Los establecimientos de hostelería deben ofrecer a sus clientes agua del grifo gratis desde el pasado domingo, con la entrada en vigor de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. La nueva legislación se publicó el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, desde el domingo, todos los bares y restaurantes tienen que ofrecer esta opción como una de las medidas para reducir la utilización de botellas de plástico de un solo uso.

La ley incluye también medidas para fomentar la compra a granel, así como nuevas cargas fiscales para la producción de plásticos de un solo uso y el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, impuestos que no entrarán en vigor hasta el próximo 1 de enero de 2023. El objetivo de la norma, de carácter medioambiental, pasa por reducir la generación de residuos y mejorar la gestión de aquellos inevitables. En el caso de lo público, también las Administraciones Públicas deberán fomentar el consumo de agua potable con fuentes y envases reutilizables.

El impuesto especial sobre los plásticos se materializará de forma indirecta para todos los envases que sirvan para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías. Es el caso de vasos de plástico o rollos para embalar, utilizados en el transporte de productos. El nuevo impuesto afectará a todos los envases que se fabriquen, importen o adquieran dentro de la Unión Europea y que contengan plástico no reutilizable en sus cierres, con una carga fiscal de 0,45 euros por kilogramo.

En el caso del segundo impuesto, el correspondiente al depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración, la nueva ley considera esta carga fiscal como un "instrumento económico clave para avanzar en la economía circular y en la consecución de los objetivos para la reutilización y reciclado en materia de residuos".

Nuevas medidas en 2023

Por el momento se aplaza la entrada en vigor de medidas adicionales, hasta el próximo 1 de enero de 2023, por las que los comercios minoritas de alimentación inferiores a 400 metros cuadrados tendrán que disponer de, al menos, un 20% de su área de productos sin embalaje primario. Es decir, tendrán que comercializarse a través de la venta a granel o mediante envases reutilizables. Además, tendrán que aceptar envases reutilizables como bolsas, tuppers o botellas para llevarse sus productos. Unos envases que dependerán del usuario y que el comerciante no puede negarse a utilizar.

Además, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular incluye la obligación de las entidades locales de realizar una recogida separada de residuos, de “al menos” papel, metales, plástico y vidrio, así como basura orgánica. Una obligación que se materializará antes del 30 de junio en los municipios de más de 5.000 habitantes y antes del 31 de diciembre de este año para el resto de ciudades.

Asimismo, las administraciones tendrán que garantizar la recogida de residuos textiles, el aceite de cocina usado y residuos domésticos peligrosos antes del 31 de diciembre de 2024. Todas estas medidas para cumplir con el objetivo de que, en 2035, el porcentaje de residuos municipales recogidos de forma separada sea de “mínimo” el 50% del peso total de todos los generados.