PSOE y Unidas Podemos cerraron un acuerdo para impulsar una nueva Ley de Vivienda que limitará el precio de los alquileres. La medida no ha caído en gracia en la derecha, que ha salido en tromba a criticarla e incluso advertencias de llevarla ante el Tribunal Constitucional. A su vez, varias comunidades con gobiernos del Partido Popular, entre ellas Andalucía, han rechazado su implementación. En el caso de la Junta resulta llamativa su postura, pues sí mantienen las ayudas al alquiler de los altos cargos, algo que censuraban desde la oposición.
La futura Ley de Vivienda, fruto del acuerdo entre los dos socios de la coalición de Gobierno, forzará a los grandes propietarios para bajar los alquileres en las zonas donde éstos se disparan y, a su vez, obligará a los particulares a congelarlos. Asimismo, se creará un bono de 250 euros mensuales para facilitar la emancipación de los jóvenes.
Desde la Junta trasladan que la proposición del Ejecutivo estatal está cargada de “intervencionismo” y creen a pies juntillas que provocará el “efecto contrario” al que busca en su origen. La consejera andaluza de Fomento, Marifran Carazo, ha equiparado esta medida con su aplicación en otros países, donde ha generado, a su juicio, la retirada de inversiones y el “aumento de los precios” de los alquileres. “Esa no es la solución”, deslizó.
La consejera advierte de que el Ejecutivo regional trabajará en la dirección opuesta a la Administración de Pedro Sánchez. Promocionarán nuevas vivienda protegidas de alquiler a precio asequible mediante participación de ayuntamientos y empresas privadas. “Las medidas de la ley afectan al derecho a la propiedad privada”, agregó Carazo.
Incongruencias en la Junta
El discurso del Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía sobre la Ley de Vivienda choca frontalmente con la posición mantenida desde 2019 relativa a las ayudas destinadas a los altos cargos del Ejecutivo para el alquiler de viviendas. Ambos partidos, durante sus años en la oposición, utilizaron este hecho como arma arrojadiza contra la entonces presidenta andaluza Susana Díaz.
Pero lo cierto es que, durante el año 2019, la Junta de Andalucía destinó 1.060.873,14 euros al bono para altos cargos desplazados a Sevilla. En 2020, a pesar de la pandemia, el montante no decayó, sino que se encontraba en proyecciones alcistas. Hasta octubre del pasado ejercicio, el Gobierno regional había gastado algo menos de 900.000 euros en dinero público destinado a sufragar las 79 “casas gratis” de la jet set de la Junta de Andalucía.
Cuando Moreno Bonilla criticaba abiertamente estas prácticas con el anterior equipo de Gobierno eran 56 los altos cargos los beneficiados por el complemento.
No solo han aumentado los beneficiados, también las cantidades. Si hace unos años el tope estaba en 1.357,72 euros al mes, ahora llegan a los 1.458,80 euros, una cantidad que según cuenta el citado medio supone un nivel muy alto comparando el precio del alquiler en la capital hispalense.
