podrían constituir un delito de cohecho. Así, la entidad catalana pasó a estar imputada automáticamente con el cambio de criterio, que dará una mayor viveza a las actuaciones.
El cambio es relevante, dado que el delito de cohecho no exige que se demuestre que se amañaron partidos, sino que un funcionario o autoridad pública solicitase dinero o compensación alguna para incurrir en decisiones injustas en los márgenes de sus competencias. En el caso investigado, se da por probado el pago de más de siete millones de euros del Barça a Negreira, padre e hijo, por servicios no justificados. Estos pagos, además, se produjeron en el momento en el que el beneficiario ostentaba un alto cargo en el CTA.
El magistrado considera que, incluso si no pudiese acreditarse que los pagos se realizaron a cambio de un beneficio arbitral, “el delito ya se habría consumado al realizarse el pago”. Joaquín Aguirre va más allá y considera que “Enríquez Negreira tenía consciencia de que se habían producido actos ilícitos en favor del FC Barcelona de bastante gravedad”. De esta manera el proceso avanza y se complica aún más para el club liderado por Laporta.
A la imputación del FC Barcelona como persona jurídica, se suman Negreira, sobre quien pesa un delito continuado de cohecho pasivo, y su hijo en concepto de cooperador necesario. Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, expresidentes del club, junto a Oscar Grau y Albert Soler hacen frente a un delito continuado de cohecho activos. Además, habría que sumar a estas imputaciones los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y administración desleal, que se mantendrían en pie desde la apertura del caso y enfangan el horizonte penal de todos los investigados.
