La desigualdad ha sido uno de los aspectos que más han lastrado el bienestar económico de nuestro país en la última década. Más allá de la valoración ética que hagamos de lo que consideramos un nivel aceptable de desigualdad, lo cierto es que la evidencia apunta a que una sociedad desigual acumula más problemas sociales, como obesidad, fracaso escolar, embarazos prematuros, o desconfianza entre los ciudadanos. También apunta a un crecimiento económico menos consistente: las sociedades más igualitarias tienden a tener períodos de crecimiento más prolongados en el tiempo, y menos recesiones.

España destaca por sus altos niveles de desigualdad, comparados con el promedio de la Unión Europea: de acuerdo con los datos ofrecidos por Eurostat, y medido en términos de Gini, España se sitúa entre los países más desiguales de la Unión Europea, con un índice de Gini de 32 puntos, el mismo nivel que tiene Rumanía, y sólo superado por Lituania, Letonia e Italia. Es cierto que esta medida de la desigualdad ha decaído notablemente en los últimos años, pues llegó a situarse en el 34,7 en 2014. Los estudios históricos, como el desarrollado por Olga Cantó y Luis Ayala, muestran que cuando hay una crisis económica, la desigualdad sube como un cohete, pero cuando España disfruta de una recuperación, la desigualdad baja con la lentitud de una pluma.

Con este nivel de desigualdad, es relevante también el indicador AROPE, un indicador europeo que mide las personas que se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social, medida como un indicador compuesto por la pobreza monetaria -tener una renta por debajo del 60% de la renta mediana- la privación material y la baja intensidad en el empleo. España se sitúa en el 26% de la población, sólo superado por Rumanía, Bulgaria y Grecia. Es particularmente relevante que esta tasa AROPE afecta más a las personas más jóvenes, un cambio de estructura que se dio en la anterior crisis. Hasta ese momento, el riesgo de pobreza castigaba particularmente a las personas mayores, pero la crisis financiera invirtió las tornas y hoy es la infancia y la juventud la que más sufre las consecuencias de la pobreza.

Los factores asociados a estos altos niveles de desigualdad, en el caso de España, están relacionados con dos factores fundamentales: el mercado de trabajo y la capacidad redistributiva del sistema fiscal.

En el caso del mercado de trabajo, y pese a los avances producidos en los últimos años con la subida del Salario Mínimo Interprofesional y la lucha contra la temporalidad, lo cierto es que un 12% de las personas que trabajan lo hacen para no salir de la pobreza. La cifra ha permanecido invariable en los últimos años. El aumento del SMI ha permitido reducir la desigualdad salarial medida en términos de salario por hora trabajada, pero el todavía alto desempleo y el alto porcentaje de personas subempleadas hace que estos efectos positivos no se trasladen totalmente a la población trabajadora: el índice de personas con baja intensidad laboral sigue siendo particularmente alta.

El segundo factor de una alta desigualdad en nuestro país tiene que ver con el escaso efecto redistributivo de nuestro sistema fiscal. Aunque los últimos datos ofrecidos por FEDEA señalan hacia una fuerte intensificación de la capacidad redistributiva de nuestro sistema fiscal, particularmente gracias a las medidas sociales puestas en marcha en 2020, queda mucho por hacer en este ámbito. La medida estrella de lucha contra la pobreza, el Ingreso Mínimo Vital, ha recibido una dura evaluación por parte de la Autoridad Fiscal Independiente de Responsabilidad Fiscal, que reconoce la bondad del instrumento, pero que señala las dificultades de implementación.

Estas condiciones de desigualdad se habían comenzado a revertir entre 2020 y 2022, de manera que pese a estos datos, la fortaleza del mercado laboral y el mayor efecto redistributivo del sistema fiscal había iniciado una tendencia que se ha visto fuertemente distorsionada con la irrupción de la crisis de precios de 2022. Queda todavía mucho análisis por desarrollar en este ámbito, pero las primeras evaluaciones de las medidas desarrolladas en 2022 apuntan a un potente efecto redistributivo en términos generales, tal y como lo señaló también la AIReF.

Lo que parece claro es que la desigualdad en España sigue siendo un factor relevante para entender nuestro país, y que se requieren de medidas y actuaciones decididas para mitigar sus efectos y reducir sus impactos, particularmente en lo relativo a la pobreza infantil, que es totalmente inaceptable en un país que pretende estar en el liderazgo de la Europa social.

España ha apoyado decididamente la profundización del pilar social de la Unión Europea, y los trabajos desarrollados para desplegar la agenda de la garantía infantil en España está comenzando su andadura, bajo la atenta mirada de las organizaciones sociales y con el impulso del Alto Comisionado de lucha contra la Pobreza Infantil, una magnífica idea que debería ser dotada de más poder dentro de la definición de las políticas públicas. Un país maduro debería tomarse en serio la lucha contra la pobreza infantil, que supone una amenaza para el futuro mucho más peligrosa que la deuda pública. Si el futuro que discutimos en estas elecciones no pone este tema en su agenda de una manera clara y decidida, cometeremos un grave error que pagaremos más adelante. Estaría bien saber qué medidas plantea cada partido político para luchar contra esta lacra