La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, responsable de la negociación de la nueva Ley de Vivienda por la parte socialista, ha avanzado este miércoles las primeras previsiones de las medidas, tras la aprobación del acuerdo in extremis este martes entre PSOE y Unidas Podemos. Según las previsiones de la ministra, alrededor de 150.000 pisos podrían ver regulado el precio del alquiler.
Estas son las previsiones iniciales del Gobierno ya que la cifra corresponde a las viviendas que a día de hoy están en manos de grandes propietarios constituidos como personas jurídicas. "Esa podría ser una cifra, pero hay que dejar que vaya operando el mecanismo y hacer un análisis de cómo vaya evolucionando el mercado", ha matizado la ministra en una entrevista en Onda Cero.
Asimismo, ha explicado que la limitación de precios del alquiler está pensada solo para los grandes tenedores, aquellos con más de diez viviendas en propiedad, constituidos como personas jurídicas. Sin embargo, hay un matiz muy relevante en la limitación de los precios del alquiler y es que tienen que ser las comunidades autónomas quienes decidan activar o no la medida en sus territorios.
Por el momento, tanto la Comunidad de Madrid como Murcia ya han anunciado que no van a activar esta medida para frenar el encarecimiento de los alquileres mientras que también Alberto Núñez Feijóo, presidente autonómico de Galicia, ha dejado entrever su posición contraria. Precisamente la Comunidad de Madrid es una de las más caras a la hora de alquiler, con zonas altamente tensionadas en la capital.
La limitación a los precios del alquiler solo afecta a los grandes tenedores
Sánchez ha continuado explicando que la ley no obligará a topar los precios del alquiler a los pequeños propietarios, aunque sí contarán con incentivos para intentar contenerlos. "No cambiaremos las cosas de un día para otro, eso está claro, pero sentamos las bases para que la situación de la vivienda cambie y no sea imposible acceder a ella, sobre todo por parte de los más vulnerables", ha aclarado.
La nueva ministra de Movilidad y Agenda Urbana ha avanzado que el bono joven de vivienda, que incentivará el alquiler para jóvenes de entre 18 y 35 años, tendrá un coste de 200 millones de euros anuales y podrá beneficiar a un rango aproximado de entre 40.000 y 50.000 jóvenes entre las edades comprendidas.
Este bono estará dotado con 250 euros mensuales y, por el momento, el requisito pasa por tener rentas de trabajo e ingresos anuales inferiores a los 23.725 euros. "Para los jóvenes, que hasta ahora han tenido imposible poder desarrollar su proyecto vital, con las medidas que se están activando vamos a cambiar mucho su expectativa de acceder a una vivienda", ha anunciado Sánchez. El bono también podrá ayudar a las familias más vulnerables, con una ayuda directa adicional al alquiler de hasta el 40% del valor.
Sánchez: "Hay regulación, no intervención"
Frente a las críticas de la oposición o de la patronal de empresarios, la ministra ha matizado que con esta ley “hay regulación, no intervención” y asegura que España “seguirá siendo un país atractivo” para invertir en el mercado inmobiliario. La responsable explica que esta ley es necesaria para poner un freno en el mercado del alquiler, “desbocado” en las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona.
Madrid tiene un grave problema con el mercado del alquiler que no parece que se vaya a solucionar ya que desde el Ayuntamiento han rechazado la medida. La consejera madrileña de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, no ha tardado en hacer pública su opinión sobre la Ley de Vivienda, calificándola de “intervencionista”.
“Lo que hemos conocido nos parece de una enorme gravedad porque cercena la libertad de los ciudadanos. No se puede poner en riesgo a quienes han ahorrado toda su vida. Es una medida intervencionista, que no puede tener cabida en una democracia liberal y avanzada”, avanzaba este martes.
Unas declaraciones a las que ya ha respondido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en entrevistas en varios medios de comunicación: "Yo creo que las comunidades autónomas, tanto Madrid como Cataluña, pedirán la declaración de área tensionada porque si no lo hacen, van a perjudicar a todos, a los propietarios y a los inquilinos".
