El juez que investiga al novio de Isabel Díaz Ayuso, Antonio Viejo, lleva tres meses sin autorizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que acceda a información que se antoja crucial para el devenir judicial del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
El pasado 19 de diciembre, esta sección de la Benemérita pidió al magistrado acceso a las empresas y las cuentas bancarias de la pareja sentimental de la lideresa regional después de que la anterior jueza, Inmaculada Iglesias -ya jubilada- decidiera involucrar al cuerpo en las pesquisas después de que la Fiscalía y la acusación popular le solicitaran la incorporación de la Unidad Central Operativa en el caso. Aceptó atendiendo a “la complejidad de la investigación de los hechos y el carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva”.
Viejo llega en octubre y a día de hoy no ha autorizado a la UCO para insistir en las compañías y los números del empresario, una demora que desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) justifica alegando la carga de trabajo que tiene el juez. En este sentido, la Unidad Central Operativa hizo su parte -si bien opera también a dos velocidades en función del caso al que se aluda, pues todavía no ha presentado informe- pero no puede seguir en este sentido porque sin una autorización explícita, no puede.
Elevar la causa a la Audiencia Nacional
Pero no es la única parte de la investigación que se está demorando debido a las actuaciones de Viejo. A principios de año, la causa se podría haber elevado a la Audiencia Nacional, pero no fue así dado que el juez no dio traslado a los abogados de los acusados para que presenten sus escritos de defensa.
Esto afectaba tanto a la defensa de la compañera sentimental de la responsable primera de Sol y de los testaferros del empresario, como a las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid. Sin esos escritos, la causa no se podía dar por completada.
El magistrado cayó en el juzgado 19 de Madrid, y para cerrar la causa solamente hacía falta dar traslado a las defensas de los cinco acusados de los escritos de acusación de la Fiscalía de Madrid, la Abogacía de Madrid y las acusaciones populares de la izquierda, presentadas el 15 de julio de 2025.
Relevo en el juzgado 19
Después del 22 de septiembre de ese año, la causa quedó paralizada hasta la presentación de los escritos por parte del juez. Asimismo, destacar que al solicitarse penas inferiores a los cinco años de prisión en este caso, el juicio oral corresponde a un juzgado de lo penal unipersonal.
La jueza sustituta, que se hizo cargo del juzgado 19 tras la jubilación de su antecesora, Carmen Rodríguez-Medel, fue quien dictó en ese momento el auto de apertura. Para ello, tuvo que desestimar la solicitud de la defensa de González Amador de aplazar la decisión ya que, sostenía, estaba pendiente de la sección 3 de la Audiencia de Madrid la resolución de un escrito en el que considerara incompleta la instrucción de Iglesias y pedía una serie de diligencias. La predecesora soportó los ataques del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
Viejo, por lo tanto, ha retrasado varias decisiones clave en el futuro judicial del novio de Ayuso. Para la última, justifica que Viejo ha tenido que catalogar las causas una a una, obligándose así a priorizar las que contemplan a investigados en situaciones de prisión provisional o que, a su juicio, afectan de lleno a la vida de los perjudicados como puedan ser cuestiones de estafas o herencias.
No habrá juicio hasta 2027
El juicio contra el compañero sentimental de Ayuso no tendrá lugar hasta 2027, después de las elecciones nacionales y a la Comunidad de Madrid. Todavía se desconoce la fecha exacta.
El Poder Judicial tiende a ser muy estricto ante la posibilidad de que sus decisiones interfieran en unos comicios o cualquier otro proceso democrático, y en este caso es evidente que, aunque González Amador no ocupa ningún cargo en la capital regional, es una persona mediática.
Los órganos judiciales defendían que la demora se corresponde con la carga de trabajo que tienen las estancias judiciales por la denominada reforma Bolaños, la ley que sale de Ministerio de Justicia que transforma estos juzgados en los nuevos tribunales de instancia. Ello les impide fijar una fecha de la vista oral en 2026, por lo que el juicio pasa directamente a celebrarse al año siguiente.
Quién es Antonio Viejo
Con una dilatada carrera en el ámbito judicial, estuvo durante una breve etapa como alto cargo del Ministerio de Justicia durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez.
Su designación, en cualquier caso, responde a un procedimiento basado estrictamente en la antigüedad, habitual en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde el candidato con más años de experiencia entre los aspirantes queda automáticamente al frente del juzgado en cuestión. Se impuso por esa vía en el concurso convocado para cubrir diversas vacantes en órganos judiciales de todo el país.
Está afiliado a la asociación judicial conservadora Francisco de Vitora. Dispone de un perfil técnico y consolidado. Nacido en Madrid, y hasta los 65 años que tiene ahora, ejerció como juez de instrucción durante más de 30 años, permaneciendo al frente del juzgado de Instrucción número 20 de Madrid entre 1997 y 2014.
Entre 2015 y 2028 fue decano de los juzgados de Plaza de Castilla, desde donde desempeñó un papel especialmente activo en la gestión de la justicia madrileña, haciendo labores, sobre todo, de reorganización interna de los órganos judiciales y en la apertura de procesos de revisión administrativa que afectaron a etapas previas.
Uno de estos capítulos fue su sucesión a José Luis González Armengol en el decanato, cargo desde el que asumió la tarea de “levantar las alfombras”. Así lo recuerdan quienes entonces trabajaban con él. González Armengol había sido mencionado en los audios del excomisario José Manuel Villarejo por supuestamente intentar influir en favor de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, relacionada con un incidente de tráfico y posterior huida de la policía en pleno centro de Madrid.
Si bien su nombramiento despertó suspicacias dentro de los sectores conservadores, obviaban que éste respondía más a su perfil técnico y su capacidad de interlocución con la carrera judicial que a una cuestión ideológica.
