El alumnado andaluz de la escuela pública vuelve a ser el gran perjudicado de los recortes del PP. Moreno Bonilla ha decidido suprimir los auxiliares de conversación nativos, una figura fundamental que durante más de 25 años ha enriquecido las aulas bilingües de Andalucía. A partir del curso 2025-2026, que comienza en unos días, por primera vez en décadas, ningún centro público contará con estos jóvenes que ayudaban a mejorar el aprendizaje de idiomas. Una decisión que supone menos apoyo en clase, menos oportunidades para el alumnado y más desigualdad.
¿Quién gana con este nuevo ataque a la educación pública? Ganan las academias privadas, ganan los colegios privados, pierden las familias trabajadoras. Porque cuando se quita un recurso de tanto valor, los estudiantes que puedan permitírselo pagarán clases de refuerzo en academias o buscarán entornos privados donde aún exista el apoyo de nativos. El resto, los de la escuela pública, se quedarán sin esa oportunidad. Una vez más, se repite la fórmula del PP: deteriorar lo público para beneficiar lo privado.
Durante más de dos décadas, miles de jóvenes nativos —recién graduados y llenos de ilusión— viajaban a Andalucía para pasar ocho meses en nuestros colegios e institutos. Su papel no era sustituir al profesorado, sino complementarlo: ayudaban al alumnado a perder el miedo a expresarse en otro idioma, aportaban naturalidad en la pronunciación, transmitían cultura y, al mismo tiempo, aprendían nuestro idioma y se integraban en la vida local.
La desaparición de este recurso supone, en palabras de los sindicatos, un “golpe gravísimo” a la calidad de la enseñanza de lenguas extranjeras. No se trata de un lujo, sino de una herramienta que garantizaba que cualquier alumno, independientemente de su situación económica, pudiera acceder a una formación con un componente internacional real.
El patrón es claro: cuando un servicio público pierde calidad, las familias que pueden permitírselo buscan fuera lo que dentro se les niega. Y esa es la gran ventaja de las academias y centros privados: captar a las familias que no quieren que sus hijos se queden atrás en idiomas. El mensaje implícito es demoledor: “Si quieres que tu hijo practique con un nativo, paga”.
No es casualidad. La política educativa de Moreno Bonilla se mueve en esa dirección desde hace años: menos recursos en la pública, más espacio para el negocio privado. Lo hemos visto en sanidad, con las derivaciones a clínicas privadas. Lo vemos en vivienda, con la entrega de suelo público a constructoras. Y ahora en educación, desmontando el bilingüismo que durante dos décadas fue una seña de identidad en Andalucía.
El bilingüismo en Andalucía no es un capricho. Desde 2005, más de mil centros públicos han incorporado enseñanzas bilingües, llegando a 1.264 en el curso 2023/24. Aunque con luces y sombras, el modelo permitió que cualquier estudiante, desde una aldea de la Sierra hasta una ciudad costera, tuviera acceso a una educación con dimensión internacional.
El papel de los auxiliares era clave en esa ecuación. Su presencia suponía un “plus” que marcaba la diferencia: un acento real, una conversación espontánea, un contacto directo con otra cultura. Todo eso desaparece de un plumazo, sin alternativa real para las familias.
Desde la Junta se intenta justificar esta decisión hablando de problemas legales y administrativos. Alegan que el Gobierno central exige dar de alta en la Seguridad Social a los auxiliares, lo que encarece el programa. Pero lo cierto es que ninguna otra comunidad autónoma ha suprimido la figura, y en todas sigue funcionando. ¿Por qué solo en Andalucía se rompe el acuerdo?
La realidad es que, en lugar de buscar soluciones o adaptar el modelo, Moreno Bonilla opta por el camino más fácil: recortar y culpar a otros. Y en esa decisión siempre hay beneficiarios claros: los centros privados, las academias de idiomas, todo un mercado que espera recoger a las familias expulsadas de la pública. El mensaje político es claro: lo público no es prioritario, lo privado sí.
Los sindicatos educativos han denunciado con dureza la medida. UGT habla de “otro paso más en el deterioro de la educación pública andaluza”, mientras que USTEA acusa directamente a la Junta de optar por el recorte en lugar de buscar soluciones legales y éticas.
En paralelo, los docentes recuerdan que la figura del auxiliar estaba ya precarizada, con contratos opacos disfrazados de becas y con condiciones muy mejorables. En lugar de regularizar la situación y dignificar el trabajo, la Junta prefiere eliminar el programa.
La pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿qué será lo próximo que Moreno Bonilla recorte? Si el programa de auxiliares de conversación desaparece hoy, mañana podría ser el bilingüismo en su conjunto. No sería extraño: ya se han recortado reducciones horarias, se ha sobrecargado al profesorado y se ha restado importancia a la enseñanza de idiomas en el currículo.
Lo cierto es que todo lo que toca Moreno Bonilla en lo público, lo destruye o lo privatiza. Y la educación no es la excepción. Andalucía corre el riesgo de convertirse en una tierra donde la calidad educativa dependa del bolsillo de cada familia, en lugar de ser un derecho garantizado para todos.
La supresión de los auxiliares de conversación no solo es un error pedagógico, sino también un fracaso político. Se rompe un puente de intercambio cultural que beneficiaba tanto a los alumnos andaluces como a los jóvenes nativos que llegaban. Muchos de ellos regresaban después como profesores, mantenían vínculos con los centros y creaban lazos internacionales duraderos.
Ese espíritu de apertura y colaboración internacional se desvanece, sustituido por un silencio que empobrece las aulas. Y lo peor es que se pierde sin haber intentado alternativas viables: una negociación seria, una fórmula contractual adaptada o una apuesta real por dignificar esta figura.
La eliminación de los auxiliares de conversación en Andalucía es mucho más que un problema administrativo. Es un símbolo del rumbo que ha tomado la Junta bajo Moreno Bonilla: recortar primero, justificar después y dejar que la factura la paguen los de siempre.
El alumnado andaluz, sobre todo el de familias con menos recursos, será el gran perjudicado. La brecha educativa se ensancha, la igualdad de oportunidades se resquebraja y el futuro de miles de jóvenes se ve limitado por decisiones políticas cortoplacistas.
La educación pública no necesita excusas ni recortes, sino inversión, compromiso y visión de futuro. Y mientras en otras comunidades se sigue apostando por reforzar el aprendizaje de idiomas, en Andalucía se cierra una puerta que costará mucho volver a abrir. Porque destruir siempre es más fácil que construir. Y Moreno Bonilla, una vez más, ha elegido el camino de la destrucción.
