Irak en 2003. Irán en 2026. José María Aznar y Pedro Sánchez. Dos presidentes del Gobierno diferentes, de partidos diferentes, y de maneras diametralmente opuestas de hacer política internacional. En aquellos tiempos, España fue un agente seguidista de Estados Unidos y de sus intereses geopolíticos bélicos y quedó escenificado en una fotografía infame que pasó a la historia, que es la que ilustra esta noticia: la del conocido como trío de las Azores, compuesto por el entonces primer ministro británico, Tony Blair, el entonces presidente estadounidense George Bush y el propio Aznar. Los tres se reunieron para deliberar sobre el asalto militar a Irak, bajo la presunción de que este país tenía en su arsenal unas presuntas armas nucleares cuya existencia jamás pudo demostrarse. Aquel seguidismo terminó teniendo consecuencias para la población civil española, con el atentado en la Estación de Atocha que se atribuyó Al-Qaeda como represalia por el apoyo español a la invasión. 23 años después, con Sánchez la posición ha sido diferente: decirle a Donald Trump que no puede utilizar para lo que le plazca con las bases militares de Rota y Morón, una clara declaración de intenciones para no convertirse en cómplice del caos en Oriente Medio.

El proceso que desembocó en la guerra de Irak se gestó durante años. Washington comenzó a construir la justificación de la intervención desde 2001, mucho antes de la comparecencia del secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, ante la Organización de las Naciones Unidas en febrero de 2003. En aquella sesión defendió la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, una afirmación que posteriormente nunca pudo demostrarse.

El propio año de la invasión y en los meses previos al inicio de la guerra de Irak, Aznar compareció en varias ocasiones ante el Congreso. Concretamente el 4 de marzo de 2003, acudió a la Cámara para recabar apoyo a la controvertida resolución 1441 impulsada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, que salió adelante con 183 votos favorables frente a 164 en contra. En esa sesión, el propio Aznar no defendió la propuesta desde la tribuna, tarea que asumieron el entonces diputado Gustavo de Arístegui y el ministro y futuro candidato electoral Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno reservó su explicación política para el pleno celebrado el 18 de marzo, en la víspera del inicio de los ataques.

El Gobierno de Aznar también recordó entonces otro precedente para defender su posición: el envío de buques españoles al Golfo Pérsico en 1990, tras la invasión de Kuwait por parte de Irak. En aquella ocasión, el Ejecutivo socialista de Felipe González ordenó el despliegue de tres navíos sin consultar previamente al Parlamento, una decisión que el Grupo Popular, entonces en la oposición, no cuestionó. La intervención militar se produjo entonces bajo el amparo de una resolución prácticamente unánime del Consejo de Seguridad de la ONU que autorizaba el uso de todos los medios necesarios para expulsar a las tropas iraquíes de Kuwait.

"Defensa de la legalidad internacional"

Tuvieron que pasar diez meses, hasta el 2 de diciembre de 2003, para que Aznar regresara al Congreso para explicar de nuevo la participación española en Irak. La comparecencia se produjo pocos días después del asesinato de siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia en aquel país. En esa intervención detalló el dispositivo militar aportado por España a la coalición internacional. Entre otros medios, el Ejecutivo puso a disposición el buque Galicia, equipado con capacidad hospitalaria y quirúrgica; vehículos y embarcaciones de apoyo; una unidad de 120 infantes de Marina; así como unidades del Ejército de Tierra especializadas en ingeniería y defensa nuclear, bacteriológica y química, con capacidad para tareas de desminado, reconocimiento químico y radiológico y operaciones de descontaminación.

Tras trasladar su pésame por las víctimas, el entonces presidente defendió la continuidad de la presencia española en la zona y sostuvo que España tenía "una obligación de solidaridad con aquellos países de los que es aliado y con los que comparte la defensa de la legalidad internacional". Ese fue el punto de Aznar para justificar la participación española en la operación, un movimiento de política exterior que la posteridad ha demostrado como erróneo.

23 años después y una postura completamente distinta

Si en 2003 el protagonista fue el seguidismo ciego de Aznar y las graves consecuencias que acarreó en el corazón ferroviario de la capital española, 23 años después las cosas son muy diferentes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, imponían a Estados Unidos la prohibición de utilizar las bases militares que Washington tiene en territorio español, las de Rota y Morón, para fletar tropas y aviones en dirección al conflicto en Irán. Un movimiento con el que el Gobierno de Sánchez pretendía erigirse como un estandarte del 'no a la guerra', de encontrar una posición moderada en el conflicto y de no hacer seguidismo ciego a la potencia mundial de turno en sus propios conflictos e intereses.

"España ha dicho que no podemos utilizar sus bases militares, pero podemos volar y utilizarlas, no tenemos que pedir permiso. Están siendo muy poco amigables, España no tiene nada que nosotros queramos", se emberrinchaba Trump ante la prohibición española, al tiempo que opinaba que nuestro país es "un pueblo fantástico", pero "tienen unos dirigentes terribles".

"Fueron el único país que no aceptaron subir el gasto en defensa al 5% y se quedaron en el 2%. Vamos a cortar todas las relaciones comerciales con España porque no tenemos nada que ver con ellos", amenazaba el republicano, que deslizaba que tampoco está "contento" con la postura de Keir Starmer en Reino Unido, quien descartó sumarse a la ofensiva sobre Irán en aras de no cometer "los mismos errores que en Irak" en 2003. "No sé qué motivos pueden tener para no participar", agregaba Trump ante los medios de comunicación. La historia enseña valiosas lecciones y ya son muchos los precedentes de que acompañar a Estados Unidos en sus misiones sin hacer atisbo alguno de crítica ni arquear ninguna ceja no trae buenas consecuencias.

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