La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística ofrecía una una estimación del PIB del segundo trimestre de 2021, rebajando el dato preliminar desde un 2,8% intertrimestral hasta un 1,1%, es decir, un recorte de la estimación de casi dos puntos. El dato supone un importante traspiés en el camino del cumplimiento del cuadro macroeconómico para este mismo año, y ha sembrado ciertas dudas sobre la capacidad de la economía española para recuperarse de la caída producida durante el año 2020. La vicepresidenta primera y ministra de economía ha confirmado durante esta semana su convicción de que España crecerá este año en línea con las previsiones planteadas, lo cual significa que el crecimiento acumulado del tercer y cuarto trimestre debería ser muy notable, para asegurar esa cifra.

Los expertos no terminan de ponerse de acuerdo sobre el alcance de estas cifras. Los datos de empleo, actividad económica y clima de confianza empresarial y de consumidores no auguraban, en absoluto, esta caída en el crecimiento, de manera que es posible que todo se deba a un ajuste entre trimestres y que veamos o bien un importante crecimiento en el tercer trimestre, o que volvamos a ver una nueva revisión del segundo trimestre hacia dígitos más compatibles con la percepción de una recuperación fuerte y consistente. De confirmarse la cifra de este segundo trimestre, y pese al fuerte rebote de la segunda parte de 2020, en 2021 España habría perdido “gas” en la recuperación, mientras la Unión Europea y la Eurozona siguen un camino sostenido que les lleva a estar cerca de los niveles previos a la crisis.

Conviene no entrar en pánico con las cifras de coyuntura de estos trimestres, pues la pandemia hace que estos datos haya que trabajarlos con mucha prudencia y ponderación, tanto si son positivos -puede deberse a un efecto rebote- como si son negativos -puede deberse a ajustes intertemporales. Hasta que no alcancemos una nueva velocidad de crucero en la denominada nueva normalidad, conviene tomar cierta distancia de la coyuntura: el análisis completo de la situación lo tendremos en los próximos meses, cuando la situación sanitaria se estabilice un mínimo y podamos comenzar a actuar con expectativas de inversores y consumidores formadas a medio y largo plazo, sin que haya nuevas distorsiones exógenas. Para esto, todavía queda un poco de tiempo. Los efecto de la crisis siguen presentes y la política económica debe ir dirigida a terminar de una vez esta extraña crisis y a focalizarse en las reformas estructurales y en las inversiones estratégicas que hemos comprometido en el marco del Next Generation.

¿Se podrían haber hecho las cosas de otra manera? Seguramente, sí. Desde esta columna se han demandado en varias ocasiones impulsos fiscales adicionales a los ya planteados con los ERTE, se ha advertido del riesgo que suponía un retraso en la ejecución de los fondos europeos, y se ha demandado una agilidad en las ayudas a empresas que siguen encalladas por un régimen de justificación que hace muy difícil su utilización por parte de las PYME. De haberse puesto en marcha esas medidas, quizá el resultado económico de los últimos trimestres habría sido más esperanzados, a expensas, eso sí, de incrementar algo más nuestra deuda pública, algo que sigue siendo una importante amenaza en el medio y largo plazo. Ahora ya es posible que esta etapa de estímulos haya pasado y nos encontremos en el momento de intensificar la aplicación del Next Generation, en un contexto de estrangulamiento de algunos de los canales de suministros de la oferta agregada. En líneas generales, la respuesta que ofreció España durante 2020 fue modélica, evitando que cientos de miles de personas terminaran en el desempleo y la pobreza, pero la salida de la crisis ha pecado de tímida y de prudente, quizá con un ojo puesto en un cambio de ciclo que lleve a una consolidación fiscal acelerada a partir del año 2023.

Ahora entramos en una nueva fase y la audacia que se demandó para sostener una economía renqueante y golpeada por la crisis, debe convertirse en audacia para conformar una economía competitiva, sostenible y, sobre todo, más inclusiva. El gobierno sabe bien lo que quiere y debe hacer, pero tendrá que construir las alianzas políticas y sociales necesarias para llevarlo a cabo con determinación.

Veremos. Acontecimientos políticos ajenos al desempeño de nuestra economía pueden empañar el futuro de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, lo cual sería una mala noticia, pero todavía queda mucho margen para negociarlos y completarlos. Los PGE deben ser la palanca que movilice los recursos e intenciones reformistas del gobierno, y permita avanzar en los objetivos planteados. Mientras esto ocurre, veremos si el extraño dado del PIB del segundo trimestre se corrige, se compensa, o se confirme, y entonces, sobre esa base, tendremos que seguir reflexionando sobre la mejor política económica para nuestro país.