Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha vuelto a cargar la responsabilidad de la gestión de incendios al Gobierno central mientras protege a sus presidentes autonómicos, quienes tienen las competencias de la prevención y gestión forestal. A su vez, el popular ha planteado 50 medidas contra los incendios, entre las que se encuentra el registro de pirómanos, profesionalizar Protección Civil y más ayudas.
“Hemos trabajado en una respuesta integral con 50 medidas para las zonas afectadas que comprenden la ayuda inmediata a las personas, la reparación de pueblos, la recuperación del patrimonio forestal y de empleos, y la preparación ante futuros eventos”, ha señalado Feijóo, subrayando que las propuestas de su partido responden a tres objetivos: atención ágil a los afectados, recuperación de los entornos y empleos destruidos, y garantías para que “una tragedia de estas dimensiones no vuelva a ocurrir”.
No obstante, a lo que no ha hecho referencia Feijóo es a la responsabilidad de sus presidentes autonómicos en estas catástrofes, que ya han calcinado miles de hectáreas en comunidades como Galicia o Castilla y León, bajo el mando de los populares Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente.
El líder del PP ha remarcado que “no pretende enzarzarse en broncas partidistas ni en el ‘tú más’”, no obstante, ha denunciado que “el Gobierno central ha fallado en su prevención” porque “no ha puesto todos los medios disponibles”, “ha habido menos medios activos en este agosto que el año pasado” y “se tardó cinco días en pedir ayuda a la Unión Europea”.
Pero la realidad es muy distinta, ya que ni Galicia, ni Extremadura ni Castilla y León habían pedido ayuda alguna cuando los incendios llevaban tres días debocados, no lo hicieron hasta la noche del viernes 15 de agosto. Y mientras, por ejemplo, Galicia pedía al Gobierno más motobombas cuando las suyas estaban paradas porque no tenían conductores, Castilla y León exigía más medios del Ejército cuando tenía sin utilizar varios puestos de mando ya instalados.
Las medidas que propone el Partido Popular
Tras la reunión del comité de dirección, con el que el PP ha reanudado la actividad habitual tras las vacaciones veraniegas, Alberto Núñez Feijóo ha presentado ante la prensa sus propuestas de cara a mitigar la ola de incendios y a prevenir las que pudieran darse en el futuro.
Entre las medidas más destacadas está la creación de “un Registro Nacional de Pirómanos en el que formen parte todas las personas condenadas, mediante sentencia firme, que hayan producido un incendio en cualquier lugar de España”. Este registró conllevaría la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización.
Los de Feijóo también proponen “establecer criterios objetivos, transparentes y vinculantes, para el abordaje automático de las emergencias, bajo el liderazgo de profesionales de acreditada experiencia”.
Entre las medidas económicas del plan, figuran: alojamiento temporal de los damnificados, garantía de que nadie se quede sin su vivienda habitual o segunda residencia por los fuegos, exención temporal de impuestos para localidades, empresas y particulares afectados, y ayudas a la alimentación del ganado. Además, proponen la declaración expresamente Zona de Actuación Especial para la Restauración Forestal y Medioambiental las zonas afectadas, aprobándose líneas de financiación y avales sin coste financiero, y “ayudas del 100% para municipios y CCAA para gastos urgentes”.
En este plan, Feijóo también ha confirmado que incluye la solicitud inmediata del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, con anticipo íntegro para municipios afectados, y una Adenda al Plan de Recuperación y Resiliencia de los Fondos Next Generation orientada a la lucha contra incendios.
Asimismo, se propone incentivar en el Plan Estratégico de la PAC las prácticas que contribuyan al mantenimiento de los montes como “remunerar a los agricultores, ganaderos y trabajadores del monte que lleven a cabo prácticas sostenibles de captura de CO2, prevención de incendios y mitigación del cambio climático”.
Otras medidas destacadas pasan por la convocatoria urgente de las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Transición Ecológica y Reto demográfico y del Consejo Agrario, y reforzar la estructura de la UME, con la creación de nuevos batallones.
