La nueva Ley de Vivienda blindará los pisos de titularidad pública durante los próximos 30 años mediante la prohibición de la venta de estas viviendas por parte de la Administración Pública a entidades privadas, donde entran los fondos de inversión. Es una de las propuestas principales de Unidas Podemos en la nueva ley y para ello se establece un régimen de protección permanente que excluye a las viviendas públicas de su recalificación.

En Podemos celebran haber incluido este punto en el acuerdo alcanzado con el PSOE el pasado martes para la futura Ley de Vivienda. La formación morada justifica esta prohibición con el objetivo de evitar que los pisos de titularidad pública pasen a titularidad privada y que después puedan ponerse a la venta en el mercado libre. Con la redacción de esta cláusula, la calificación de un suelo establecido como reserva para vivienda en régimen de protección pública “no podrá modificarse”, excepto en casos excepcionales.

El matiz supone que podrá hacerse en aquellos casos en los que el instrumento de ordenación urbanística justifique la "innecesaridad de este tipo de viviendas o la imposibilidad sobrevenida de dicho destino, con independencia de que puedan modificarse las condiciones de la vivienda protegida para atender a la demanda y necesidades del ámbito territorial", reza el texto.

Además, detalla que las viviendas protegidas situadas en estos suelos "estarán sometidas a un régimen de protección pública permanente que excluya la descalificación, en tanto se mantenga la calificación de dicho suelo". Es decir, estarán sometidas de forma permanente a ese régimen de protección pública, con una salvedad que puede prever la normativa autonómica.

Excepciones

"En caso de que exista causa justificada debidamente motivada para su descalificación o para el establecimiento de un plazo de calificación con la fijación del número de años de esta, que como mínimo deberá ser de 30 años", explica el texto. Para este supuesto excepcional, la futura norma de vivienda desvela que será necesaria la devolución de parte o del total de las ayudas percibidas, en caso de enajenación de la vivienda con posterioridad a su descalificación, tal y como establece la normativa autonómica.

"En todo caso, se considerará causa justificada a los efectos de este apartado, la promoción de viviendas protegidas en suelos cuya calificación urbanística no impusiera dicho destino y que no contaran con ayudas públicas para su promoción", explica el acuerdo.  Es decir, la venta o el alquiler de las viviendas de protección pública a particulares estarán sujetas a las condiciones de la normativa.

Asimismo, su asignación se hará de forma prioritaria a favor de personas demandantes de alojamiento inscritos en los registros públicos de cada región. Por otro lado, la nueva Ley de Vivienda también contempla destinar un 30% de las promociones a vivienda protegida, con el objetivo de ampliar el parque público de vivienda, y un 15% de ese porcentaje al alquiler social.

Más allá del blindaje de la vivienda de titularidad pública, la nueva Ley de Vivienda contempla un recargo del 150% del IBI para los pisos vacíos, así como una regulación del precio del alquiler en aquellas viviendas en manos de grandes propietarios, con diez o más viviendas, con personalidad jurídica, teniendo en cuenta los índices de referencia en las zonas tensionadas. Por otro lado, contempla bonificaciones fiscales de hasta el 90% de las rentas que obtengan los pequeños propietarios, en caso de reducir el precio de los alquileres con respecto al contrato anterior.