El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos sobre la Ley de Vivienda incluye la regulación del precio del alquiler para bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios, especialmente en zonas donde el mercado está tensionado, decisión que dependerá de los ayuntamientos y comunidades autónomas. También establece que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de "congelación de precios e incentivos fiscales", de cara a poder también reducir el precio del arrendamiento.

Según detalla Unidas Podemos, se ha superado el principal escollo de las negociaciones con las obligaciones para grandes propietarios, que serán los que dispongan de 10 o más viviendas. Además, han detallado que habrá una retirada de “privilegios fiscales” y se podrá forzar una bajada por ley de las rentas y para "todos los contratos", así como fijar un importe tope que dependerá de un índice de referencia.

También se establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos. La futura normativa también apuesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida. El 15%, se dedicará a alquiler social. Por otro lado, se establecerán medidas de protección para los desahucios centrados en la población vulnerable. 

 

Por su parte, Aina Vid, diputada de Unidas Podemos y dirigente de En Común Podem, celebra que se haya "abierto paso" para plasmar una Ley de Vivienda que regule el precio del alquiler, algo necesario para también articular los Presupuestos de la "recuperación". Mientras, Isabel Serra, coportavoz de Podemos, ha ensalzado que esta ley que “por fin pone freno a los abusos de los fondos buitre para garantizar vivienda digna”

La elaboración de la Ley de Vivienda estatal con regulación del alquiler ya fue acordada entre los socios de Gobierno en el pacto sobre las vigentes cuentas públicas, y también estaba pautado en el acuerdo de coalición. De hecho, esta mañana ha transcendido el acuerdo en el seno del Gobierno de coalición para dar próximamente luz verde a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 y a la Ley de Vivienda, que tenía que haberse aprobado hace siete meses.

Este pacto permitirá al Gobierno aprobar próximamente las cuentas estatales. De hecho, el pasado lunes, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, y Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, se ha vuelto a reunir para constatar la diferencia sobre la regulación del precio del alquiler a grandes propietarios.