Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos, ha defendido este miércoles en el Congreso de los Diputados como "equilibrado" el texto de la futura Ley de Vivienda, asegurando que la nueva regulación protege a inquilinos, "clases medias" y seguridad jurídica. "Hemos estado trabajando en una negociación muy intensa precisamente para lograr un texto equilibrado, que proteja a los inquilinos, pero también a las clases medias y, sobre todo, la seguridad jurídica", ha asegurado durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la Cámara Baja.
Durante su ponencia en la Comisión, a la que ha acudido para presentar el informe anual 2020 de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi), la vicepresidenta económica ha sido interpelada por grupos de la oposición, como el Partido Popular (PP), Vox o Ciudadanos, por la nueva Ley de Vivienda. Concretamente, estas formaciones han rechazado el control de precios del alquiler que habilitará la nueva regulación, ya que permite a los ayuntamientos rebajar los precios del alquiler cuando se declaren subidas abusivas, en caso de que sean viviendas propiedad de grandes tenedores (con diez o más propiedades).
Calviño por su parte, ha expuesto que esta nueva ley "es una pieza de la política de vivienda del Gobierno" y que "naturalmente no sirve para resolver los problemas acumulados durante décadas", y que por ello ha defendido complementarla con otras medidas, como el apoyo a los jóvenes, la rehabilitación o el parque público. Además, la ley, consensuada con Unidas Podemos, ha sido el aliciente que ambos socios de Gobierno necesitaban para poder llegar a un acuerdo respecto al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 2022, que se presentarán en un Consejo de Ministros Extraordinario el jueves,
Por parte del PP, su portavoz económico, Miguel Ángel Castellón, ha lamentado que esta regulación "sólo vaya a servir para espantar la inversión", por causar "inseguridad jurídica" y cree que el recargo en el IBI que habilita para las viviendas vacías supone "freír a impuestos" a los propietarios.
