El Gobierno de Pedro Sánchez se las prometía muy felices cuando a principios de semana deslizaba que pretendía tener listos los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 para principios de octubre. El pasado martes el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, inició la ronda de contactos con todos los partidos que conforman el arco parlamentario con el objetivo de recabar apoyos para articular una mayoría cualificada y sacar adelante unas cuentas, pero sus socios le frenaron en seco. Empezando por Unidas Podemos, que han puesto como condición sine qua non solventar sus diferencias con respecto a la Ley de Vivienda para continuar negociando. Y como muestra de que no van de farol, se han comprometido junto a otros socios habituales del PSOE como ERC, EH-Bildu, Más País, Compromís y Nueva Canarias a elevar en el Congreso una nueva ley para regular el precio de los alquileres.

Las formaciones citadas con anterioridad han hecho suya la propuesta de los sindicatos CCOO, UGT, el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Este jueves el Congreso albergó la cita entre todas las partes implicadas y los partidos rubricaron un compromiso para registrar la próxima semana esta iniciativa como proposición de ley. También la han suscrito Junts y la CUP.

Bolaños, al rescate

Socialistas y morados firmaron un pacto de investidura y legislatura que recogía la regulación del mercado del alquiler, siendo este asunto una de las piedras angulares de UP. El documento es bien claro, pero el ya exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, realizó una defensa a ultranza de una política de no intervención del mercado. Podemos insiste en la necesidad de establecer techos máximos a los alquileres en las zonas tensionadas; mientras los socialistas apuestan por establecer beneficios fiscales para los arrendadores. Las negociaciones para aprobar una ley de vivienda continúan estancadas y pese a que Raquel Sánchez sustituyó a Ábalos tras las modificaciones introducidas por Sánchez en su Ejecutivo, no se prevé un cambio significativo.

Con este escenario como telón de fondo, Sánchez ha enviado a su mano derecha, Bolaños, para resolver las diferencias. El ministro de Presidencia, quien comanda las conversaciones con todos los grupos para recabar los apoyos a los Presupuestos, se ha incorporado a la mesa que mantienen Raquel Sánchez e Ione Belarra.

Una ley ambiciosa

PSOE y Unidas Podemos acumulan ya más de siete meses de retraso con respecto al impulso de una nueva ley de vivienda. Ambos pactaron regular el mercado del alquiles para los Presupuestos del 2021, pero la propuesta sigue sin concretarse y mucho menos ver la luz. En consecuencia, los morados han optado por el plan B, absorbiendo la iniciativa de los movimientos sociales, denominada Ley de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada.

El objetivo es hacer real y efectivo el derecho de toda persona "a una vivienda digna, adecuada y asequible”, según recoge el documento.  Para ello, contempla modificaciones legales en la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero también en la regulación hipotecaria, judicial, y establece un objetivo para que los municipios con más demanda residencial dispongan en un plazo de veinte años de un 20% de vivienda social respecto al total del parque de viviendas.

Asimismo, el articulado establece la prohibición expresa de los desahucios sin alternativa habitacional en situación de vulnerabilidad y también trata de garantizar los suministros básicos, con la aplicación del principio de precaución en caso de impago, y el establecimiento de una tarifa social de agua, gas y electricidad, financiada con porcentajes de reparto entre productoras, distribuidoras y comercializadoras. También regula la dación en pago, modifica la Ley Concursal para mejorar el derecho a una segunda oportunidad, limita la responsabilidad al bien hipotecado, e impide el embargo de la única vivienda de las terceras personas que avalen un préstamo.

En lo relativo al precio del alquiler, se plantea declarar zonas tensionadas a aquellas en que la renta media supere el 30% de los ingresos medios o que en cinco años se acumule un crecimiento de los precios de al menos tres puntos por encima de la tasa interanual del IPC de la comunidad autónoma correspondiente. Esta declaración de zona tensionada podrá ser de hasta cinco años, se podrá prorrogar año a año, y habilitará a los ayuntamientos a aplicar las medidas que consideren para determinar, a partir del índice de precios, rentas máximas en los alquileres.

A sudar el voto

Bolaños arrancó la ronda de contactos con visos de tener listos unos Presupuestos con los apoyos atados para la primera quincena de octubre. Sin embargon, sus socios ya le han advertido que renuncie a un calendario tan ajustado, pues sus votos tienen un precio.

El primero en poner sobre aviso a Sánchez fue Gabriel Rufián. El diputado y portavoz del Grupo Republicano avanzó que “el voto de ERC se suda”. En una rueda de prensa celebrada en el Congreso, Rufián deslizó que ve a los socialistas “demasiado tranquilos” pese a la ardua tarea que “tiene por delante” como es lograr apoyos y sacar adelante unos Presupuestos.

"Sería una actitud kamikaze darnos la espalda. El voto de ERC se suda", ha señalado Rufián, quién además, ha tildado la reunión de este martes con Bolaños de “protocolaria”; insistiendo en que acudirá “a escuchar más que a otra cosa” y aprovechará la ocasión para trasladarle que ve al PSOE “regular, siendo generosos”. Por tanto, no debería dar por seguro el voto de ERC “a nada”.

Ya en la investidura de Sánchez, Rufián vinculó la legislatura al desarrollo de la mesa de diálogo. Los socialistas engrasaron su relación con Esquerra con la cita entre el presidente del Gobierno y Pere Aragonès, president de la Generalitat, en el marco de la mesa de diálogo. No obstante, las negociaciones serían laboriosas, máxime tras la detención de Carles Puigdemont en Cerdeña, que ha fundido a todo el independentismo bajo un clamor unánime: “A tu lado, president”.