En la noche del lunes conocíamos que, finalmente, habemus acuerdo entre el Gobierno y los bancos para aliviar las hipotecas de las familias más vulnerables y las clases medias. Este martes, Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación digital, ha anunciado, en los momentos previos a la celebración del Consejo de Gobierno donde se ratificará el acuerdo, que se creará una Autoridad de Defensa del Cliente Financiero (ADCF) que supervisará y dará cumplimiento a las medidas contempladas en el pacto alcanzado. Este organismo, que fue avalado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se encargará de la tarea de supervisión que estaba repartida hasta ahora entre tres instituciones (CNMC, BdE y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones).

Esta autoridad, según ha confirmado Calviño en una entrevista concedida a RNE, tendrá el poder de "resolver, extrajudicialmente, los conflictos que puedan derivar del incumplimiento del acuerdo". Yendo más allá, ha confirmado que también "tendrá capacidad sancionadora" y sus decisiones "serán vinculantes por debajo de los 20.000 euros". Además, ha confirmado que solicitará al Banco de España (BdE) que “elabore una guía” que delimite la línea de actuación y guie a esta autoridad que, espera, “se creé de cara al año próximo”."De forma gratuita, los ciudadanos pueden tener una respuesta rápida, en un plazo máximo de 90 días, que será vinculante por debajo de los 20.000", ha reiterado.

Sobre el acuerdo, la titular de la cartera de Economía ha recordado que el acuerdo suscrito es voluntario, pero que, aquellas entidades financieras que se sumen a él estarán “obligadas a cumplirlo”. No obstante, a pesar de su carácter opcional, ha transmitido que espera “que todas se sumen”, resaltando que, aquellas que no lo hagan, “tendrán un elevado coste reputacional”. Por el momento, Calviño ha pedido prudencia, ya que, debido al carácter trasnochador del acuerdo, “algunas de las patronales no han podido consultar con todos sus miembros”.

“Dar un marco de protección a las clases medias y vulnerables”

Como hacía en la comunicación de la noche del lunes, la vicepresidenta ha reiterado que la intención de este acuerdo es “ayudar” a las familias vulnerables y de clase media que “más estén sufriendo por la subida de los tipos de interés”. “Pedimos a las entidades financieras que arrimen el hombro en estos momentos”, ha incidido. Además, asegura que el paquete de medidas que figurarán en este acuerdo ha sido diseñado conjuntamente con el BdE buscando que su impacto sea “reducido desde el punto de vista de la calificación de los créditos y no impacte significativamente a las entidades financieras”.

La intención es evitar “una subida tan rápida” de las hipotecas que tienen una tipología variable y están suscritas al Euríbor, un total de 3,7 millones en España. Es por ello que, el Ejecutivo también pretende incentivar el traspaso a hipotecas de tipo fijo, eliminando comisiones y costes que actualmente penalizan este cambio. Además, más allá de las familias vulnerables que ya estaban contempladas dentro del Código de Buenas Prácticas, ampliado ahora en rango y en medidas de actuación, se suman medidas para aquellas familias de clase media que no se encuentre por encima de tres veces y media el IPREM (29.400 euros de renta anual).

“Con estos umbrales ya conseguimos cubrir al universo de familias que se pueden ver más damnificadas por la subida de los tipos”, traslada Calviño, satisfecha. Sin embargo, se ha mostrado preocupada por la previsible nueva subida de tipos de interés que acometerá el Banco Central Europeo (BCE) en su próxima reunión de diciembre. Sobre ello, ha evitado hacer valoraciones o adelantos, argumentando que no corresponde a ella conocer estos detalles, sino al presidente del BdE, Pablo Hernández de Cos. Habrá que esperar a diciembre para conocer la subida de tipos más que presumible que anunciará el organismo y que, automáticamente encarecerá el Euríbor y , por ende, las hipotecas de tipo variable.