El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos sobre la Ley de Vivienda contempla la regulación del precio del alquiler para bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios, en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado. Asimismo, establece que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de "congelación de precios e incentivos fiscales", de cara a poder también reducir el precio del arrendamiento.
Según han detallado fuentes de Unidas Podemos, se ha superado el principal escollo de la negociación, relativo a esas obligaciones para grandes propietarios, que quedarán definidos como aquellos que dispongan de 10 o más viviendas. De esta forma, han detallado que habrá retirada a grandes tenedores de "privilegios fiscales".
Mientras, se establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías que podrán aplicar los ayuntamientos, y la futura normativa también apuesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (de éste 30%, la mitad para alquiler social).
El consenso en materia de vivienda ha propiciado que, tras varios días de tira y afloja, el Gobierno haya anunciado que los socios que lo conforman han alcanzado un acuerdo en relación a los Presupuestos Generales del Estado 2022. Y es que, la regulación del mercado del alquiler era el principal escollo. Tanto es así, que este lunes se produjo una reunión al más alto nivel entre la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, con el objetivo de acercar posturas. No se produjo tal cosa y únicamente se constataron las diferencias entre ambos. No ha sido hasta este martes cuando se ha logrado un acuerdo.
