No han pasado ni 24 horas desde su anuncio para que la Ley de Vivienda se convierta en el nuevo objetivo de la derecha española. El Partido Popular se ha opuesto con vehemencia al proyecto, advirtiendo incluso que recurrirán al Tribunal Constitucional. Pablo Casado ha dado orden de no aplicar la normativa en regiones y municipios donde gobierna. Madrid ya anunció su rechazo, enfatizado también por el PP autonómico. Este miércoles, el presidente de Murcia también ha sentenciado que no lo implementará en su territorio.

En declaraciones a los medios de comunicación este miércoles durante la celebración de la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas 2021 celebrada en Madrid, Fernando López Miras ha mostrado su profundo rechazo al acuerdo que sellaron PSOE y Unidas Podemos el martes. El dirigente murciano ha asegurado que se amparará en la “ley” para utilizar cualquier mecanismo que esté al alcance para evitar que la “ley comunista” del Gobierno de Sánchez “no se aplique en la Región”.

López Miras ha manifestado que el Gobierno murciano “apuesta por todo lo contrario”. Es decir, por la “libertad de las personas, la libre competencia, la economía de mercado y por que cada uno trabaje, pague pocos impuestos y pueda hacer lo que le dé la gana con lo que ha ganado con el sudor de su frente”.

Ayuso y Almeida, los pioneros

La Comunidad de Madrid no tardó en anunciar que no aplicarán la ley, que han tildado de “intervencionista”, y que “blindarán” a los propietarios. “Lo que hemos conocido nos parece de una enorme gravedad porque cercena la libertad de los ciudadanos. No se puede poner en riesgo a quienes han ahorrado toda su vida. Es una medida intervencionista, que no puede tener cabida en una democracia liberal y avanzada”, señaló la consejera madrileña de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín a Europa Press.

Asimismo, Martín se ha aventurado en afirmar que esta medida perjudicará no solo a muchos ciudadanos, sino también a ayuntamientos y promotores de vivienda “que saldrán del país”. Por ello, ha destacado que desde la Comunidad de Madrid quieren "dar certeza y seguridad jurídica" a los propietarios, atraer inversiones internacionales, favorecer la disposición de suelo en el mercado para que haya más oferta, así como la construcción de vivienda pública a través del Plan Vive con el mismo objetivo, "favoreciendo así la bajada del precio".

“Si su aplicación depende de las comunidades, buscaremos cómo blindarnos ante estos planteamientos para defender a los ciudadanos”, ha sentenciado la consejera de Ayuso.