El Congreso de los Diputados ha apoyado mayoritariamente (289 votos a favor, 60 abstenciones y ninguno en contra) la reforma de las hipotecas que acordó Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con la Banca. El acuerdo suscrito entre las entidades financieras y el Gobierno se alcanzó el pasado 21 de noviembre con la intención de aliviar el peso de los préstamos hipotecarios en la economía de las familias, acrecentado por las constantes subidas de los tipos de interés acometidas por el Banco Central Europeo (BCE).
"Hoy el Congreso está haciendo verdaderamente su función convalidando el real decreto ley que beneficia a las familias y ciudadanos españoles", ha destacado la vicepresidenta primera en declaraciones en el Congreso de los Diputados previas a la votación. "Es muy buena noticia", ha apuntado con evidentes signos de satisfacción.
A expensas de que finalice la reunión mantenida en el seno del organismo económico para decidir sobre el precio del dinero, los diputados españoles han aprobado el paquete de medidas para dar respuesta al rally alcista del BCE. La nueva subida de los tipos de interés será, salvo sorpresa mayúscula, de 50 puntos básicos, lo que sitúa el índice que determina el precio del dinero en el 2,5%, aproximándose al valor del 3% que se prevé se alcance antes de la próxima primavera. Este incremento afecta directamente al Euríbor, valor al que, a su vez, están ligadas la gran mayoría de hipotecas variables.
Esta es la cuarta subida consecutiva que acomete la entidad europea, aunque, en esta ocasión, el incremento será menor en comparación con los 75 puntos de finales de octubre. No obstante, a pesar de lo que algunos han optado por denominar “desaceleración de la subida”, lo cierto es que las hipotecas volverán a encarecerse y alcanzarán valores récord. Si bien la subida únicamente afectará directamente a las hipotecas de tipo variable cuya revisión se encuentre próxima; indirectamente también influirá en los préstamos de nueva constitución, tanto variables como fijos.
Esto se debe a que el tipo fijo, impulsado por el variable, se sitúa ya por encima del 3% o, en algunos casos, por encima del 4%. Esta estrategia de los bancos tiene dos vertientes: o empujar a los clientes al tipo variable o, como mínimo, garantizarse tipos fijos elevados. Eso sí, las hipotecas fijas ya suscritas pueden estar tranquilas, ya que, el porcentaje acordado es inamovible. Para el resto de hipotecas, menos afortunadas debida la situación, el Ejecutivo ha aprobado, con el apoyo de la Cámara Baja, una reforma destinada a auxiliar a las familias más castigadas por las políticas del BCE y que el Ejecutivo estima pueda beneficiar a más de un millón de familias.
¿En qué consiste la reforma hipotecaria?
El acuerdo alcanzado entre Gobierno y entidades bancarias recoge que todas aquellas personas que se consideren como deudores vulnerables podrán solicitar la reestructuración de su préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante un periodo de carencia de 5 años. Es decir, el Euríbor se mantendrá congelado en -0,1% durante el periodo de carencia. También se amplía el plazo en dos años para solicitar la dación en pago de la vivienda.
Sin embargo, la medida impulsada por el Gobierno no se queda ahí, si no que, ampliando su ámbito de actuación, permite que aquellas familias con renta inferior a 25.200 euros al año (tres veces el IPREM) y que dediquen más del 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca, puedan acogerse al Código de Buenas Prácticas de la banca con una carencia de 2 años, un tipo de interés menor durante la carencia y un alargamiento de dicho periodo de hasta 7 años. A esto se suma la reducción de los gastos y comisiones con el objetivo de facilitar y abaratar el cambio de tipo variable a tipo fijo y se eliminan durante todo 2023 las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca de tipo variable a fijo.
También podrán beneficiarse los hogares con una que no supere en tres veces y media el IPREM (29.400 euros anuales) con hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022, una carga hipotecaria superior al 30% de su renta y que haya subido al menos el 20%. Para ellos, las entidades financieras deberán ofrecer la posibilidad de congelación durante 12 meses de la cuota, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta 7 años. En otras palabras, mismo mecanismo con variación de cifras.
¿Cuánto tendrán que pagar las familias beneficiadas?
La pregunta resulta obligada y la respuesta puede suponer llegar a fin de mes para muchas familias. Ahora bien, teniendo en cuenta una hipoteca media de 150.000 euros a devolver a 30 años, el pago mensual ascendería en este momento a los 416,66 euros, rozando las variables revisadas los 700 con las subidas del Euríbor. Sin embargo, con la nueva medida y, a la espera de la decisión final sobre la revisión de los tipos de interés, verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de 5 años hasta en un 50%, situándose en unos 208,33 euros.
Existirá una autoridad de supervisión
Para garantizar el cumplimiento del acuerdo, se creará una Autoridad de Defensa del Cliente Financiero (ADCF) que supervisará y dará cumplimiento a las medidas contempladas en el pacto alcanzado y aprobado en el Congreso. Este organismo, que fue avalado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se encargará de la tarea de supervisión que estaba repartida hasta ahora entre tres instituciones (CNMC, BdE y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones).
Es más, tendrá el poder de "resolver, extrajudicialmente, los conflictos que puedan derivar del incumplimiento del acuerdo", confirmaba Calviño en el momento de constatación del acuerdo. Además, confirmaba que también "tendrá capacidad sancionadora" y sus decisiones "serán vinculantes por debajo de los 20.000 euros". De igual manera, solicitará al Banco de España (BdE) que “elabore una guía” que delimite la línea de actuación y guie a esta autoridad que, espera, “se creé de cara al año próximo”."De forma gratuita, los ciudadanos pueden tener una respuesta rápida, en un plazo máximo de 90 días, que será vinculante por debajo de los 20.000", sentenciaba.
