La Xunta de Galicia contrató prolíficamente a Equipo Económico, el bufete desde el que el otrora ministro de Hacienda Cristóbal Montoro intercambiaba leyes favorables a cambio de beneficios económicos. Esta consultora, desde donde se centralizaron las operaciones que ahora son estudiadas por la Justicia y que han provocado la imputación del exministro y de todo su equipo al frente de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy, fue, entre otras cosas, contratada por el Ejecutivo autonómico de Alberto Núñez Feijóo para la realización de “un informe sobre las cuestiones a valorar de cara a la creación de una agencia tributaria en Galicia”.
Este es solo uno de los numerosos contratos de la Xunta de Galicia con Equipo Económico a los que ha podido acceder ElPlural.com. De hecho, el importe de este informe fue de 10.440 euros y el órgano contratante fue la secretaría general de patrimonio y Hacienda del Gobierno autonómico. Este informe, realizado por la polémica consultora, fue entregado el 21 de abril de 2010. La Xunta abonó el importe por el mismo apenas dos meses después, el 22 de junio del mismo año.
El montante de todos los contratos a los que ha tenido acceso ElPlural.com, realizados en su totalidad entre el año 2009 -fecha de entrada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia de la Xunta de Galicia- y 2011, asciende hasta los 172.838 euros por 13 conceptos diferentes -cuatro el primer año, seis el segundo y tres el tercero-. Las consejerías contratantes fueron la de Hacienda, en diez ocasiones, y la de Presidencia las tres restantes.
Equipo Económico y la influencia de Montoro
Equipo Económico es la firma que se sitúa como epicentro del bautizado como ‘Caso Montoro’, que afecta no solamente al que fuera ministro de Hacienda con Mariano Rajoy en Moncloa, sino a un nutrido montante de nombres propios de por aquel entonces tanto políticos como empresariales. También estuvieron involucrados administraciones conservadoras -como es el caso de la Xunta de Galicia cuando Alberto Núñez Feijóo la capitaneaba- o el propio Partido Popular (Génova).
Fundado en 2006 por el que fuera responsable del departamento de Hacienda, éste conectó a empresas privadas con decisiones ministeriales que resultaron clave. Asimismo, espacios públicos la financiaron. Más allá del caso que centra esta información, cabe destacar que el bufete -en la práctica mucho más que eso, pues mercadeaba con favores- operó con una apariencia de solvencia técnica que le permitió facturar más de 70 millones de euros en menos de veinte años.
El despacho reunió a nombres propios del momento y de sobra conocidos entre las filas del PP como Luis de Guindos o Rafael Catalá, a posteriori ministro de Justicia también con Rajoy. En todo este maremágnum, Montoro explicaba que se había desvinculado de Equipo Económico en 2008, pero lo cierto es que varios de sus colaboradores ocuparon puestos de calado durante su mandato. Esto, según la acusación, favoreció que la firma actuara como consultora paralela con acceso privilegiado a la administración.
En un informe más reciente, los Mossos d’Esquadra revelaron la dimensión del bufete, cuya línea de operación abarcó reformas legislativas a favor de compañías privadas a cambio de pagos millonarios, sobre todo en sectores tan concretos como el gasístico o el del juego.
En este sentido, nombre como Codere, de apuestas, estuvo involucrado, pero también otras como Madrid Network, una entidad financiada por la Comunidad de Madrid por Esperanza Aguirre y en la que trabajó la actual presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso.
Para más inri, la actuación del despacho va más allá del tráfico de influencias, y es que la fiscal que lleva el caso acusó a la entidad utilizar sus contactos institucionales para modificar normativas a favor de sus clientes, como pasó con la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).
