El Gobierno ha enviado este jueves 15 de octubre el Plan Presupuestario 2021 a la Comisión Europea, dando un primer paso para la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que previsiblemente tenga lugar en un Consejo de Ministros celebrado a finales de este mes de octubre.
El Ejecutivo desvela así las bases de los PGE definitivos, que incluirán nuevos impuestos como las tasas Google y Tobin, el aumento del IVA de las bebidas azucaradas del 10% al 21%, un nuevo impuesto para los plásticos de un solo uso y otros impuestos verdes, que tendrán como objetivo potenciar las energías renovables y el consumo responsable.
El Gobierno prevé que el conjunto de las nuevas medidas fiscales supondrá un total de 6.487 millones de euros en impuestos para las arcas del Estado el próximo año, mientras que recaudará 2.323 millones en 2022 en criterio de caja. Sin embargo, estas cifras son provisionales y podrían sufrir modificaciones hasta el momento de la aprobación definitiva de los Presupuestos.
Los nuevos impuestos
Entre los nuevos impuestos que el Ejecutivo ha avanzado a Bruselas se encuentran los siguientes:
- Tasa Google. Aprobada definitivamente en el Parlamento hace unos días, la tasa que gravará la actividad económica de las grandes tecnológicas allí donde opera, y no donde está su sede fiscal, entrará en vigor a mediados de enero.
- Tasa Tobin. Al igual que la anterior, entrará en vigor a principios de 2021 y gravará determinadas transacciones financieras. Es decir, es un impuesto a la actividad bancaria y, según lo previsto, no afectará al consumidor sino a la entidad.
- Impuesto sobre los envases de plástico de un solo uso. Uno de los nuevos impuestos verdes que el Gobierno pretende poner en marcha para impulsar el uso de energías renovables y el cuidado del medio ambiente, en línea con las recomendaciones de Bruselas. Aunque no hayan matizado más allá en el Plan Presupuestario, se prevé que los PGE incluyan otros impuestos similares. Solo con este impuesto, el Ejecutivo prevé recaudar hasta 700 millones de euros.
- Aumento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, siguiendo el objetivo de reducir la obesidad y apostar por una alimentación más saludable.
- Medidas del Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. En este caso no se trata de un impuesto nuevo, sino de un refuerzo de las medidas ya anunciado por el Gobierno en el Consejo de Ministros de este martes. El Ejecutivo prevé recaudar 828 millones de euros y reforzar el control de las prácticas irregulares asociadas a las nuevas tecnologías y combatir la economía sumergida, entre otras.
El Plan Presupuestario no incluye el aumento del IRPF para los tramos de renta más altos, una de las peticiones clave por parte de Unidas Podemos, pero eso no significa que no esté incluido en los PGE definitivos. Como confirmaron fuentes del Ministerio de Hacienda, este plan es solo una base de las cuentas públicas finales.
Más allá de la aparición de nuevos impuestos o medidas que graven el consumo o la actividad económica, las previsiones del Gobierno pasan por un aumento de los ingresos de 33.447 millones de euros para 2021 hasta alcanzar una recaudación récord de 493.838 millones de euros. En esta línea, prevé que la ratio de ingresos sobre el PIB se sitúe en el 40,3% el próximo año frente al 41,7% de este año, aunque matiza que se debe al aumento del PIB previsto para 2021, ya que los ingresos aumentarán.
¿En qué se invertirá la subida de impuestos?
El aumento de la recaudación tendrá un efecto directo sobre las arcas del Estado. Es decir, se invertirán en medidas encaminadas a fortalecer el Estado del Bienestar ya que, tal y como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en varias ocasiones, “serán los presupuestos más sociales de la historia”.
Así, el Plan Presupuestario contempla nuevas medidas como la revalorización de las pensiones en el 0,9% en 2021, para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Según lo previsto, la revalorización de las pensiones tendrá un coste de 1.439 millones de euros. El Gobierno ya anunció hace una semana la transferencia al sistema de la Seguridad Social de 13.929 millones de euros para hacer frente al mayor nivel de gastos por el pago de pensiones.
En esta línea, consideran que "una vez finalizada la vigencia de muchas de las medidas adoptadas para combatir los efectos ocasionados por el Covid", los ingresos por cotizaciones sociales se recuperarán “significativamente”, según el Gobierno, para alcanzar el 13% del PIB.
Además, también incluye el aumento gradual del permiso de paternidad de 12 a 16 semanas, con la equiparación con los permisos de maternidad y el impacto del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se prevé consolidar el próximo año.
Reducción de gasto público en 2021
Por otro lado, el Gobierno prevé reducir el gasto destinado a servicios básicos como Educación, Sanidad y empleo en términos de PIB con respecto a este año. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este año se ha disparado el gasto en ambos servicios para paliar el impacto de la crisis del coronavirus, hasta el 53% del PIB total frente al 41,9%.
De hecho, el Ministerio de Hacienda hace una estimación sobre todas las medidas e iniciativas destinadas a paliar el impacto de la crisis y asegura que “todas las medidas aprobadas por el Gobierno para luchar contra la pandemia y mitigar la crisis suman 210.910 millones de euros”.
El Plan contempla una previsión del PIB de 1.224.728 millones de euros en 2021, un 10,8% superior al de 2020, con diferentes estimaciones. En el caso del sector educativo, el gasto bajará del 4,8% de este año al 4,5% del PIB de 2020, hasta el 9,4% del gasto total. El gasto en Sanidad se reducirá siete décimas en 2021, hasta el 6,9% del PIB y representando un 14,4% del total, al igual que este año.
El gasto en empleo pasará del 4,3% del PIB al 3,2% en 2021 y pasará a representar el 6,7% del gasto total, frente al 8,1% de este año. También se reduce el gasto público en los servicios públicos generales, hasta el 5,7% del PIB; en orden público y seguridad, hasta el 2,1%; en asuntos económicos, con ocho décimas menos hasta el 4,8% del PIB y en protección del medio ambiente (1%).
A pesar de anunciar que serán unos “presupuestos sociales”, según la ministra de Hacienda, el Plan Presupuestario también contempla la bajada del gasto público en términos de PIB a vivienda y servicios comunitarios (0,5%) y la caída del 2,6% en lo destinado a protección social, hasta el 20,2% del PIB.
En el lado contrario, el gasto público se mantendrá en Defensa (1%) y en las actividades recreativas, cultura y religión (1,3%), según las previsiones del Plan Presupuestario.
