Los empresarios han mostrado su descontento con la derogación del despido por absentismo laboral justificado por enfermedad que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros y que entrará en vigor mañana jueves, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida no tendrá carácter retroactivo ni afecta a las demandas que estén actualmente en los tribunales.
El Gobierno suprimió el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que hasta el momento permitía a la empresa despedir al empleado "por faltas de asistencia al trabajo, aunque sean justificadas, pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos".
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, así como Lorenzo Amor, presidente de ATA, organización de autónomos integrada en la propia CEOE, han respondido a la medida del Gobierno solicitando que la Seguridad Social sea quien se responsabilice del salario del trabajador en los primeros siete días de baja.
En cifras, según el último informe de Adecco y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, las horas perdidas por absentismo laboral en las empresas españolas suponen que 753.000 trabajadores no van a trabajar durante un año. Esto se traduce en un coste directo para las empresas de 6.900 millones de euros al año.
Garamendi ha asegurado que no entiende "la urgencia de suprimir un artículo que lleva 40 años en el Estatuto de los Trabajadores". Asimismo, advirtió al Gobierno de que "lo que tiene que hacer es profundizar en las causas de la reiterada ausencia al trabajo, porque el absentismo profesional es una realidad en España".
En la misma línea, Gerardo Cueva, representante de Cepyme, denuncia que el Gobierno no haya negociado la medida en el diálogo social y por su parte, Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios, asegura: "Su eliminación corre el riesgo de incitar al abuso y a mayores niveles de fraude por absentismo".
