“La asequibilidad de la vivienda es una preocupación”, sentencia la Comisión Europea en su análisis de la economía española. Bruselas ha dado una palmada en la espalda al Gobierno español, que ha hecho los deberes en lo relativo a déficit y gasto; sin embargo, no ha podido obviar el evidente problema de vivienda existente en el país que, sobre todo, “afecta desproporcionadamente a los hogares vulnerables”. Las cifras presentadas por el Ejecutivo europeo son escandalosas y sitúan a España como el cuarto territorio de toda la Unión Europea (UE) en el que más porcentaje de la población destina a pagar el alquiler el 40% o más de sus ingresos.
El 40,9% de los alquilados españoles destinan un 40% o más de su renta al pago de la renta, lo que supone casi duplicar la media europea (21,2%). Nos superan tan solo Grecia (74,6%), Países Bajos (48,3%) y Bulgaria (45,4%) y, por el contrario, la diferencia con grandes economías como Alemania (13%), Francia (18,2%) o Italia (26,2%) es sangrante. El propio Banco de España ya advirtió de esta situación hace escasos quince días elevando el porcentaje y asegurando que la mitad de los arrendatarios españoles se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.
La ley de Vivienda es el mecanismo que el Ejecutivo de coalición y sus socios habituales, unido a la construcción de mayor vivienda pública asequible, han definido para hacer frente a esta problemática. Este jueves, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el texto de la ley que, tras atravesar todo el entramado parlamentario, entrará finalmente en vigor este viernes. Ahora todo está en manos de los Gobiernos autonómicos que resulten de las elecciones municipales y autonómicas de este domingo, ya que, la mayoría de competencias en materia de vivienda están transferidas a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Estos Ejecutivos cuentan ya con un entramado legal y una serie de medidas que podrán aplicar para reducir el precio de los alquileres de sus vecinos. Todo pasa por definir las zonas tensionadas -aquellas donde la carga del coste más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media o el precio se haya encarecido tres puntos por encima del IPC en los cinco años previos a la declaración como zona tensionada- en las que podrá toparse los alquileres tanto de pequeños como de grandes propietarios. Las fórmulas serán diferentes, siendo a través de la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños tenedores y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes.
El Partido Popular (PP), encabezado por su líder madrileña, ya ha anunciado que allí donde gobierne tras el 28 de mayo no aplicará la ley y, lejos de topar los precios en las zonas más tensionadas, liberalizará más el mercado al considerar que esto incentivará la oferta y reducirá los precios. Esto no ha sucedido con anterioridad, de hecho desembocó en una crisis del ladrillo que los españoles continúan pagando; no obstante, Isabel Díaz Ayuso, con la connivencia de Alberto Núñez Feijóo y otros líderes autonómicos, pretende mantener el pulso a Pedro Sánchez al cueste lo que cuesta, aunque esto suponga que los madrileños no puedan pagar su vivienda.
Por el contrario, aquellos candidatos del espectro progresista que se postulan a las elecciones de los diferentes territorios ya han anunciado que desplegarán todos los mecanismos de la norma de Derecho a la Vivienda. “La primera Ley de Vivienda de la democracia ya está en el BOE”, ha celebrado este jueves el presidente del Gobierno a través de sus redes sociales. “La vivienda es un derecho y no un bien de lujo”, ha añadido Sánchez, cerrando con una clara declaración de intenciones: “cumplimos”. PSOE, Podemos, EH Bildu, ERC y demás fuerzas de izquierdas ya lo han confirmado, llegando incluso la formación morada a ir más allá.
Podemos pide más
Desde que se confirmase que los apoyos para la ley de Vivienda eran suficientes, Podemos, lejos de frenar su lucha, advirtió de que seguiría pelando para ir más allá. Combatir el flipping inmobiliario -estrategia de especulación- y limitar los pisos turísticos son algunas de sus últimas demandas. A estas se sumaba este miércoles la pretensión de que los bancos se hagan cargo del incremento de las subidas hipotecarias con los fondos que percibieron del rescate bancario.
"La banca tiene que empezar a devolver el rescate bancario que todavía nos deben, nutriendo ese fondo para que la gente que no puede pagar la hipoteca tenga un último resguardo, un lugar al que ir", defendía Ione Belarra este miércoles desde Tarragona. La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos ha mantenido una línea dura con los bancos, a los que ha pedido responsabilidad para “proteger a las familias” y evitar un "incremento masivo de los impagos de préstamos hipotecarios y créditos al consumo. Las consecuencias, tiene claro la líder morada, sería “terribles” para el conjunto de la población.
