El Consejo de Ministros abre este martes el nuevo curso político, tras las vacaciones veraniegas, con el primer paquete de medidas de respuesta a la ola de incendios que han arrasado más de 350.000 hectáreas en España y declarará la zona afectada por emergencia de protección civil en varios de los territorios afectados. Éste será el primer paso para la concesión de ayudas económicas y fiscales a la población y las empresas damnificadas.
Este lunes, todo el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha regresado de las vacaciones y ha retomado la actividad política, copada por los incendios forestales que después de quince días siguen afectado a amplias zonas de España, especialmente a las provincias de Ourense y León.
La declaración de zona catastrófica que aprobará este martes el Consejo de Ministros puede ir seguida, entre otras medidas, de ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad, aunque La Moncloa todavía no ha avanzado los detalles.
Además, el Consejo de Ministros relanzará una comisión interministerial para dar respuesta al cambio climático. Al frente del organismo se situará la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien contará con la colaboración del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como responsable de Protección Civil.
El principal cometido de esta comisión será impulsar el pacto de Estado por el clima anunciado por Pedro Sánchez la pasada semana. El presidente del Gobierno manifestó que su vocación es involucrar a la sociedad civil y a todas las administraciones, incluidas las comunidades gobernadas por el Partido Popular, en la lucha contra el cambio climático.
En este sentido, Sánchez avanzó que llevará el debate a la Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebrará en Asturias en el último cuatrimestre del año para convertir a las autonomías en una “pieza esencial” del mismo, y lograr “unidad” política para “implementar todas las políticas de prevención, respuesta y reconstrucción” cuando se produzcan estas “calamidades”. Los populares, sin embargo, recelan de sus intenciones y han asegurado que no apoyarán este pacto de Estado por el clima.
Confrontación política por la gestión de los incendios
Pese a que es la Constitución española de 1978 la que señala en su artículo 148 que las comunidades autónomas tienen las competencias en “los montes y aprovechamientos forestales” y en “la gestión en materia de protección del medio ambiente”, y que la gestión en materia de protección del medio ambiente está regulado a través de los estatutos de autonomía, desde el Partido Popular siguen desarrollando la estrategia de evasión de responsabilidades de sus presidentes autonómicos para culpar al Gobierno central de la falta de recursos y medios para la extinción del fuego.
La escalada verbal alcanzó el nivel máximo de tensión cuando el vicesecretario de Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, llamó “pirómana” a la directora general de Emergencias, Virginia Barcones, un día después de que esta reprochara a los gobiernos autonómicos del PP que le pidieran “cosas imposibles” y enviaran “una lista innumerable” solicitando medios para “no tener que hablar de su propia gestión” en la extinción de los incendios forestales.
Después se ha conocido que los presidentes del PP, concretamente Alfonso Rueda, Alfonso Fernández Mañueco y María Guardiola, reclamaran a Pedro Sánchez el doble de aeronaves de las que dispone toda la Unión Europea, entre otras peticiones.
El PP se ha repartido los papeles con sus barones para atacar la gestión del Ejecutivo desde Madrid y guardar la institucionalidad en sus comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en gestión forestal y quienes durante años en comunidades como Galicia y Castilla y León llevan recortando, abandonando y privatizando el operativo anti incendios, así como se ha llegado a afirmar que mantener este operativo en invierno es innecesario.
Este lunes, en una vuelta de tuerca más, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado la presentación de cincuenta medidas contra los incendios, entre las que destaca un registro de pirómanos, profesionalizar Protección Civil y más ayudas. Feijóo ha propuesto estas medidas que son sus propios presidentes autonómicos los responsables de ponerlas en marcha, pero sin hacer un mínimo de crítica a la gestión de sus barones.
