PSOE y Unidas Podemos han llegado este martes a un acuerdo sobre la Ley de Vivienda que incluye la regulación del precio del alquiler para bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios, en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado.

Sin embargo, el Ejecutivo central, en boca del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado que serán las Comunidad Autónomas y los Ayuntamientos quienes tengan la última palabra para dar luz verde a la medida. Y la Comunidad de Madrid no ha tardado en anunciar que no aplicarán la ley, que han tildado de “intervencionista”, y que “blindarán” a los propietarios. “Lo que hemos conocido nos parece de una enorme gravedad porque cercena la libertad de los ciudadanos. No se puede poner en riesgo a quienes han ahorrado toda su vida. Es una medida intervencionista, que no puede tener cabida en una democracia liberal y avanzada”, ha señalado la consejera madrileña de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín a Europa Press.

Asimismo, Martín se ha aventurado en afirmar que esta medida perjudicará no solo a muchos ciudadanos, sino también a ayuntamientos y promotores de vivienda “que saldrán del país”. Por ello, ha destacado que desde la Comunidad de Madrid quieren "dar certeza y seguridad jurídica" a los propietarios, atraer inversiones internacionales, favorecer la disposición de suelo en el mercado para que haya más oferta, así como la construcción de vivienda pública a través del Plan Vive con el mismo objetivo, "favoreciendo así la bajada del precio".

“Si su aplicación depende de las comunidades, buscaremos cómo blindarnos ante estos planteamientos para defender a los ciudadanos”, ha sentenciado la consejera de Ayuso.

Feijóo también se decanta por el ‘no’: “No desprende nada bueno”

En la misma línea se ha mostrado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien ha destacado que la medida “no desprende nada bueno para inquilinos y propietarios”.

Además, el dirigente gallego ha criticado que el Ejecutivo central haya tomado la decisión sin consultar con las CCAA, y que estas se hayan enterado de la medida por los medios de comunicación. “Si tenemos competencias compartidas es sorprendente que se impida la negociación real entre Gobierno y comunidades autónomas”, ha reprochado Feijóo, quien ha emplazado a esperar para poder hacer una valoración más concreta cuando acaben “de leer los teletipos” y les “manden el anteproyecto”.

Garzón avisa a las CCAA recelosas: “Es un problema transversal”

Una negativa de Comunidad de Madrid y Galicia -de momento solo estas regiones se han posicionado en contra- que no entiende el ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien ha avisado que “lo lógico” es que todas las CCAA se acojan a la limitación de precios del alquiler puesto se trata de “un problema transversal” que afecta a “jóvenes que votan a partidos de derechas e izquierdas”.

“Hacemos los acuerdos dentro del entramado jurídico que tiene delimitado la Constitución en España. Son las comunidades autónomas las que tienen la capacidad de intervenir sobre estas competencias. Lo lógico es que se acojan a estas posibilidades porque el problema del alquiler sobre todo ocurre en las grandes ciudades y donde hay una densidad de población más importante”, ha reflexionado Garzón en una entrevista concedida a Cuatro.

Además, el titular de la cartera de Consumo ha señalado que la vivienda tiene una "afectación clave en términos de país", especialmente en "personas jóvenes, con salarios precarios" que le hacen "imposible acceder a una vivienda" o formar "una familia o un proyecto de vida". Por todo ello, ha señalado que se trata de un asunto “transversal” que afecta a "jóvenes que votan" a formaciones "de derechas o izquierdas". “Hay partidos que con tal de ir contra el Gobierno pueden intentar estar en contra de estas posiciones”, ha criticado el también coordinador federal de IU.

Las limitaciones de precios solo afectarán a las personas jurídicas

Por otra parte, fuentes gubernamentales han aclarado que las limitaciones de los precios solo van a afectar a las personas jurídicas. Es decir, a las físicas no se les obligará a bajar el alquiler en el caso de que la comunidad autónoma solicite la declaración de zona tensionada.

No obstante, las personas físicas -se estima que el 85% de los propietarios en España son de este tipo- sí se podrán beneficiar de los incentivos fiscales por rebajar los precios de los alquileres, según el mecanismo que se detalle en la nueva norma.

El Gobierno llevará los PGE al Congreso la próxima semana

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos ha provocado que se desencalle la negociación entre los socios de Gobierno sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). De hecho, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha avanzado que el Ejecutivo llevará las cuentas del Estado al Congreso la próxima semana.

“Las negociaciones tienen altibajos, momentos de tensión y un trabajo continuado por debajo durante mucho tiempo que es lo que nos ha permitido llegar esta mañana al acuerdo después de muchos papeles a lo largo de estos últimos días", ha manifestado Montero a los medios de comunicación al término de su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

La ministra ha indicado que la propuesta de los PGE se conocerá "con detalle" este jueves y que se llevará al Congreso de los Diputados "a la semana siguiente" si bien deben acordarlo previamente con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, atendiendo a su agenda. “El presupuesto estará aprobado, como prometimos, antes del 31 de diciembre para que entre en vigor el 1 de enero”, ha sentenciado.